Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • El periodista Éder Narváez ha hecho publicaciones acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño. 

  • Narváez recibió dos amenazas de un hombre que se identificó como comandante de la organización criminal “Los Caparrapos”.

  • Es fundamental que la UNP garantice la seguridad del periodista y que la Fiscalía investigue los hechos.

Éder Narváez, director de NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia en el Bajo Cauca Antioqueño, recibió dos amenazas de muerte en la última semana. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de Caucasia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezca las medidas de seguridad para el reportero en las próximas horas.

El pasado 18 de abril el reportero recibió una amenaza por parte de un hombre que, días antes, se había identificado como Manuel, alias “El Negro”, y quien asegura ser un comandante de la organización criminal “Los Caparrapos”. En el mensaje que le enviaron a Narváez a través de WhatsApp el agresor le advierte que tiene tres días para abandonar Caucasia. El domingo 19 de abril, luego de las recurrentes amenazas, el periodista salió desplazado de manera forzada. 

Esta es la segunda intimidación contra Narváez en una semana. El pasado 13 de abril el periodista recibió una amenaza proveniente del mismo número telefónico, luego de publicar una noticia sobre el asesinato de dos hombres en el barrio Loma Fresca en Caucasia. Las constantes intimidaciones en contra del reportero son producto de las publicaciones que ha hecho acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño. 

La FLIP rechaza las amenazas contra Narváez y le solicita a la UNP que durante las próximas horas fortalezca las medidas de protección del reportero para salvaguardar su vida y su integridad. Es importante que la entidad concerte con el periodista el cubrimiento de los gastos de su reubicación o el retorno a su municipio para continuar desarrollando su labor informativa en condiciones de seguridad.  

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para así dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. 

Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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  • El reportero Wilfer Moreno fue víctima de una amenaza por parte de un hombre que se identificó como comandante del ELN.

  • Moreno se vio obligado a dejar inmediatamente el departamento.

  • La FLIP le solicita a la UNP que tome las medidas necesarias para proteger al periodista.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de CNC Noticias, Wilfer Moreno. El reportero fue víctima de una amenaza que lo obligó a desplazarse del municipio de Arauca. La Fundación les solicita a las autoridades que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad del periodista.

El pasado jueves 13 de febrero el reportero recibió una llamada en la que un hombre que se identificó como alias “Marcos” lo amedrentó para que suspendiera la transmisión de su espacio informativo durante el paro armado de 72 horas que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que empieza este 14 de febrero. Cuando Moreno se negó cumplir con la orden, el desconocido lo declaró objetivo militar y le advirtió que tenía que abandonar el departamento en una hora.

Luego de la amenaza, el reportero tuvo que salir de inmediato del municipio para salvaguardar su vida. Esta intimidación se presentó luego de que Moreno cubriera los temas de orden público en el departamento a través de su espacio informativo, en el que denuncia constantemente las acciones delictivas del ELN. El desplazamiento del reportero afecta la pluralidad informativa de los araucanos, debido a que la señal del informativo de CNC llega a los municipios de Fortul, Tame, Saravena, Rondón y Arauca.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome las acciones necesarias para proteger a Wilfer Moreno durante el tiempo que se encuentre fuera de Arauca e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Unidad para que coordine con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas con el fin de garantizar el trabajo informativo de los demás reporteros del canal y d otros medios de comunicación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas con el fin de dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La FLIP rechaza las amenazas que recibieron los reporteros Ignacio Gómez, Jairo Tarazona, José Luis Mayorga y la periodista Julieth Cano. La FLIP hace un llamado a las autoridades competentes para que protejan a los afectados e investiguen estos hechos con celeridad.

  • Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza en su celular.
  • El periodista de RCN Radio Jairo Tarazona recibió un paquete que contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras.
  • En lo corrido del año, la FLIP ya documentado 12 amenazas a periodistas.

 

El pasado 4 de febrero la periodista Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto proveniente de un número desconocido. La reportera ha estado haciendo un amplio cubrimiento sobre la situación de la frontera colombo-venezolana en la capital de Norte de Santander y manifiesta que desde hace varios meses hombres desconocidos la han intimidado a ella y a su equipo periodístico para que no continúen ejerciendo su labor en la frontera. 

A este caso se suma la intimidación que recibieron el pasado 5 de febrero  Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio y José Luis Mayorga, del medio Agencia Reporteros Sin Fronteras. Tarazona recibió en su lugar de trabajo una correspondencia de una empresa de mensajería que opera a nivel nacional. El paquete que tenía como destinatario al reportero contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que aparecía su nombre junto al de Gómez y Mayorga.  Además de los periodistas, en el panfleto aparecen funcionarios, políticos, defensores de derechos humanos y líderes estudiantiles y sindicales. 

Esta no es la primera vez que estos tres reporteros reciben amenazas de este tipo. El 9 de septiembre de 2019, a los periodistas les llegó un panfleto a través de un mensaje de WhatsApp en el que los declaran objetivo militar. Con esta intimidación son 12 las amenazas que la FLIP ha registrado en lo corrido de 2020 y que han afectado a 15 periodistas, es decir, casi dos víctimas por semana.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos hechos en la evaluación de la situación de riesgo de los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Teniendo en cuenta que se tiene información del remitente, la Fundación le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad los hechos para identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo de María Eugenia Durango, periodista de estación radial de Ituango, la segunda emisora de pedagogía para la paz en el país, que es operada por la Radio Nacional de Colombia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente las necesidades de reubicación de la comunicadora en condiciones de seguridad. 

El pasado 24 de enero, la reportera recibió una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advertían que tenía 24 horas para abandonar el municipio. Luego de esta intimidación, la periodista tuvo que suspender sus labores de reportería y desplazarse para salvaguardar su seguridad y la de su familia. Durango cubría temas culturales del municipio y noticias generales del departamento, y en los últimos días, dada la situación de violencia en el Bajo Cauca Antioqueño, también hacía notas informativas sobre el orden público en la región. 

La periodista estaba desarrollando su labor informativa en medio de las dificultades de seguridad que atraviesa el municipio. Ituango, al norte del departamento de Antioquia, es un corredor estratégico que comunica a la costa caribe con la región del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, lo que lo convierte en una región atractiva para los grupos al margen de la ley. Actualmente, en este territorio se libra una disputa entre las disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales como El Clan del Golfo y Los Caparrapos.   

Durante los últimos días la situación de orden público del municipio se ha agudizado y son constantes las denuncias por extorsiones a los habitantes de la zona y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Esta situación de violencia venía siendo denunciada en los últimos días por el equipo periodístico de la emisora de Ituango que se escucha en el dial 92.3 FM. Durango asegura que para tratar estos temas han invitado a líderes sociales y autoridades de la región para que participen en los espacios informativos.

En vista de la inminencia del riesgo al que estaba expuesta la reportera, la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implementara medidas de protección por trámite de emergencia pero la petición fue negada. La Fundación le reitera a la UNP la necesidad de implementar medidas de protección de manera urgente que garanticen la reubicación de la reportera en condiciones de seguridad con el fin de salvaguardar su vida, su integridad y la de su familia. 

Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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  • Es la segunda vez, en el último año, que la UNP tiene la iniciativa de reducir el esquema de seguridad de Ricardo Ruidíaz.

  • La FLIP ha registrado siete acciones violentas en contra del periodista desde agosto de 2019.

  • La FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019

El pasado 13 de enero la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió reducir las medidas de protección del reportero y defensor de Derechos Humanos Ricardo Ruidíaz, aun cuando las amenazas y los hostigamientos en su contra han sido reiterativos y se han intensificado en los últimos meses. 

Esta decisión es el resultado de una evaluación de nivel de riesgo que se le realizó al periodista. En agosto de 2019 la UNP pretendía disminuir las medidas de protección a Ruidíaz. Por esta razón el periodista decidió interponer una tutela. Un juez ordenó a la UNP que reestableciera el esquema de protección mientras concluía el estudio de nivel de riesgo que estaba en curso. 

A pesar de que la UNP cumplió con lo dispuesto en el fallo de la tutela, la FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente que enfrenta el periodista. Desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 7 de enero de 2020, la Fundación ha registrado siete acciones violentas contra el reportero que han puesto en riesgo su vida y su actividad periodística. 

Teniendo en cuenta las fechas en las que se realizó el estudio de riesgo y se notificó el resultado, a la FLIP le preocupa que los más recientes hechos, ocurridos entre diciembre y enero, no fuesen tenidos en cuenta en el análisis.  

Lo anterior es aún más inquietante si se tiene en cuenta que Ruidíaz es el periodista que más amenazas ha recibido en los últimos dos años: durante el 2018 la FLIP registró un total de 21 ataques y en 2019 documentó 12 acciones violentas contra el reportero. En ese sentido, la Fundación considera que Ruidíaz está permanentemente expuesto a situaciones de riesgo inminente y, por esta razón, es cuestionable que la UNP decida disminuir sus medidas de seguridad, aumentando el nivel de exposición de su vida y su integridad. 

Con el fin de garantizar la seguridad y el desarrollo del ejercicio profesional de Ruidíaz, la FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019, mientras se hace una revisión exhaustiva de las situaciones de riesgo que ha enfrentado el reportero hasta la fecha. Además, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos reportados por el periodista con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. Ruidíaz ha manifestado que a pesar de que ha aportado pruebas de las amenazas, la Fiscalía archivó la mayoría de las denuncias sin haber mostrado mayores avances en la investigación.

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La FLIP rechaza el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima la periodista de la W Radio, Luz Helena Fonseca, luego de que congresistas del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, descalificaran a la periodista por un supuesto activismo en contra del líder político de ese partido. 

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, durante el cubrimiento de la indagatoria al expresidente Uribe en el marco del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. 

Una vez finalizada la indagatoria, los senadores del Centro Democrático,Carlos Felipe Mejía y María del Rosario Guerra, publicaron una foto sacada de contexto de la periodista Luz Helena Fonseca sosteniendo un cartel con el rostro de Uribe Vélez y la palabra genocida. En sus publicaciones los congresistas cuestionaron la objetividad de la reportera. Un par de horas después, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que señalaron a Fonseca de “tomar partido en las situaciones coyunturales del país dejando de lado su verdadera labor de informar”. Tan pronto se realizaron estas publicaciones, la periodista comenzó a recibir varias intimidaciones y amenazas a través de sus cuentas en redes sociales y correo electrónico. 

Al respecto, la reportera le manifestó a la FLIP que el cartel que portaba en sus manos era propiedad de uno de los manifestantes que asistieron a la indagatoria y que ella estaba revisando su contenido.

La FLIP rechaza los señalamientos que hicieron los congresistas y el comunicado del Centro Democrático sobre la periodista, soportados en una fotografía sin explicación de su contexto y que buscaba descalificar su trabajo.

Por otro lado, la reportera denunció que durante el cubrimiento de la diligencia otras personas le tomaron fotografías que luego publicaron en las redes. Teniendo en cuenta lo sucedido, la FLIP le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe prontamente la situación de seguridad de la periodista e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas de las que fue víctima Luz Helena Fonseca y sancione a los responsables. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado al partido Centro Democrático para que aclare la situación con la periodista, rectifique lo dicho y brinde un respaldo a su labor. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a un ambiente favorable para la discusión abierta sobre asuntos de interés público. En su informe anual de 2010, la Relatoría señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Natalia Cabrera, corresponsal de Radio Nacional de Colombia en Pasto. La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a las constantes intimidaciones que ha recibido en los últimos días y le solicita al Estado que atienda la situación de riesgo con celeridad.

El 11 de septiembre en la tarde, la periodista recibió un mensaje de texto en el que los agresores le informaban que conocían sobre su ubicación y la de su familia. La intimidación fue enviada desde un número privado y la periodista no tiene certeza sobre quiénes pueden ser los responsables de estos hechos.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a que es la segunda amenaza que recibe en menos de seis días y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha tomado contacto con ella. El pasado 6 de septiembre la periodista fue víctima de otra situación de riesgo en la que un desconocido la llamó a su celular personal desde un número privado y la amenazó de muerte por abordar temas sensibles a través de su labor periodística.

A pesar de que no hay certeza sobre el origen de las amenazas, Cabrera considera que el riesgo puede ser producto de las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre irregularidades en las campañas políticas y delitos electorales en Nariño, entre ellos la inclusión de algunos senadores del departamento en la lista del Sisben. Adicionalmente, la periodista ha hecho investigaciones sobre la situación de orden público en Nariño en las que ha denunciado las acciones violentas de grupos armados y ha emitido opiniones sobre estas organizaciones delictivas, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que se active la ruta de riesgo inmediatamente para atender la situación de seguridad de la reportera e implemente con celeridad medidas de protección para salvaguardar la integridad de la reportera y la de su núcleo familiar. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas que ha recibido Cabrera con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.  

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En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en Colombia.

El 21 de marzo de 2019, un juez condenó a Francisco Javier Andica Acevedo a pagar 38 meses de prisión y una multa de 6,5 SMMLV por las amenazas hechas a través de su cuenta de Twitter en contra de la periodista Vanessa De La Torre, el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El mes pasado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez a la pena de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 53.33 meses, por el delito de amenazas en contra del periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada. Por otro lado, la FLIP tiene conocimiento que el 18 de septiembre se emitirá la sentencia condenatoria por las amenazas en contra de los periodistas Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, hechos por los cuales también se encuentra procesado Gélvez Gélvez.

En estos casos los hechos se dieron en el año 2018. Siendo así, la Fiscalía logró culminar la etapa de investigación y juzgamiento dentro de un año.

Los anteriores resultados se dan en el marco de la implementación de la estrategia de priorización para la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos (Resolución 00339 de 2018 - FGN), a partir de la cual la Fiscalía continúa en la etapa de juicio de cinco casos de amenazas contra periodistas.

La FLIP reconoce el trabajo realizado por la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas pues se han obtenido avances que no se habían visto en años anteriores. Sin embargo, al contrastar esta cifra con el número de amenazas registradas por la FLIP en el año 2018, continúan en la impunidad el 99% de los casos. En ese sentido, la FLIP hace un llamado para que la Fiscalía continúe avanzando en la investigación y sanción de los responsables de la violencia hacia la prensa. 

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La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

En 2018, Salamanca publicó una investigación en sobre esta red y sobre los sobornos que la organización estaría haciendo a varios miembros de la Policía. La investigación se publicó en la página web de Uniminuto Radio en dos partes: “La Favorita”: sector de guerra entre ganchos y La Favorita: la nueva olla que se tomó Bogotá. En octubre de 2018, cuando se hizo la segunda entrega, una de las fuentes del reportaje tuvo que cambiar de residencia por las amenazas que recibió a raíz de esta investigación.

La FLIP solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que dé inicio de inmediato al estudio de riesgo y que implemente medidas de protección por trámite de emergencia con el fin de proteger la vida y la integridad de la periodista. La FLIP también hace un llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo que enfrenta el periodista Ricardo Ruidíaz. Durante este 2018 el reportero ha sido víctima de más de 20 amenazas y hostigamientos. Advertimos que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no es proporcional al riesgo y la gravedad de los hechos no se corresponde con la protección que le ha sido asignada. La Fiscalía, que conoce de las amenazas, no ha mostrado avances en las investigaciones profundizando la vulnerabilidad del periodista. Alzamos nuestra voz para enfatizar nuestro temor de que esta persecución contra el periodista de Colmundo Radio tenga un desenlace fatal.

En la última semana la FLIP registró tres hechos graves que afectan la seguridad de Ruidíaz. El primero se presentó el pasado 8 de noviembre cuando un joven de aproximadamente 15 años se acercó a la portería del edificio del periodista y le aseguró al vigilante que Ruidíaz había autorizado su entrada. Ante la negativa de los hombres de seguridad del conjunto, el desconocido dejó una nota que decía “pasé a buscarlo”. Posteriormente, el periodista recibió una llamada en la que le dijeron que habían estado en su lugar de residencia y que lo iban a esperar para “darle plomo”.

Luego, el sábado 10 de noviembre,  mientras Ruidíaz se encontraba en su oficina, desconocidos pusieron al lado de su vehículo un paquete con apariencia de explosivo. De inmediato el reportero informó a las autoridades y minutos después la Policía Antiexplosivos hizo detonar el artefacto de manera controlada. Los uniformados a cargo del operativo confirmaron que, a pesar de su aspecto, no se trataba de un explosivo.

El último hecho ocurrió hacia el mediodía de este martes 13 de noviembre. Un desconocido se acercó de nuevo a la portería del conjunto en el que vive el periodista y le solicitó con insistencia al vigilante que lo dejara ingresar, debido a que Ruidíaz tenía una deuda con él y necesitaba acceder a su vivienda con urgencia. De nuevo los hombres de seguridad negaron el ingreso.

Ante los recientes hostigamientos que demuestran que los agresores hacen seguimiento constante a las actividades diarias del periodista y que han identificado plenamente sus vulnerabilidades, lugares de trabajo, residencia, allegados profesionales y familiares, la FLIP exige que el Estado en su conjunto cumpla con sus obligaciones de protección e investigación judicial.  Si bien el periodista cuenta con medidas de protección, estas se basan en estudios de nivel de riesgo que no han evaluado la gravedad e inminencia de los últimos hechos. A partir del dialogo con la UNP, la FLIP advierte que hay resistencias para atender el riesgo del periodista como prioridad y confiamos en que esta actitud temeraria se reconsidere.

A pesar de que la persecución contra Ruidíaz ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, el déficit de avances en la investigación y la impunidad de estos hechos acentúa la vulnerabilidad y reafirma la necesidad de que cuente con medidas de protección proporcionales a los hechos denunciados.

Atendiendo a los compromisos adquiridos por los organismos de control en sesión del pasado 2 de Agosto, la FLIP hace un llamado:

  • A la Procuraduría General de la Nación, para que evalúe si la atención brindada al periodista Ricardo Ruidíaz cumple con los estándares de debida diligencia y el principio de prevención que ordenan los estándares internacionales de protección a periodistas.

  • A la Defensoría del Pueblo, para que brinde un acompañamiento especial a este caso.




 

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