Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • Osma es el director del periódico Construyendo Región y estaba cubriendo un evento organizado por la multinacional Minesa.

 

  • A la salida del evento varios manifestantes, que protestaban contra la multinacional, se toparon con Osma, lo insultaron y golpearon, dejándole dos hematomas. Además, los ataques le detonaron un episodio de taquicardia.

 

  • La FLIP extiende este comunicado a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a diferentes movimientos ambientalistas.


La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.

El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento. 

Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas. 

La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia. 

Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, desde el momento de su creación, se ha enfocado en el análisis del fenómeno de la censura y su transformación a través de los años. Por ejemplo, las nuevas tecnologías y los cambios en el contexto sociopolítico han hecho que la clasificación de las agresiones a la prensa deba modificarse. 

Por eso la FLIP ha agrupado los ataques a periodistas en cuatro categorías: 

  • Acoso judicial.

  • Ataques directos.

  • Dificultades en el acceso a la información. 

  • Censura que se da exclusivamente en internet. 

Las siguientes fichas presentan y explican los tipos de agresión incluidos en estas categorías. 

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La FLIP rechaza el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima la periodista de la W Radio, Luz Helena Fonseca, luego de que congresistas del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, descalificaran a la periodista por un supuesto activismo en contra del líder político de ese partido. 

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, durante el cubrimiento de la indagatoria al expresidente Uribe en el marco del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. 

Una vez finalizada la indagatoria, los senadores del Centro Democrático,Carlos Felipe Mejía y María del Rosario Guerra, publicaron una foto sacada de contexto de la periodista Luz Helena Fonseca sosteniendo un cartel con el rostro de Uribe Vélez y la palabra genocida. En sus publicaciones los congresistas cuestionaron la objetividad de la reportera. Un par de horas después, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que señalaron a Fonseca de “tomar partido en las situaciones coyunturales del país dejando de lado su verdadera labor de informar”. Tan pronto se realizaron estas publicaciones, la periodista comenzó a recibir varias intimidaciones y amenazas a través de sus cuentas en redes sociales y correo electrónico. 

Al respecto, la reportera le manifestó a la FLIP que el cartel que portaba en sus manos era propiedad de uno de los manifestantes que asistieron a la indagatoria y que ella estaba revisando su contenido.

La FLIP rechaza los señalamientos que hicieron los congresistas y el comunicado del Centro Democrático sobre la periodista, soportados en una fotografía sin explicación de su contexto y que buscaba descalificar su trabajo.

Por otro lado, la reportera denunció que durante el cubrimiento de la diligencia otras personas le tomaron fotografías que luego publicaron en las redes. Teniendo en cuenta lo sucedido, la FLIP le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe prontamente la situación de seguridad de la periodista e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas de las que fue víctima Luz Helena Fonseca y sancione a los responsables. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado al partido Centro Democrático para que aclare la situación con la periodista, rectifique lo dicho y brinde un respaldo a su labor. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a un ambiente favorable para la discusión abierta sobre asuntos de interés público. En su informe anual de 2010, la Relatoría señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

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