Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Logo Flip

 

W Radio dio a conocer la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interponga acciones penales en contra de un periodista por sus publicaciones relacionadas con la investigación que adelanta dicho tribunal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consultada por la FLIP, la Corte aseguró que ‘no presentará acción judicial alguna contra periodistas’.

Después de que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el debate público se ha visto opacado por los distintos actores. Además, este tipo de situaciones tienen como efecto el de amedrentar a los medios de comunicación y periodistas interesados en cubrir el proceso contra Uribe.

El 31 de julio en rueda de prensa, el senador Iván Cepeda anunció que iba a tomar medidas penales en contra de Gustavo Rugeles y de Fernando Londoño por difundir información, en criterio de Cepeda, calumniosa. El pasado 27 de julio, El Expediente publicó una nota titulada “El Expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe”. En el artículo se vincula al presidente Santos, al senador Cepeda, al General Naranjo y dos magistrados con un supuesto complot para encarcelar al expresidente Uribe.

Ese mismo día, también en rueda de prensa, el abogado de Uribe, Jaime Granados, se refirió a filtraciones de material probatorio del proceso a medios de comunicación con el fin de “maltratarlo (a Uribe) y hacerlo ver como responsable de actos que no ha cometido.”

Frente a esto, la FLIP considera que

  1. El procedimiento en contra de Uribe es un asunto del más alto interés público. Este caso debe debatirse públicamente independientemente de la opinión o parecer de las  personas involucradas en él. Entre más transparencia exista en el proceso, mayores garantías habrá para los implicados y para la ciudadanía.

  2. Tanto el procesado, como la CSJ y las demás entidades y funcionarios que tengan competencia o interés  en el asunto deben ser tolerantes a la crítica. Son los integrantes de la Corte y los congresistas quienes escogieron voluntariamente los roles públicos que representan y eso les acarrea un mayor escrutinio público y exposición. Hay un interés general sobre sus actuaciones y opiniones. Además, el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones al respecto está por encima de las posiciones de las instituciones o funcionarios parte de la presente controversia.

  3. Rechazamos que desde las autoridades se insinue o contemple la judicialización vía penal sobre las publicaciones de los medios de comunicación. El cubrimiento de este caso tiene una especial protección constitucional y anticipar como consecuencia el uso del derecho penal configuraría un mecanismo de censura indirecta.

  4. Valoramos positivamente que la CSJ confirme que no iniciará acciones judiciales. Sin embargo, los últimos hechos invitan a recordar que una situación similar se presentó años atrás. Una democracia no puede permitir que la máxima autoridad en lo penal llegue a desconocer su deber acentuado de tolerancia a la crítica y responda con acciones legales a los contenidos que le causan molestia. Una acción de este tipo condicionaría la actuación del fiscal y el juez que conocieran el caso contra el periodista. Esto representa un riesgo excesivo para la democracia.

  5. El centro del debate público sobre el caso Uribe debe ser él, las personas implicadas y las autoridades a cargo del caso, no los periodistas que están interesados en cubrir el asunto.

  6. Los custodios de la información reservada son los funcionarios. Los periodistas que reciben dicha información no deben ser objeto de señalamientos ni acciones legales.

  7. La verdad sobre este caso debe decantarse en el debate público. Las autoridades tienen como deber el de abrir espacios para esto en lugar de poner trabas para el libre flujo de opiniones e informaciones.

 

Published in Pronunciamientos

Como consecuencia de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Uribe publicó un trino rectificando sus difamaciones contra de Daniel Samper Ospina quien valoró la retractación del senador y afirmó que continuará ejerciendo la sátira y la crítica política. “Es evidente que el expresidente no tuvo camino distinto al de reconocer que sus difamaciones en mi contra eran mentirosas, irresponsables e insostenibles”, aseguró el periodista.

Para la FLIP la rectificación del senador es un paso significativo y en la dirección correcta para el cumplimiento de su obligación como líder público de contribuir con su discurso a un ambiente favorable para la libertad de expresión. Sin embargo, en estricto sentido, la rectificación cumple con algunos, pero no con todos los requisitos constitucionales.

En su rectificación, Uribe afirma que Samper “no es violador de niños” y que “jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”. No obstante, esto es insuficiente ya que no cumple las exigencias desarrolladas por la Corte Constitucional [1] para que la rectificación sea válida, a saber, (i) que tenga un despliegue equivalente al que tuvo la noticia inicial; (ii) que se pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y la publicación que se enmienda; y (iii) que el autor reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad.

En criterio de la FLIP la rectificación no cumple a cabalidad con el tercer requisito, pues no reconoce haber cometido un error en la información transmitida. Por el contrario dijo que el Tribunal no admitió su “juicio de valor” sobre Samper. Uribe insinuó que en lugar de haber estigmatizado a Samper lo que hizo fue ejercer su derecho a opinar y ser crítico acerca de su trabajo. En éste punto el Tribunal fue claro, el senador Uribe no puede pretender que entendamos sus afirmaciones en una “dimensión menos dañina de lo que por sí mismas sugieren las palabras”. La FLIP es consciente de que el reconocimiento del error es un estándar de la rectificación que es evadido con frecuencia por los propios medios de comunicación.                              

Independientemente de las consideraciones de la FLIP en torno al cumplimiento de la sentencia, lo importante de este caso es que más allá de acatar un fallo judicial, como sociedad esperamos que el Senador Uribe incorpore en su actividad política una lección democrática donde las reglas del debate público obligan a los líderes políticos a abstenerse de difamar a quienes les critican. Se trata de un mínimo democrático que deben acatar los políticos sin distinción de ideologías y que cobra especial relevancia en vísperas de las jornadas electorales que tendrán lugar en los próximos meses en Colombia. 

--------------------------

El 14 de julio Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”. Dos días después afirmó que el periodista “hizo publicaciones pornográficas con menores”. Samper interpuso una acción de tutela en contra del senador por vulnerar su derecho al buen nombre. El pasado 2 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del periodista.

El Tribunal ordenó al senador que "emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de "violador de niños" y de la afirmación acerca de que éste hizo "publicaciones pornográficas", a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".


[1] Estos requisitos están contenidos en la sentencia T - 1198 de 2004.  Otras sentencias que desarrollan las condiciones de equidad en la rectificación son: T-603 de 1992; T-274 de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T.381 de 1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998.

 

 

 

Published in Pronunciamientos