La Fiscalía General citó para el próximo 5 de agosto a una audiencia para escrito de acusación al columnista Yohir Akerman, por el proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2020. Se trata de un caso anómalo y un mecanismo de intimidación en contra de la libertad de prensa y de opinión.
Rara vez estas denuncias llegan a estas instancias. Además, nos preocupa el alcance de censura que puede tener este pleito y tememos que estas acciones inhiban el debate público al causar restricciones para el trabajo de la prensa en el marco de la democracia.
En la columna titulada 'Hechos', publicada el 17 de mayo del 2020, Akerman afirmó que Uribe se benefició de subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS). Según el expresidente esta información es falsa y lesiona sus derechos al buen nombre y la honra, por eso interpuso la denuncia penal. Por su lado, la defensa de Akerman afirma que lo publicado está "sustentado en hechos y evidencia material", por lo que solicitó que se archive el caso.
El inicio de esta acción legal, como represalia contra el columnista por hacer publicaciones sobre ciertos temas relevantes para la conversación pública, constituye acoso judicial. En concreto, los derechos a la libertad de expresión y de prensa del columnista son vulnerados al tener que afrontar injustamente un proceso legal en su contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha afirmado que el uso de procesos judiciales es común como práctica de intimidación y autocensura; se recurre a los delitos de injuria y calumnia con el fin de silenciar críticas, resultando en una amenaza contra la libertad de expresión.
Adicionalmente, es plenamente reconocido en la jurisprudencia interamericana que las sanciones civiles y las penales pueden tener efectos inhibidores e intimidantes para el ejercicio de la libertad de expresión. En este caso, por el indebido uso del derecho penal, si el columnista es encontrado culpable, podría enfrentar sanciones de privación de la libertad (por injuria hasta 54 meses y por calumnia hasta 72 meses) y pagar altas sumas de dinero (hasta 1500 smlmv).
Esta no es la primera vez que Uribe hostiga a Akerman y busca silenciar los contenidos de veeduría sobre él. En 2016 y 2017, lo estigmatizó en Twitter al publicar: “Johir Akerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal”, y “amiguito del ELN, con Petro, destripador de Bogotá, vuelven a hacer política contra mis hijos”. El expresidente ha escalado sus enfrentamientos contra la prensa y ahora intenta dirimir sus diferencias haciendo mal uso del aparato judicial.
En los últimos cinco años, la FLIP ha documentado siete casos de acoso judicial iniciados por Uribe en contra de periodistas, incluso uno de ellos se presentó en los Estados Unidos. Observamos que el expresidente recurre a judicializar asuntos que están cubiertos por la libertad de prensa, por tratarse de un ejercicio legítimo de un escrutinio a una figura pública, congestionando innecesariamente el aparato judicial y afectando la libertad de la prensa en su dimensión individual y colectiva.
Hacemos un llamado al Fiscal 515 Delegada ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos para que archive este caso. También exhortamos a funcionarios y figuras públicas a que se abstengan de usar vías legales para intentar censurar las opiniones que no les favorecen.
