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Friday, 17 December 2021 11:37

Decisión de la Fiscalía no supone ninguna actuación nueva o prueba sobreviniente en caso de Jineth Bedoya

Ayer, la Fiscalía General de la Nación anunció en sus redes sociales, antes de haber procedido conforme a la ley y notificar a la víctima y a sus representantes, que profirió resolución de acusación como coautor en contra de Marco Javier Morantes Pico, investigado por el delito de secuestro simple cometido con circunstancia de agravación punitiva, por los hechos del 25 de mayo del 2000, de los cuales fue víctima la periodista Jineth Bedoya. 

Al respecto, manifestamos que la decisión de la Fiscal 189 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos es un avance mínimo en el marco de tan solo uno de los múltiples procesos penales en curso, en los que continúa primando la falta de debida diligencia investigativa e impunidad de los hechos que fue víctima Jineth.

Esta es una decisión tardía, que la fiscalía pudo haber adoptado hace años. En la resolución no se evidencia ninguna actuación nueva o prueba sobreviniente a lo que ya estaba incorporado en el expediente que ahora motive esta decisión. Tampoco hay novedad en la situación jurídica del investigado, pues la medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad fue dispuesta desde 2019 y confirmada en enero de 2020.

No es cierto, como se pretende hacer ver ante la opinión pública, que se trate de un avance sustancial. Por el contrario, es una forma muy limitada de garantizar el acceso a la justicia porque solo imputará el menor de todos los delitos por los que Morantes Pico puede ser responsable. La fiscalía dejó por fuera de esta investigación la responsabilidad por la violencia sexual y tortura en calidad de cómplice, a pesar de que el aporte de este fue esencial en la materialización del secuestro, dentro de un contexto de violencia sistemática contra mujeres periodistas, es decir, resultó fundamental para la materialización de los hechos de violencia sexual. Este error de calificación ya ha sido advertido por la representación de la víctima durante el proceso. 

Los avances de la fiscalía son restringidos: se sigue investigando el eslabón más débil y aún no se da cumplimiento a la orden de investigar la cadena de mando y los determinadores. Al respecto, el Estado colombiano sigue en mora de determinar la autoría intelectual de todos los hechos de los que fue víctima Jineth. La Corte IDH indicó que la investigación de casos complejos requiere “dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias”. 

Si bien esta decisión es un avance en una etapa procesal de un proceso contra uno de los presuntos responsables materiales, transcurridos más de 21 años desde los hechos, no se ha arrojado ningún resultado de la responsabilidad penal por la violencia sexual, la tortura y las amenazas contra la periodista. También siguen impunes las amenazas recibidas por la periodista como retaliación a su trabajo. A la fecha, no hay avances sustanciales en la línea de investigación que busca determinar si hubo participación de agentes estatales en los hechos objeto del presente análisis, como lo ordenó la Corte IDH.