El pasado 28 de julio se hizo público que la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, había denunciado penalmente al periodista Jeremy McDermott.
Junto con el Comité para la protección de los periodistas (CPJ), desde la FLIP alertamos de la gravedad de este asunto.
Al día siguiente de conocerse la noticia, la vicepresidenta Ramírez retiró la denuncia en contra del periodista. La activación del sistema penal desde el lugar de poder que ocupa la vicepresidenta es un camino equivocado para tramitar controversias.
Reconocemos el gesto de la vicepresidenta de desistir en el proceso penal. Sin embargo, desde la FLIP queremos proponer algunas reflexiones alrededor de la situación ocurrida.
- El uso del derecho penal para limitar la libertad de prensa es incompatible con los sistemas democráticos.
- Los funcionarios tienen el derecho de ser escuchados y de aclarar o complementar la información publicada. No es necesario iniciar una acción penal para esto.
- La diversidad de voces en el debate público es la base de la democracia. Cuando se judicializa el debate público desde una posición de poder se frustra el libre flujo de ideas.
En el siguiente video pueden conocer más de la posición de la FLIP al respecto
