Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes del Frente de Guerra Oriental del ELN contra algunos medios de comunicación.  

En el comunicado, que empezó a circular en el departamento de Arauca el 28 de marzo, la Guerrilla del ELN señala a la Emisora local La Voz del Cinaruco como un medio “funcional” a los militares y califica al portal La Silla Vacía (cuya directora, Juanita León, también preside el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa) como parte de una “matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Estas afirmaciones tienen un efecto intimidatorio a los esfuerzos de hacer periodismo en una región de censura, sitúan al ELN como una organización que está lejos de entender la deliberación pública como un insumo fundamental para la democracia y marcan un efecto inhibitorio en el cubrimiento futuro de las distintas noticias que se presenten en el departamento de Arauca.

El pasado 19 de marzo, La Silla Vacía publicó una historia titulada “El desgane con el proceso del ELN se siente más en Arauca”. Allí este portal señalaba que “diferentes asociaciones sociales, muchas de las cuales guardan alguna afinidad con los postulados políticos del ELN (…) se han empezado a movilizar alrededor del proceso (…). En cambio en Arauca, departamento militarmente clave para el ELN y uno de los fortines políticos de esa guerrilla, todo está congelado”.

Por su parte, en la Voz del Cinaruco, medio local que ha sido víctima del ELN en repetidas ocasiones, se ha dado cubrimiento periodístico a los anuncios del gobierno nacional de incrementar el pie de fuerza militar en la zona. 

En los dos casos, y atendiendo a la coyuntura actual de una mesa instalada de diálogos con el ELN en Quito, las publicaciones de La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no solo son legítimas, sino necesarias en un departamento con obstáculos permanentes para la libertad de prensa. El ELN, con su comunicado, afecta las garantías a este derecho en una región y en un momento crucial donde es necesario el libre flujo de información sobre asuntos de interés público. Contra la Voz del Cinaruco la FLIP ha registrado 9 ataques dentro de los cuales se destacan dos asesinatos de periodistas. 

Los señalamientos del ELN a La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no pueden ser considerados como mensajes de paz. Particularmente porque los estándares internacionales de libertad de expresión y del derecho internacional humanitario son claros en indicar que los periodistas son considerados población civil en el marco de los conflictos armados. Cuando una fuerza rebelde como el ELN les asocia con su enemigo militar (El Estado) deja en condición de riesgo a medios y periodistas.

Resulta cuanto menos paradójico que el ELN, que tanto ha defendido la participación de la sociedad en la mesa de diálogos de Quito, sea quien emite este tipo de señalamientos que lo único que provocan es limitar las posibilidades de que la sociedad colombiana documente, publique y reciba información sobre la difícil situación del departamento de Arauca.

El comunicado de la guerrilla muestra, o que el ELN se resiste a entender que la libertad de expresión y de prensa son la base mínima de la participación social, o que esta guerrilla entiende por “participación de la sociedad” aquella que sólo coincide con sus intereses y visiones de la realidad. En cualquier escenario, el pronunciamiento del ELN afecta el derecho a la información de los colombianos en general y del pueblo araucano en particular.

La FLIP exige al Gobierno Nacional brindar todas las garantías al cubrimiento periodístico en Arauca. De igual forma, hace un llamado a la Mesa de Negociación de Quito para que sus integrantes acaten los estándares de libertad de prensa, esto pasa por abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes, ser tolerantes a las críticas y responder a ellas en el debate público sin atacar a la prensa.  

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El 12 de noviembre de 2016, Aldemar Solano, periodista del blog Garabatos, publicó un artículo titulado “Denuncian acoso y matoneo por parte de la juez de Sesquilé”. En la nota se hace referencia a los presuntos acosos laborales cometidos por la juez Gloria Patricia Mayorga denunciados por algunos de los escribientes que trabajaron anteriormente con ella. La nota informativa publicada por Solano está basada en quejas disciplinarias y testimonios de los afectados.

Días después, la juez interpuso una acción de tutela en contra de Solano por la publicación, solicitando la protección de su dignidad, la honra, el buen nombre, la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2016 el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró que el recurso era improcedente, debido a que Mayorga no había presentado una solicitud de rectificación previa ante el medio.

Luego de que la juez impugnara la decisión, el 25 de enero de 2017 el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá falló en segunda instancia a favor de Mayorga y le ordenó al periodista rectificar la información del artículo en las siguientes 48 horas.

Teniendo en cuenta que el periodista no accedió a rectificar la información difundida a través de su blog al contar con los soportes de sus denuncias, el 28 de febrero el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró en desacato el fallo inicial y sancionó a Solano con cinco días de arresto. El 27 de marzo, el ente judicial confirmó el desacato y, además de la orden de captura, dispuso una multa de un salario mínimo que el reportero debe pagar en los próximos diez días. Adicionalmente, el Juzgado ordenó retirar el artículo publicado por el periodista.

La FLIP rechaza las acciones judiciales que se adelantan en contra de Solano y quiere hacer las siguientes consideraciones frente a las decisiones del Juez Penal Municipal de Chocontá:

  • El juez no tuvo en cuenta que Mayorga es una funcionaria pública y, como lo dispone la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, su condición la sitúa en un escenario en el que debe tener mayor tolerancia a la crítica que cualquier otro ciudadano.
  • El juez no tuvo en cuenta el trabajo de reportería adelantado por Solano para determinar si la información difundida por el periodista era veraz.

La FLIP rechaza las decisiones arbitrarias que se han tomado en el proceso, ya que contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión. En esa medida, la Fundación considera que la sentencia de tutela tiene todo el mérito para ser seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.

Ordenar un arresto se convierte en un hecho intimidante que tiene como consecuencia la autocensura por parte del periodista que denuncia hechos de interés público amparado por la libertad de expresión, la orden de eliminación del contenido es una violación constitucional a la prohibición de censura previa. La FLIP solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Solano cuente con las garantías procesales que no tuvieron en cuenta los jueces colombianos.

La FLIP solicita al juez penal municipal de Chocontá que suspenda la orden de arresto y el incidente de desacato en tanto la CIDH no resuelva la solicitud de medidas cautelares.    

*Actualización

El 31 de marzo de 2017, luego de que el periodista retirara el artículo de su página en Facebook y de su blog, el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá decidió revocar la sanción impuesta.

 

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La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño. 

El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error. 

La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.

Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública. 

Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno. 

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Bogotá, 6 de marzo de 2017

Señoras
Cecilia Álvarez Correa
Gina Parody d’Echeona
Ciudad

Asunto: derecho de rectificación y deberes de las personas con notoriedad con respecto a la prensa.

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Como es de público conocimiento, el pasado viernes 10 de febrero, Guillermo Prieto La Rotta, ‘Pirry’, anunció a través de un video que su programa de periodismo de investigación “fue cancelado por el Canal RCN”.

Además de las razones expuestas por Pirry, refrendadas públicamente por las directivas del canal, surgió la hipótesis de que el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, habría influido en el que canal tomara esta decisión. Lo anterior teniendo en cuenta que hay coincidencia entre una de las investigaciones adelantadas por el equipo de Pirry -que cuestionaba la legalidad de algunas actuaciones del senador- y la decisión de cancelar el relanzamiento del espacio por parte del canal RCN. La Fundación para la Libertad de Prensa – que decidió esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis de lo sucedido – manifiesta lo siguiente.  

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Thursday, 09 February 2017 17:37

Silencioff, ¿las regiones tomarán la palabra?

Anualmente la FLIP publica el Informe sobre el estado para la Libertad de Prensa en Colombia el 9 de febrero, día del periodista. En 2016, en medio de un año decisorio para la búsqueda de paz en Colombia, los reporteros se enfrentaron al secuestro, a las agresiones, a la persecución y a nuevas formas de censura que están imponiendo más obstáculos para informar con libertad.

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Saturday, 18 February 2017 21:08

¿Quiénes somos?

Defendemos la libertad de prensa, el derecho a la información, la dignidad humana y el trabajo libre de los periodistas. Somos un equipo multidisciplinar de profesionales que trabaja para investigar las condiciones del periodismo en Colombia y adelantar acciones para promover las garantías para este oficio en todo el país.

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil. 

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El 7 de septiembre de 2014 prescribió el caso del periodista Martín Eduardo Múnera del Río, quien fue asesinado en Medellín hace 20 años cuando se desplazaba hacia la emisora Radio Reloj en donde era locutor. Además, Múnera era vicepresidente nacional del sindicato de Caracol.

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Durante los meses de julio y agosto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 14 ataques y 15 periodistas víctimas, 10 casos menos que en el bimestre (mayo - junio) inmediatamente anterior. Un descenso significativo aunque preocupante porque eleva a 109 el número de ataques y a 132 los periodistas perjudicados en lo que va del 2014. Además, porque se documentaron ataques especialmente delicados, como el intento de homicidio contra la periodista Amalfi Rosales en el municipio de Barrancas, en La Guajira; o el ataque contra el periodista Javier Osuna, a quién le quemaron sus equipos con valiosa información periodística.  

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