Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El candidato Rodolfo Hernández ha dilatado su participación en espacios públicos de debate. Esto, a tres días de las elecciones, es alarmante. Esta estrategia impide que los medios hagan  un cubrimiento a fondo sobre sus propuestas.

Ante las solicitudes de los medios de comunicación y la orden judicial de participar en un debate en medios públicos por parte del Tribunal Superior de Bogotá, Hernández ha establecido unas condiciones que riñen con la independencia de estos medios públicos.

Esta actitud por parte de Hernández también impide que la ciudadanía vote de manera informada y que se genere un debate robusto frente a sus propuestas como candidato. El acceso a la información es un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Hacemos un llamado al candidato para que participe de este debate, respetando las decisiones de quien organiza este espacio en cuanto a su diseño y su contenido.

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Las organizaciones abajo firmantes resaltamos los riesgos de la retórica utilizada contra los medios de comunicación durante la presente campaña electoral en Colombia. Esto crea un ambiente que intenta disuadir del ejercicio de la libertad de prensa, reduce la diversidad de información y limita el contenido al que pueden acceder la ciudadanía. También siembra inquietudes profundas sobre cuál será el clima para la labor periodística bajo el gobierno que resulte elegido el próximo 19 de junio. 

Desde el 27 de mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresaron su preocupación sobre la manipulación de la conversación pública en redes sociales, así como por el alto nivel de violencia y desinformación en los mensajes relacionados con el debate presidencial. Un patrón común es que estos ataques se presentan después de que preguntas y publicaciones periodísticas son consideradas negativas para los intereses de una u otra campaña, mediante estrategias que generan intimidación y autocensura.

El voto informado de la ciudadanía requiere un diálogo social genuino, abierto, participativo, plural y transparente. Por ello, la obligación de las figuras políticas, en especial quienes asumen candidaturas, es mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas, por encima del que se espera de la ciudadanía. Sin embargo, tanto la campaña de Gustavo Petro como la de Rodolfo Hernández han tenido expresiones reiteradas que obstaculizan el escrutinio de la prensa sobre los candidatos, sus programas, sus aliados y sus financiadores. 

La FLIP ha documentado 47 agresiones relacionadas con el cubrimiento de elecciones. Doce de estos casos son atribuibles a integrantes del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro; de la otra campaña, en las últimas dos semanas de la contienda, el candidato Rodolfo Hernandez, y su equipo de comunicaciones, han sido responsables de cuatro ataques. 

El contenido de estos mensajes busca implantar la idea de que “la prensa miente”. Asociar a un sector de los medios con ideologías extremistas e imponer cargas políticas pueden incitar la violencia contra medios de comunicación y periodistas. 

Recordamos que frente a las tensiones relacionadas con la actividad política en elecciones y la garantía de la libertad de expresión, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión hicieron las siguientes recomendaciones a los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos:

  • Adoptar y aplicar medidas, como códigos de conducta, que establezcan normas mínimas de comportamiento para sus personas candidatas a cargos electivos, incluso para hacer frente a los discursos que promuevan la intolerancia, la discriminación o el odio, o que constituyan desinformación destinada a limitar la libertad de expresión u otros derechos humanos.

  • Abstenerse de hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad.

  • Abstenerse de hacer intencionadamente declaraciones falsas o sin sustento que ataquen la integridad de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, o los defensores de los derechos humanos.

 

Por lo expuesto, las organizaciones firmantes enviamos un mensaje general de respaldo a la prensa colombiana y rechazamos categóricamente todas las formas de violencia contra la prensa porque ello deteriora el debate público.

En consecuencia, hacemos un llamado urgente a:

  • Los candidatos a la presidencia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para que adopten una directiva clara y pública dentro de sus campañas políticas de respeto a la prensa y establezcan condiciones de diálogo con quienes hacen cobertura sobre su candidatura. En concreto, se abstengan de cualquier comportamiento hostil y emitan mensajes públicos de respaldo al oficio periodístico y su contribución al debate para demostrar su apertura al diálogo. 

  • Los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos. para que atiendan, de manera urgente, las recomendaciones de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión emitidas en la Declaración Conjunta de 2021. 

  • A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después de las elecciones pueda realizar un análisis de la situación de la libertad de prensa en Colombia y presentar sus recomendaciones al nuevo gobierno. 

 

Firmantes:

IFEX-ALC

Voces del Sur 

Asociación de Medios de Información - AMI

Sociedad Interamericana de Prensa - SIP

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Rechazamos las estigmatizaciones y actitud hostil del candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández contra cuatro periodistas de Radio Nacional, a quienes calificó de “petristas” y de “hacer preguntas estúpidas”. Hernández tiene el deber de usar un discurso favorable con la prensa

Durante la entrevista, los periodistas de Radio Nacional le cuestionaron al candidato algunas de sus propuestas de su plan de gobierno. Como respuesta, Hernández les atacó diciendo que eran defensores de la burocracia, que lo tergiversaban y que eran petristas.

Esta actitud no solo impidió que los periodistas siguieran entrevistando a Hernández, sino que los estigmatizó. Este tipo de afirmaciones, que no tienen ningún sustento, estimulan el descrédito y la narrativa contra la prensa que se ha querido implantar en estas elecciones.

Preocupa además que no es la primera vez que el candidato asocia a la prensa con un interés político. En el pasado afirmó también, sin pruebas, que la periodista Vicky Dávila estaba aliada con Petro y Uribe para atacarlo. También increpó al periodista Néstor Morales por considerar que las preguntas que le hacía durante una entrevista tenían la finalidad de afectar su campaña política.

La prensa cumple un rol fundamental para informar sobre las campañas y sus propuestas. Como candidato a la presidencia, Hernández debe tolerar el escrutinio público, mantener un trato respetuoso y promover un ambiente para que la prensa pueda ejercer su trabajo.

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Bogotá, 27 de mayo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresan su preocupación por el alto nivel de violencia y desinformación en la conversación sobre elecciones presidenciales en redes sociales y medios de comunicación.

Esta se ha caracterizado por una hostilidad general hacia la prensa y a las personas que participan de la discusión. También por la presencia de cuentas que actúan de manera organizada para difundir desinformación sobre candidatos a la Presidencia. De igual forma a lo largo de la campaña se publicaron numerosas expresiones de incitación a la violencia y al odio racial. 

Esto añade obstáculos para que la ciudadanía reciba información veraz y equilibrada, más si se tiene en cuenta el aumento de nuevos usuarios en redes y el incremento de conversaciones sobre elecciones en estas plataformas.  Es necesario esclarecer el papel de las campañas en la difusión de desinformación y su responsabilidad en la instigación a la violencia. De otra parte, y con el objetivo de avanzar en una campaña electoral responsable y mejor informada, la FLIP y la MOE invitan a Twitter y Facebook a realizar mesas técnicas con el objetivo de reforzar los mecanismos para prevenir la difusión de contenidos falsos y la presencia de amenazas y contenidos racistas en sus plataformas.

Estigmatización y efecto en cascada

La FLIP y la MOE observan con preocupación el impacto de las estigmatizaciones que han enfrentado periodistas por parte de políticos y funcionarios públicos durante el periodo electoral. Estas han generado un efecto cascada que ha afectado al gremio periodístico en general y a la ciudadanía cuando se informa y opina a través de espacios digitales. 

Una de estas agresiones sucedió el pasado 11 de abril cuando el candidato a la presidencia Enrique Gómez afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Esto refiriéndose a los reportajes publicados por Vorágine, Cambio y El Espectador en los que se denunciaban graves agresiones cometidas por el Ejército en contra de civiles en medio de un operativo militar  en Puerto Leguízamo, Putumayo. Posteriormente, los periodistas reportaron haber recibido insultos e intimidaciones a través de redes sociales. Algunos de estos mensajes incluso venían de otros colegas.

                                                        

 

De manera similar el pasado 28 de marzo el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje “Neonazis en RCN”, citando una columna de opinión publicada en Noticias RCN que criticaba la propuesta del candidato de modificar el sistema de pensiones en el país. Además de señalar al columnista de pertenecer a un grupo neonazi, el mensaje asociaba al medio, en el cual trabajan cientos de personas en todo el país, con esa ideología extremista. Después de estas afirmaciones aparecieron numerosas publicaciones intimidantes en Twitter en contra de RCN, sus directivas y trabajadores. 

Una situación similar se presentó cuando Noticias Caracol publicó una investigación en la que revelaba que el hermano de Gustavo Petro se reunió con políticos condenados por corrupción en la cárcel La Picota. Con posterioridad a esa publicación, seguidores de Petro publicaron numerosos mensajes violentos en Twitter contra el medio de comunicación y contra Ricardo Calderón, quien lideró el trabajo investigativo.  

Estas agresiones siguen un patrón en donde los comentarios de líderes políticos estimulan el descrédito y la hostilidad hacia el periodismo. De esta forma se genera un entorno permisivo en donde simpatizantes de estos líderes se sienten autorizados para intimidar a periodistas.

Las declaraciones de los candidatos Gómez y Petro incumplieron con el deber que tienen como figuras públicas de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión. Sus declaraciones fueron interpretadas por los seguidores de cada candidato como una invitación para agredir digitalmente a los y las periodistas que estaban siendo señalados. Si bien estos ataques no se trasladaron al terreno de lo físico, deben tomarse con seriedad en un país en donde se han asesinado 162 periodistas por razones de su oficio. 

Esto sucede en un contexto en donde entre el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. En este mismo periodo en 2018, durante las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas. El 2022 es el periodo electoral más violento para la prensa en la última década. 

Además, la FLIP documentó veintidós agresiones a periodistas que cubrían la campaña al congreso y otras cuatro durante la campaña presidencial. De ese total de veintiséis agresiones, once fueron estigmatizaciones realizadas por candidatos o funcionarios que estuvieron acompañadas por un efecto cascada en donde simpatizantes de estos políticos atacaron en línea a los y las periodistas, en ocasiones de maneras evidentemente coordinadas.

Instigación al odio racial

Otro hecho de preocupación fue la difusión de contenidos racistas como parte de la discusión pública en torno a la carrera presidencial. Estos contenidos se hicieron cada vez más prevalentes luego de la designación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. 

Luego del 23 de marzo, día en que Márquez fue anunciada como fórmula del pacto histórico, comenzaron a crearse tendencias en Twitter que posicionaron hashtags y palabras como “king kong”, “gorila”, “simio” y similares en un intento por denostar a la candidata. El mensaje de algunas de estas expresiones fue amplificado por políticos y cuentas con alta incidencia en el debate en redes quienes dieron like o retwittearon esos mensajes.

Estas expresiones constituyen una violación a las normas de Twitter que prohiben las expresiones que incitan al odio racial en estos terminos: “consideramos imágenes de incitación al odio los logotipos, símbolos o imágenes cuyo propósito sea fomentar la hostilidad y la malicia contra otras personas por motivo de su raza, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico u origen nacional”. Esto incluye “imágenes donde se representa a otras personas como algo inferior a un ser humano o que se modificaron con símbolos de incitación al odio, por ejemplo, alterar imágenes de individuos que incluyan características de animales”.

Mientras se consolidaban estas tendencias que asociaban a la candidata con imágenes de simios, un grupo de políticos realizaron señalamientos engañosos con elementos de desinformación sobre Márquez.

La FLIP y la MOE preguntaron a Twitter sobre estos hechos y mediante un correo electrónico respondió: “queremos que la experiencia de todos en Twitter sea libre de abusos, hostigamiento y otros comportamientos que puedan distraer o distorsionar la conversación pública”. También afirmó estar “en contacto con los partidos nacionales y los dirigentes electorales, para asegurarnos de que saben cómo denunciar las actividades sospechosas, el abuso y el incumplimiento de las reglas. Los actores clave que participan en dichas elecciones también cuentan con canales para escalar directamente cualquier problema o inquietud”.  

Con relación al caso de Francia Márquez,  Twitter manifestó: “tenemos cero tolerancia frente al comportamiento abusivo dirigido hacia las personas con base en las categorías protegidas. Esto incluye a mujeres, personas de color, miembros de la comunidad LGBTQ+ y comunidades marginadas e históricamente subrepresentadas”. 

Twitter ya ha actuado contundentemente para impedir expresiones de odio racial publicadas por usuarios en Estados Unidos, por lo que resulta necesario revisar cómo fortalecer la implementación de estas políticas en Colombia para garantizar que ese tipo de mensajes sean excluidos del debate. La FLIP y la MOE invitan a Twitter y Facebook a la realización de una mesa técnica de trabajo previa a una posible segunda vuelta para poder dialogar sobre estas preocupaciones y buscar maneras de promover mayor salud en la conversación pública. 

Para la FLIP y la MOE el acoso, las amenazas y el alto nivel de violencia presentes durante la campaña han afectado gravemente la libre circulación de ideas. Con ello, se han creado obstáculos para que la ciudadanía pueda acceder a una amplia gama de opiniones y decidir —de manera informada— a qué candidatura entregar su voto. 

El año pasado las Relatorías de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmaron que “la creciente incidencia de la ‘incitación al odio’ en línea y fuera de ella, la desinformación y la peligrosa retórica contra los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos y los grupos en riesgo de discriminación, incluso por parte de liderazgos políticos y funcionarios públicos” disuade el ejercicio de la libertad de expresión, reduce la diversidad de información en la sociedad y engaña a los ciudadanos. 

La FLIP y la MOE hacen un llamado a que en la recta final de estas elecciones, las campañas y los liderazgos políticos se abstengan de promover la violencia en el lenguaje y mantengan un discurso público favorable a la protección de los derechos humanos y al libre flujo de información. Estos son requisitos indispensables para la celebración de unas elecciones libres y democráticas. 

Con este fin, la MOE promovió la firma del Pacto para la no violencia política entre los candidatos en redes sociales. Este busca acabar con los mensajes que inciten el odio en las redes sociales y que la ciudadanía pueda encontrar en las cuentas de los candidatos ideas y propuestas de campaña. 

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La FLIP rechaza enérgicamente los mensajes estigmatizantes del candidato a la presidencia Enrique Gómez, quien en su cuenta de Twitter afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Esto, refiriéndose a los reportajes publicados por Vorágine, Cambio y El Espectador, en los que se denuncian graves irregularidades cometidas por integrantes del Ejército en contra de civiles en Putumayo. Este tipo de señalamientos, infundados y que además vinculan a los periodistas con acciones ilegales como el narcotráfico, buscan deslegitimar su trabajo pero sobre todo los pone en peligro. 

Relacionar a medios de comunicación con grupos de narcotráfico es crear una narrativa que desconoce la realidad, pues la prensa colombiana ha sido uno de los actores más violentados por el narcotráfico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en su sentencia del caso Carvajal vs Colombia que “durante 1990 (...) los diversos actores del conflicto usaron a los periodistas como objetivos por sus críticas, sus denuncias o por informar sobre temas sensibles, especialmente la violencia vinculada al narcotráfico”. 

Los señalamientos del candidato Enrique Gómez son altamente irresponsables, ya que ponen en peligro la integridad de los y las periodistas que trabajan en los medios a los que él hace referencia, pues muchos de ellos realizan reportería en zonas de riesgo, en donde hay presencia de diferentes grupos armados. 

En otro tweet, Gómez afirmó también que “los medios de comunicación no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas. El debido proceso debe darse en todas las circunstancias”. Con esto, el candidato desconoce que, de hecho, el periodismo debe tener todas las garantías para poder investigar sobre asuntos de alto interés público, que no necesariamente llevan un proceso en la justicia. Sobre esto, la Corte Constitucional se pronunció en 2009 y aclaró que la “verdad judicial”, es decir, la que surge de los procesos judiciales, no necesariamente equivale a la “verdad real”. 

Un aspirante a la Presidencia debe propender porque exista un buen clima para ejercer el periodismo. Sin embargo, Gómez se aleja de esas obligaciones y pretende aleccionar sobre qué contenidos deben ser investigados.

Reiteramos nuestro llamado a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral para que, de manera urgente, establezcan una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa y que adopte sanciones frente a los responsables. También hacemos un llamado al candidato para que rectifique sus comentarios y se abstenga de hacer valoraciones que ponen en riesgo a los periodistas. 

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La actual campaña electoral se ha caracterizado por los ataques diferenciales contra la prensa, que en ocasiones, son promovidos, alentados o tolerados por miembros de partidos, movimientos políticos y sus seguidores. Por este motivo, la FLIP le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación que tomen acciones inmediatas frente a este tipo de violencia que afecta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

De igual manera, la FLIP ha llamado la atención sobre las estrategias que deben implementarse para hacer frente a los contenidos que pueden configurarse como discurso de odio, mensajes que no están protegidos por la libertad de expresión y, que además, son los jueces quienes tienen competencia para determinar cuando se transgrede este límite. Resulta irresponsable que se señale a la prensa, como protectora y promotora de este tipo de expresiones. 

El periodismo juega un rol fundamental dentro de las elecciones, pues hace veeduría a los partidos, movimientos políticos, sus candidatos y líderes, para que la ciudadanía vote informada. Sin embargo, en los últimos tres meses, han ocurrido al menos 30 ataques contra la prensa por cubrimientos electorales.

Concretamente, preocupa la intensificación de una narrativa antagónica contra la prensa como parte de las campañas electorales. Es peligroso para la democracia que esto se normalice y acreciente, de manera que se avale la promoción de mensajes de odio y repudio contra la prensa. Algunos de los casos que ejemplifican cómo las estigmatizaciones afectan el debate público son el de la senadora María Fernanda Cabal en contra de las emisoras de paz de RTVC, los tuits que emitió el senador Gustavo Bolívar en contra de la periodista Darcy Quinn y la publicación de Gustavo Petro en la que dijo habían “neonazis en RCN”.

Para la FLIP, las críticas contra la prensa son legítimas y existen herramientas legales diseñadas para dirimir errores o informaciones difundidas de mala fe. Además, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Sin embargo, los funcionarios públicos o candidatos no deben aleccionar o poner etiquetas al periodismo, esto tiene implicaciones negativas en el ecosistema mediático y en la seguridad de los y las reporteras. 

Los límites a la libertad de expresión no deben ser instrumentalizados por sectores cuya intención sea la de deslegitimar el papel de los medios de comunicación. Por el contrario, las autoridades electorales y los partidos y movimientos políticos deben prevenir que los políticos recurran a este tipo de discurso en el marco de las campañas electorales. 

Por ello, en aras de que se den garantías mínimas para el cubrimiento electoral, solicitamos al CNE y la Procuraduría que:

  • Se establezca una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa, en la que se acojan las recomendaciones emitidas por las Relatorías para la libertad de expresión en la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública, y libertad de expresión.

  • Vigilen y adopten medidas respecto de los partidos y movimientos, así como de sus miembros cuando incurran en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad, como es una agresión contra la prensa.
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En esta jornada electoral se registraron ocho casos que afectaron el trabajo de la prensa en cinco departamentos del país. Si bien documentamos menos casos que hace cuatro años (16), preocupa que la mayoría de las agresiones sean responsabilidad de funcionarios, fuerza pública y candidatos. En total registramos cinco obstrucciones, una estigmatización y una agresión física. 

Las obstrucciones al cubrimiento se habrían podido prevenir si la Registraduría y el Ministerio del Interior hubieran emitido instrucciones y comunicaciones claras sobre el cubrimiento de la prensa. En el decreto 318 de 2022, MinInterior autorizó el uso de cámaras y celulares dentro del puesto de votación a los medios de comunicación “debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Sin embargo, la Registraduría anunció en sus redes que la prensa podía ingresar a los puntos de votación, con cámaras y sin necesidad de una aprobación de su parte, pero con una credencial del medio. Posteriormente, mencionó que los y las periodistas podrían ingresar sin necesidad de una acreditación especial. Esta información es contradictoria y generó confusión en los puestos de votación, en los que funcionarios y policías restringieron el ingreso de la prensa argumentando la necesidad de acreditaciones o permisos especiales.   

Es necesario que la Registraduría Nacional y el Ministerio del Interior garanticen el libre ejercicio periodístico durante las próximas jornadas electorales. Hacemos un llamado para que estas instituciones den instrucciones claras a sus funcionarios  para que garanticen acceso de la prensa a los puntos de votación sin limitaciones y basados en los estándares nacionales e internacionales de libertad de prensa. El trabajo de las y los periodistas es fundamental para la veeduría y la garantía de la actividad democrática.

Casos registrados

  • Un equipo periodístico de El Heraldo fue víctima de agresiones durante las confrontaciones entre ciudadanos y el ESMAD en Aguada de Pablo, Sabanalarga (Atlántico). Los reporteros fueron víctimas de golpes y daños a sus equipos periodísticos por parte de las personas se manifestaban debido a las irregularidades en el puesto de votación. A pesar de que la Policía estaba en lugar, no emprendió acciones para proteger la integridad del equipo periodístico.

  • En Valledupar (Cesar), Popayán (Cauca) y Cravo Norte (Arauca) funcionarios de la Registraduría e integrantes de la Policía Nacional impidieron a la prensa el acceso a los puestos de votación para el cubrimiento. Los funcionarios, contrario a los estándares  nacionales e internacionales de la libertad de prensa,  les pedían acreditación a los periodistas o les solicitaban un permiso especial de Policía para poder grabar.

  • En Santa Marta, Rafael Martínez, exalcalde de esa ciudad y candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, estigmatizó a través de Twitter al medio local Seguimiento.co. Martínez dijo: “esto es lo que sucede cuando no cedemos a la extorsión de un activista local militante de los clanes y partidos tradicionales disfrazado de periodista”. 

 

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Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para asegurar el orden público en la jornada de elecciones restringen la libertad de prensa. Tal como ocurrió hace 4 años, el Ministerio del Interior replica normas que limitan el ejercicio periodístico y dificultan el cubrimiento de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, mediante el decreto 318 de 2022. Estas medidas, que se expiden a pocos días de las elecciones, desalientan el cubrimiento por parte de periodistas y medios y, además, generan un riesgo de moderación del debate sobre los comicios. Las siguientes son las restricciones más preocupantes:

1. Solicitar la “acreditación” ante la Registraduría se constituye como un obstáculo administrativo para ejercer el ejercicio periodístico

El artículo 11 prohíbe la utilización de cámaras y celulares dentro del puesto de votación, salvo a los medios de comunicación “debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.” 

Al respecto debe recordarse que, como ha aclarado la Corte Constitucional (sentencia C-87 de 1998), el periodismo es una actividad de libre ejercicio, por lo que no se pueden exigir habilitaciones ni documentos especiales. En Colombia, la cédula de ciudadanía o el pasaporte son los únicos documentos que se le pueden exigir a un periodista para su identificación. La Corte Constitucional (sentencia C-087 de 1998) declaró que es contrario a la Constitución exigir carnés, tarjetas profesionales o cualquier otro medio de acreditación para ejercer el oficio. En consecuencia, la exigencia de algún registro especial o una identificación expedida por un medio no puede convertirse en una excusa para impedir el acceso de cualquier periodista a los puestos de votación. 

Esta vez, la Registraduría dispuso de un sistema para que los medios de comunicación se “acrediten” para acceder a la sala de prensa nacional en Corferias y así puedan recibir información oficial. Sin embargo, esta medida desconoce las falencias en conectividad en la regiones así como la variedad del ejercicio periodístico, sobre todo de quienes no están afiliados a un medio de comunicación. 

Las medidas para la organización de los puestos de votación no pueden constituirse en barreras administrativas que impidan el ejercicio de la libertad de prensa. En ese sentido, alertamos a las autoridades para que el día de las elecciones esta norma no se convierta en una barrera para el acceso de los periodistas a los puestos de votación. Es deber de las autoridades electorales garantizar que se ejerza la libertad de prensa y que los periodistas puedan hacer reportería de los puestos de votación siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados. 

 

2. Exigirle a los medios publicar información confirmada únicamente por fuentes oficiales es una forma de censura

El artículo 9 dispone que “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”.  Esta restricción desconoce el mandato del artículo 20 de la Constitución según el cual “no habrá censura”. Exigir confirmación de autoridades estatales para publicar contenidos periodísticos es una forma de control previo a la información que se puede transmitir. En Colombia cualquier control de este tipo debe ser posterior a su publicación (sentencia T-391 de 2007). 

Así, el artículo 9, que obliga a los medios a dar prelación a los comunicados emitidos por las autoridades electorales o de policía, viola la libertad editorial y la independencia de los medios de comunicación, pues se acerca a una imposición de contenidos por parte del gobierno, práctica que reprocha la Corte Constitucional (sentencia T-391 de 2007).

Esta medida también desconoce el mandato del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que todas las limitaciones a la libertad de expresión deben estar “expresamente fijadas por la ley y ser necesaria”. La medida no garantiza la preservación del orden público y sí impide, tanto a los medios como a la ciudadanía, tener acceso a información de interés nacional, como lo son las afectaciones al orden público durante las elecciones, situaciones que no siempre son confirmadas oficialmente.

3. Restringir las fuentes para consolidar una narrativa única sobre las elecciones es peligroso para la credibilidad democrática, pues es una forma indirecta de moderación del debate público.

El artículo 7 dispone que “después del cierre de la votación, los medios de comunicación citados sólo podrán suministrar información sobre resultados electorales provenientes de las autoridades electorales." Esta medida restringe las fuentes de información, cuando en Colombia no hay fuentes prohibidas. Esto afecta indirectamente la opinión pública sobre las elecciones, pues es importante que se reporte sobre la percepción de las elecciones por parte de todos los actores. La pluralidad informativa en el marco de las elecciones robustece su valor democrático, pues al articular distintas perspectivas sobre este proceso se puede dar mayor legitimidad del mismo.

Sobre este punto, preocupa que esta medida implica la limitación del cubrimiento de las elecciones para que se focalice alrededor de la narrativa oficial, sin dar lugar a cuestionamientos por parte de cualquier otro actor involucrado. Al privilegiar y direccionar la publicación de información oficial se busca la ampliación de una lectura oficialista sobre las elecciones, la cual se ve respaldada por vocerías únicas, concentradas y centralizadas de las autoridades electorales. 

Por ejemplo, la Registraduría Nacional dispuso una vocería única y concentrada que afecta el cubrimiento de las elecciones. El manual COPD02 de comunicación organizacional de la Registraduría establece que “los únicos voceros autorizados para entregar información y declaraciones a la prensa, además del Registrador Nacional y los directivos del nivel central autorizados por este, son los Registradores Distritales y los Delegados en los departamentos, dentro del ámbito de su competencia. Los demás funcionarios deben abstenerse de dar declaraciones a los medios”. Disposiciones como estas se replican en distintas entidades públicas que, en últimas, tienen un impacto diferenciado en las regiones e impiden que fluya la información.

Al respecto, la FLIP reconoce que los planes de comunicación con los que cuentan las entidades buscan cumplir con estándares de calidad comunicativa y buscan asegurar que la información emitida por las entidades esté debidamente contrastada para evitar difusión de contenido falso. Sin embargo, la obligación de dar información no debería recaer únicamente sobre las oficinas centrales o sobre quienes ostentan altos cargos en cada institución.  

La FLIP recuerda a todas las autoridades encargadas de la vigilancia y el acompañamiento durante las elecciones, así como a la opinión pública, que  “la libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas […] es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos [de participación política]”, como lo ha indicado el Comité de Derechos Humanos. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública sobre todo lo que pueda estar relacionado con el desarrollo y los resultados de las elecciones. 

Por lo anteriormente expuesto, la FLIP les solicita al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en medio de su labor de ejercer vigilancia y control de la actividad electoral, garanticen el acceso de la prensa a los hechos noticiosos del día de las votaciones con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a información plural y oportuna. Instamos a la Procuraduría y a las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea que hagan una vigilancia diferencial de la garantía de la libertad de prensa en estas elecciones.   

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A puertas de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, en la FLIP hemos publicado diferentes insumos que guían a la ciudadanía, periodistas y funcionarios públicos sobre cómo garantizar la libertad de prensa antes y durante los comicios. 

1. Acceso a la información:

La ley 1712 del 2014 establece que todas las entidades públicas y funcionarios tienen el deber de entregar la información pública que les sea solicitada. Por ello, esta no puede ser supeditada o condicionada. A su vez, ningún funcionario o funcionaria debe ser castigado/a por ser fuente de algún medio de comunicación. La obligación de dar información recae sobre todas y todos los servidores, no únicamente frente a quienes ostentan altos cargos. A pesar de esta ley, sabemos que hay entidades que no priorizan el acceso a la información. Por ejemplo, sabemos que en la Registraduría cualquier solicitud de información que reciba un funcionario es direccionada a la Oficina de Prensa.

También, aunque la información esté publicada y sea de libre acceso para la ciudadanía, las y los funcionarios deben permitir que se les interrogue frente asuntos de interés público y, especialmente, sobre aquellos que conocen en ejercicio de sus cargos. Para ello es clave que se dé acceso, sin discriminación de ningún tipo, a los canales mediante los cuales se entrega información pública, como grupos de Whatsapp o ruedas de prensa. 

Así mismo, en casos de solicitud de información sobre un departamento o municipio específico, la respuesta debería darse desde la vocería regional. No es práctico que solo habiliten las vocerías nacionales, pues estas pueden tardar más tiempo en responder y pueden no tener la información sobre asuntos regionales. La FLIP conoció que, por ejemplo, la Policía Nacional tiene el lineamiento de dar mensajes unificados nacionalmente. Esto demora la información y pone obstáculos a periodistas regionales.

Es clave recordar que garantizar el acceso a la información a la prensa en tiempos electorales también es una forma de combatir la desinformación.

2. Estigmatizaciones a periodistas

 

En épocas electorales, es común que los políticos y candidatos a cargos de elección popular utilicen la estigmatización para desacreditar y violentar a periodistas que informan sobre sus campañas. Una estigmatización es cualquier señalamiento donde de forma injusta se vincula a la prensa con intereses políticos, actos ilegales u organizaciones delictivas. Esta es una actitud de todas las tendencias ideológicas, suele hacerse en contra de periodistas críticos que investigan sobre política, y pone en riesgo a los y las periodistas de todo el país.

Un ejemplo reciente es el del senador Gustavo Bolívar, quien el 9 de febrero dijo en su cuenta de Twitter que la periodista Darcy Quinn es una sicaria moral, desacreditó su trabajo diciendo que es esposa de un criminal y que ella solo busca construir el relato de que él es tóxico para la campaña. 

En muchas ocasiones, quienes emiten estas estigmatizaciones lo hacen para deslegitimar a la prensa cuando hacen publicaciones críticas en su contra. Tanto candidatos como funcionarios públicos están bajo el escrutinio público, lo que significa que deben ser respetuosos y mantener una narrativa favorable con esta. Esto no significa que no se pueda refutar o responder a cuestionamientos de periodistas, simplemente estos deben ser hechos de manera respetuosa y responsable. 


Otro ejemplo de esto es el tweet de María Fernanda Cabal en el que afirmaba que cinco emisoras de paz estaban siendo controladas por exmiembros de las FARC. La candidata y senadora tiene la suficiente influencia y poder para hacer creer que sus afirmaciones son ciertas; aunque en realidad está desinformando, pues ningún excombatiente reincorporado lidera las emisoras de paz. Con esa publicación Cabal pretendía minar la credibilidad de la ciudadanía en esos medios. Pero además, puso la integridad de los y las periodistas en riesgo, pues las emisoras de paz emiten desde territorios en los que aún hay presencia de actores armados.

Las constantes estigmatizaciones en épocas electorales contribuyen a que las y los periodistas se vean obligados a autocensurarse, para no ser tildados de criminales o miembros de grupos ilegales.

3. Los derechos de los periodistas durante el cubrimiento de elecciones

 

Primero, ¿es obligatorio un carné de prensa? 

No, según la Constitución colombiana, los o las periodistas no están obligados a portar una tarjeta profesional. Por eso, ninguna autoridad puede exigir acreditaciones de medios de comunicación, títulos profesionales o credenciales de entidades oficiales. Sin embargo, debe portar una identificación personal, como la cédula, y recomendamos que también tenga evidencias para demostrar su trabajo periodístico, como noticias publicadas.

Segundo, ¿puedo ingresar a los puntos de votación en calidad de periodista? 

Sí, las y los reporteros tienen derecho a estar en los puestos de votación, y a su vez, pueden utilizar teléfonos celulares y cámaras para registrar lo que sucede. Esto sin perjuicio de interferir con el derecho al voto secreto de la ciudadanía.

Tercero, ¿funcionarios pueden revisar el material grabado y eliminarlo?

No, las autoridades, veedores, jurados y candidatos no pueden decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier material periodístico. Hacerlo puede acarrear consecuencias penales y disciplinarias. Ninguno de estos actores está autorizado para cuestionar la labor de los periodistas, por ejemplo, indagar qué tipo de nota será divulgada con la información recolectada, dónde se va a publicar o por qué. 

Recuerde que si intentan obstruir su trabajo periodístico, procure grabar estos hechos o registrar el nombre o número de identificación del o la funcionaria que está cometiendo la agresión. Esto es útil a la hora de exigir investigaciones en casos de violaciones a la libertad de prensa. 

Es gracias al trabajo del periodismo que podemos hacer veeduría sobre las campañas y, también podemos recibir información de alta calidad para emitir votos informados.

 

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Hasta ahora las y los aspirantes al Senado de la República de Colombia no han sido cuestionados sobre el papel de la prensa como bien público y lo que harían para defender la libertad de expresión como pilar de la democracia. 
 
 
En este 9 de febrero, Día del periodista, la FLIP en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana y el Proyecto Antonio Nariño, presentan el Primer debate sobre libertad de expresión. Conéctense con nosotros desde las 3:30 de la tarde a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de Facebook. En este debate nos acompañarán las y los candidatas David Luna (Cambio Radical), Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), Julián Gallo (Partido Comunes), Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), Elizabeth Giraldo (Movimiento Estamos Listas), Guillermo Tobón (Movimiento Fuerza Ciudadana), y José Santamaría (Movimiento de Salvación Nacional). Modera la periodista Yolanda Ruíz Ceballos. Invitado especial: Martin Sjögren, jefe de misión adjunto de la Embajada de Suecia.
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