Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Para proteger el ejercicio independiente del periodismo es esencial que las autoridades no utilicen sus influencias para presionar las líneas editoriales y excluir a sus críticos, en particular cuando se trata de medios públicos. Es indispensable que el Estado, en todas sus instancias, se abstenga de influir indebidamente en la administración de los medios públicos y se respete su independencia, sin discriminación.

La FLIP rechaza el despido del periodista Hernán Muñoz por parte de Deninson Mendoza, el nuevo gerente general de Telemedellín, como sanción a las críticas que el periodista ha emitido sobre la Alcaldía de Medellín. Periodistas que hablaron con la FLIP declararon sentir miedo y presiones para publicar noticias a favor de la alcaldía de Daniel Quintero. 

La Fundación tuvo conocimiento de que, ayer, Muñoz fue despedido de su cargo como director del Sistema Informativo de Telemedellín. Su salida se da semanas después del cambio de gerencia del canal: Johana Jaramillo fue reemplazada por Deninson Mendoza bajo presiones similares.

Según Muñoz, el nuevo gerente de Telemedellín manifestó en medio de un comité de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente sino para defender al alcalde Daniel Quintero”. Esto fue respaldado por una fuente que estuvo presente en algunas reuniones y afirma haber escuchado frases como “si le gusta al alcalde, a nosotros nos encanta”.

Ese respaldo incondicional del nuevo gerente al alcalde caracteriza la gestión del medio, quebrantando su deber de independencia. Por una parte, una fuente indicó que se hacen averiguaciones sobre las filiaciones políticas de las y los reporteros. Por otra parte, mencionó que no se debe hablar sobre asuntos que incomoden a la Alcaldía, por ejemplo, en una ocasión el medio eliminó de redes sociales una nota crítica que publicó y que incomodó a la administración local.

La oficina de prensa de la Alcaldía de Medellín no ha dado explicaciones sobre lo ocurrido de manera pública y, en comunicación con la FLIP, sostuvo que el medio es independiente y que la Alcaldía no tiene ninguna relación con Telemedellín.

Los medios públicos no deben estar al servicio de la administración de turno sino de la ciudadanía. Sin embargo, la presión contra la prensa por parte de Quintero ha sido una constante. En junio del 2020 intentó obstruir publicaciones sobre acusaciones en su contra por violencia sexual. En agosto de ese mismo año, se reveló un monitoreo de las redes sociales de diferentes periodistas desde la Alcaldía, por intermedio de Telemedellín.

Normalizar este tipo de interferencias en el sistema de medios públicos neutraliza el potencial democratizador del periodismo y crea condiciones para la autocensura de los y las periodistas. Esto es un peligroso precedente para el funcionamiento de los medios de comunicación públicos.

Para la FLIP, que desde la administración se influya sobre la gestión y/o los contenidos de un medio es una censura indirecta. Es importante que los medios públicos cuenten con pluralidad de información y de opiniones, por lo que es necesario que se garantice la independencia de sus periodistas y que la línea editorial no esté limitada a transmitir información a favor de una determinada administración.

Desde la FLIP hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen estos hechos, ya que no es la primera vez que funcionarios públicos interfieren en el correcto funcionamiento del sistema de medios públicos. También solicitamos a la entidad evaluar las presiones indebidas ejercidas por funcionarios públicos sobre la independencia de los periodistas en este caso como en el de RTVC y Telecafé. 

De igual forma, hacemos un llamado al gerente del canal para que dé explicaciones públicas sobre los hechos documentados por la FLIP. Es clave que al interior de Telemedellín se promueva la diversidad e independencia necesarias para un periodismo libre.

El acoso judicial es una estrategia de censura y desestimulación del ejercicio investigativo que cada vez se vuelve más común en Colombia. Ciertas personas hacen uso injustificado de herramientas jurídicas para intimidar a los periodistas y así silenciarlos. Se trata, por lo general, de denuncias penales por injuria o calumnia, y tutelas. 

Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar cuando es víctima de algún delito o de interponer una tutela cuando sus derechos fundamentales están siendo violados. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.  

El acoso judicial es una forma de intimidación a periodistas que usualmente publican opiniones o información que incomodan a personajes públicos con poder. En estos casos, aunque el periodista sea diligente y las publicaciones respondan a un proceso investigativo, y a los principios de veracidad e imparcialidad, se les acusa de violar el derecho al buen nombre y a la intimidad de individuos públicamente reconocidos.

La victoria en este tipo de estrategias no depende de que las denuncias o tutelas fallen en contra del periodista. Detrás de la búsqueda de un fallo desfavorable para el periodista, lo que pretenden es agotarlo durante el proceso: producirle desgaste emocionalmente y hacer que incurra en un gasto de dinero para pagar un abogado que lo defienda y así desequilibrar su economía personal o familiar.

Otras consecuencias del acoso judicial es que los procesos congestionan la administración de justicia, desincentiva el debate público y afecta la libertad de prensa y el acceso de la información de la ciudadanía. Algunos periodistas por miedo al proceso o para evitar el desgaste que implica su defensa prefieren eliminar las publicaciones y suspender las investigaciones. 

Este fenómeno se ha incrementando con el pasar de los años y con las transformaciones que ha tenido la censura en el país. Si bien las cifras de casos documentados por la FLIP son un subregistro, son útiles para comprender la magnitud de esta forma de ataque a la presa. En 2017 la FLIP documentó 14 casos de acoso judicial, en 2018 la cifra subió a 38 y en 2019 llegó a los 66 casos. En especial los periodistas y medios digitales se han visto enfrentados a esta estrategia de intimidación; de los 66 casos documentados en 2019, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.

El recurso de rectificación es uno de los primeros pasos que se usan en el acoso judicial. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviar una solicitud de rectificación al medio para que se corrija lo publicado. Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, en algunos casos, las solicitudes de rectificación pueden constituir un intento de censura. 

¿Qué puedo hacer si soy víctima de acoso judicial?

La FLIP atiende casos de acoso judicial contra periodistas. Además, la FLIP ha construido dos manuales para que periodistas y abogados conozcan a profundidad las garantías que cobijan al ejercicio periodístico y los pasos que pueden seguir para defenderse. 

En la guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y actualización se explica paso a paso cómo responder, cómo evaluar, y si es pertinente acatar o no una solicitud de rectificación, de acuerdo con las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así mismo, en el manual Fuera de juicio se explica cómo actuar cuando los periodistas se enfrentan a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de responsabilidad civil y a acciones de tutela. 

Acoso judicial desde altas esferas del poder

Uno de los casos más polémicos de acoso judicial durante el 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos, con su libro Dejad que los niños vengan a mí. En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal por parte de miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores. Dos jueces accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

El abogado Abelardo De La Espriella también se ha especializado en esta estrategia. Durante el 2019 se documentaron cinco casos contra periodistas que dieron declaraciones públicas sobre él, y que le incomodaron. 

Si usted está siendo víctima de acoso judicial, no dude en contactar a la FLIP a través de este formulario https://flip.org.co/index.php/es/acoso-judicial o escribiendo por Whatsapp al: +57 320 231 1308

A propósito de las recientes declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, que contribuyen a generar un ambiente adverso para el desarrollo de la labor periodística en la ciudad, la FLIP hace pública la siguiente carta.

Lea aquí la carta dirigida al alcalde de Ibagué.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva varios años investigando la inversión de la pauta oficial en distintas entidades públicas del país. La evidencia, luego de entrevistas a periodistas y funcionarios, grupos focales, investigaciones y denuncias, muestra que en muchos casos la publicidad oficial se usa como un mecanismo de censura indirecta que castiga a los críticos y premia a quienes callan.

La administración irregular de los recursos que deberían destinarse para comunicar al Estado con los ciudadanos está encubierta por la opacidad de estos contratos. De ahí la necesidad de hacer veeduría y exigir transparencia para que los lectores y audiencias se enteren, por un lado, cómo se administran los recursos públicos, pero además, sepan cuál es la relación entre las entidades públicas y los medios de comunicación.

Bajo esta lógica, la FLIP creó el proyecto pautavisible.org, un micrositio en el que se hace seguimiento a los contratos de pauta oficial entre el Estado y los medios, agencias de publicidad y periodistas, entre otros actores.

Como parte de esta iniciativa, la FLIP ha iniciado una serie de investigaciones que harán seguimiento a la contratación pública relacionada con la pauta oficial. Cada capítulo de esta serie estará compuesto de un videoblog que expondrá los hallazgos más relevantes, un reportaje que analizará en detalle algunos contratos  y una carpeta con los insumos principales de esa investigación.

La FLIP espera que la Serie Pauta Visible sea un mecanismo para que las entidades del Estado reevalúen sus prácticas de contratación y sus estrategias de comunicación con los ciudadanos, así como es de esperar que estos últimos sean cada vez más críticos a la hora de consumir información.

El equipo del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la FLIP estará atento para recibir los datos que sirvan para complementar la red de contratos y actores que componen el sistema de contratación de la pauta oficial en Colombia. La información puede ser dirigida al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..