Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de los periodistas Diego Andrés Patiño, fotoperiodista del medio Universitario Mi Ciudad de la Universidad Agustiniana; y de Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad. La FLIP expresa su preocupación por los ataques contra periodistas y medios de comunicación que han cubierto las manifestaciones de los últimos días en el país. Entre el 9 y el 10 de septiembre, la Fundación registró 20* casos de violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 22 reporteros, de las cuales 16 fueron responsabilidad de la Policía Nacional y cuatro  fueron responsabilidad de los manifestantes. 

El jueves 10 de septiembre continuaron las protestas en Bogotá y otras ciudades del país por los actos de violencia atribuidos a miembros de la Policía Nacional. En medio del cubrimiento de las manifestantes miembros de la fuerza pública atacaron a la prensa. Durante este segundo día, la FLIP registró un total de 12 ataques a la prensa: seis agresiones físicas, dos detenciones ilegales, dos amenazas, una obstrucción y una agresión más categorizada como otras.

En el CAI de Villemar en la localidad de Fontibón fue detenido de manera ilegal el reportero gráfico Diego Andrés Patiño mientras cubría las manifestaciones en este punto de la ciudad. Según el relato que obtuvo la FLIP por parte del abogado que está representando al periodista, miembros de la fuerza pública intentaron arrebatarle su maleta, donde tenía sus dispositivos periodísticos y elementos de bioseguridad. Patiño manifiesta que cuando se negó a entregar sus pertenencias, uno de los uniformados lo golpeó en su ceja, luego fue llevado al CAI y allí lo insultaron y lo golpearon. Posteriormente, lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja, donde todavía permanece sin que se resuelva su situación jurídica.  

En Ibagué los reporteros Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad fueron detenidos ilegalmente y agredidos por miembros de la Policía mientras realizaban el cubrimiento de las manifestaciones en el barrio Santa Helena. Los tres periodistas le manifestaron a la FLIP que aunque ellos se identificaron como prensa los policías no se detuvieron revisar sus credenciales y en medio de insultos y señalamientos de ser guerrilleros, los subieron a un camión en el cual los trasladaron hasta la estación central de la Policía Metropolitana de Ibagué. Los periodistas estuvieron detenidos por cerca de siete horas sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Además, los reporteros manifestaron que los uniformados nos les permitieron grabar el procedimiento.

En Bogotá, en el barrio Alcalá, Juan Camilo Gómez, periodista de De Pasillo, fue agredido e intimidado por un miembro de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones en este sector de la ciudad. En video quedó registrado cuando un uniformado se acerca al reportero, quien portaba su carné y usaba un casco que lo identificaba como prensa, y le ordena retirarse. Posteriormente se evidencia que otro uniformado se acerca y golpea al reportero, lo insulta y le dice “apague esa mierda”, “¿lo va apagar o no?” refiriéndose al celular con que el periodista estaba grabando. Luego de la agresión, Gómez abandonó la reportería. 

En el CAI de Sabanagrande, mientras el periodista Juan Carlo Giraldo se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas para Red Más Noticias, fue increpado por miembros de la Policía luego de haber terminado su transmisión en vivo. Giraldo le manifestó a la FLIP que los uniformados le reclamaron por el contenido que había emitido respecto a algunas personas capturadas que llegaban a la unidad policial. El reportero afirmó que uno de los agentes lo enfrentó, le mostró un video de un operativo policial realizado durante las protestas y le dijo que eso era lo que debería mostrarse. Adicionalmente, el periodista asegura que otros agentes a su alrededor lo agredieron verbalmente, lo intimidaron y le exigieron cambios en su contenido para favorecer a la institución. 

Frente al CAI de Fontanar, en la localidad de Suba, Fabián Forero, también periodista del canal Red Más Noticias, fue víctima de una obstrucción a su trabajo periodístico. El reportero le contó a la FLIP que varios manifestantes les lanzaron piedras a él y al carro del medio. Por esta razón, Javier Cárdenas, conductor del noticiero, tuvo que alejarse en el vehículo y, aún teniendo visible el logo de prensa, varios manifestantes le quitaron uno de los espejos al carro, lo amedrentaron y le exigieron que saliera del lugar. 

También en la localidad de Suba, en el barrio San Carlos Tibabuyes, la labor de la periodista Ángelica Barrea y el camarógrafo Edwin Bejarano resultó afectada. Según la reportera de Semana, cuando documentaban las acciones de manifestantes en contra de buses de transporte público y señales de tránsito, éstos se acercaron a exigirles que salieran del lugar, le pidieron el carné a Bejarano y les exigieron que dejaran de grabar. Más adelante, en otra zona del mismo barrio, un grupo de manifestantes lanzaron piedras contra la periodista y amenazaron con golpearla a ella y al camarógrafo quienes estaban identificados como prensa. 

Fabián Yanez, periodista de Revista Semana, fue amenazado en dos ocasiones. La primera ocurrió en el barrio Villaluz, cuando unas personas en bicicleta amenazaron a Yanez y su equipo con romperle las cámaras cuando estuvieran presentando en directo. Por este motivo, el periodista decidió abandonar el lugar. Sin embargo, el reportero le  manifestó a la FLIP que quienes los habían amenazado los persiguieron por alrededor de cuatro cuadras hasta que el equipo encontró resguardo en un local comercial. La segunda amenaza se presentó cuando el periodista y su equipo se encontraban realizando una transmisión en vivo desde el barrio La Gaitana, en Suba. Un grupo de manifestantes comenzó a reclamarle al periodista por supuestamente haber dicho que era la población la que había quemado el CAI de la zona. Estas personas le advirtieron al periodista que tenía que cambiar su relato y lo amenazaron con cuchillos. El periodista tuvo que abandonar el cubrimiento. 

En Popayán, Cauca, el camarógrafo de CM& Yerson Buitrón fue agredido con balas de goma que dispararon integrantes del Esmad mientras el reportero cubría las manifestaciones en las inmediaciones del Cementerio Central. El camarógrafo, quien estaba identificado con los logos del noticiero, recibió cuatro impactos, que le dejaron hematomas en sus brazos y en el cuello.

El periodista de Caracol Héctor Rojas recibió numerosas amenazas a través de redes sociales a sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram. En los mensajes se acusa al periodista de “vendido” y le dicen que se “va a hacer matar” y que “huele a formol”. En las amenazas además afirman que el periodista está a favor de la Policía y que justifica las muertes de las víctimas de las jornadas de protesta a través de los informes periodísticos que ha realizado sobre los hechos. 

Según la denuncia pública realizada por CityNoticias, un equipo de periodistas de este medio fue víctima de una agresión por parte de un miembro de la Policía. Los periodistas, se encontraban en cercanías del CAI de Villaluz, en Engativá, realizando cubrimiento de las manifestaciones cuando un policía les lanzó una piedra desde la moto en la que se movilizaba.

En el sector del Parkway, localidad de Teusaquillo, dos periodistas de 070 fueron golpeadas con bombas aturdidoras que lanzaron miembros del Esmad. Según una de las reporteras, a pesar de que se identificó como periodista fue atacada en dos ocasiones por los agentes del Esmad con este mismo elemento. 

Adicionalmente, la FLIP conoció que una de las movilizaciones convocada para el viernes 11 de septiembre se realizará frente a las instalaciones del canal RCN en Bogotá. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias al medio y a sus periodistas para el cubrimiento de esta jornada de manifestaciones.  

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por el aumento en las violaciones a la libertad de prensa contra los periodistas y medios de comunicación que se encuentran cubriendo las recientes jornadas de manifestaciones. Sobre el caso de Diego Andrés Patiño, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica del reportero gráfico y se garantice su derecho al debido proceso. 

La Fundación para la Libertad de Prensa le reitera a la Policía Nacional la necesidad de iniciar las investigaciones disciplinarias sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la labor periodística.


Actualización, 12 de septiembre

La FLIP tuvo conocimiento de que el jueves 10 de septiembre el periodista Jhon Robledo, del periódico El Heraldo, fue agredido por algunos manifestantes mientras cubría la movilización social en Barranquilla. El fotógrafo le reportó a la FLIP que un grupo de jóvenes le lanzó piedras, lo golpearon en la espalda y las piernas con una patineta e intentaron arrollarlo con una bicicleta. Además, Robledo asegura que le golpearon la cámara y le dañaron el parasol y un aro. En el lugar únicamente se encontraba un policía de tránsito, quien no tomó ninguna acción para proteger al reportero. El periodista estaba identificado como prensa y, luego de la agresión, presenta lesiones leves.

La FLIP también recibió el reporte de daño a la infraestructura del medio Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga. Durante la jornada de manifestaciones del 10 de septiembre, las instalaciones del medio resultaron afectadas, al parecer, por manifestantes que se pronunciaban en contra de los actos violentos que involucran a miembros de la Policía Nacional. La Fundación continúa documentando el caso.

*Estos hechos suman 22 agresiones contra la prensa durante las manifestaciones de esta semana. 


 

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Monday, 07 September 2020 16:43

Cuatro meses después de las carpetas secretas

Han transcurrido cuatro meses de las denuncias sobre perfilamientos a periodistas detalladas en la investigación "Carpetas secretas" de Revista Semana. La Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho seguimiento a los anuncios y compromisos de las autoridades con respecto a este caso y, con preocupación, comparte este balance:

Investigaciones disciplinarias 

El pasado 20 de mayo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia. Aún sigue pendiente fijar la fecha para la audiencia de juicio disciplinario. La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación.

Se tiene conocimiento de un informe de la investigación realizado por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares que habría sido remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

Investigaciones penales

El 4 de mayo de 2020, el Fiscal General de la Nación anunció que desde enero comenzó una investigación por delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado. 

La Fiscalía ha señalado que adelanta una investigación minuciosa ordenando entrevistas a integrantes de las Fuerzas Militares, también que cuenta con la información de los equipos incautados en el allanamiento ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019 y que realizó una inspección judicial a la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación. A pesar de esta positiva autocalificación, a la fecha, no se conocen vinculaciones formales al proceso.

Acceso a la información

Resulta preocupante una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, "no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20"1. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor.

La FLIP no ha recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente en las preguntas concretas formuladas el 12 de mayo. Si bien el cuestionario tuvo un trámite formal ante distintas entidades del Gobierno, se ofrecieron respuestas parciales que no resuelven de fondo los interrogantes planteados. En varias ocasiones la petición fue  trasladada de una dependencia a otra aumentando los tiempos y sin que el traslado implicara el pleno cumplimiento de los estándares de acceso a la información.

Medidas adoptadas en las FF.MM.

El 2 de mayo, el Ministro de Defensa anunció que once militares fueron retirados de servicio. En un comunicado posterior, explicó que esa decisión se fundamentó en “las necesidades del servicio y conveniencia institucional” pero no se refirió a las razones de manera clara, ni explicó la relación con las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamiento a periodistas.

El ministro también anunció la adopción de medidas para evitar la continuidad de los perfilamientos. Para ello, el Comando General de las Fuerzas Militares realizó un proceso de revisión estratégica de capacidades de inteligencia, "cuyas conclusiones fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia". Dicho diagnóstico es de carácter reservado, razón por la cual no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos. 

El despliegue de actividades de inteligencia militar contra la prensa no es un fenómeno nuevo, y a pesar de que cada vez se anuncian medidas para evitar que los hechos se repitan, se ha demostrado que son insuficientes. Para la FLIP, en este proceso debería participar la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Inteligencia con el fin de garantizar que los controles externos a los servicios de inteligencia cumplan con su labor.

Naciones Unidas y la CIDH observan con preocupación el caso

El 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Por lo anterior, solicitaron al Estado colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado. 

En una comunicación del 5 de agosto, el Estado contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH. 

Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines ilegítimos. Por ello, allí cursa un proyecto de ley que busca el esclarecimiento del uso de la asistencia internacional del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia, con el fin de aclarar si fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. 

Conclusiones

Las actividades de inteligencia contra periodistas son tan recurrentes como las reacciones enérgicas de rechazo por parte de las autoridades una vez se conoce que ocurren. Las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones.

Es importante valorar el rechazo de lo ocurrido por parte del Gobierno nacional pero es prematuro dar por sentado y asumir con ese rechazo que todo está resuelto. Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos.  

Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para  esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir. 


1 Fiscalía General de la Nación. Oficio nº FDCSJ-10100- del 11/08/2020 en respuesta al derecho de petición radicado 110016000102202000007.

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El pasado 22 de agosto el periodista Juan David Ortiz publicó en su cuenta de Twitter que la Alcaldía de Medellín estaría haciendo seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group. Telemedellín fue la entidad contratante a nombre de la administración con el objetivo principal de hacer “análisis estratégico de redes sociales”.  

Sobre lo anterior, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación y manifiesta que:

  • Tuvimos acceso a diez informes que la empresa consultora habría entregado a la alcaldía donde se compilan alertas diarias enviadas por WhatsApp notificando lo que determinados usuarios de Twitter publicaban sobre la administración. Dentro de las personas monitoreadas se encuentran los periodistas Clara Giraldo, José Guarnizo, Pascual Gaviria y Ana Cristina Restrepo, además del medio de comunicación Juan Paz. 

  • Aunque la alcaldía ha dicho que solo se trata de un monitoreo de redes con el fin de “mejorar la gestión, fortalecer programas o aclarar temas relevantes para la opinión pública”, para la FLIP es preocupante el lenguaje de los informes porque utiliza categorías estigmatizantes. En ellos se emplean términos como “cibermilitante” para referirse a los periodistas que estaban “atacando” a la administración cuando expresaban su opinión sobre temas de interés público para la ciudadanía.  

  • Es alarmante que se usen recursos públicos para categorizar a los ciudadanos, basándose en una evaluación parcializada de sus expresiones en línea. La FLIP no comparte que la alcaldía normalice este lenguaje bajo el argumento de que es técnico y propio del contratista. Estos señalamientos y etiquetas son arbitrarios y mucho más cercanos a regímenes autoritarios y policivos que a sociedades democráticas, plurales e incluyentes.

  • A la pregunta de por qué hace uso de etiquetas en usuarios de redes con posiciones críticas, la alcaldía no ofreció respuesta. Mientras la administración no dé una explicación ajustada a la Constitución sobre el uso de esas categorías, las entenderemos como una etiqueta temeraria y peligrosa para la libre expresión y el debate público.

  • En la FLIP continuaremos la documentación del caso de la mano de los periodistas involucrados para que se garanticen sus derechos.
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  • La Fiscalía tiene información detallada acerca de estos hechos.

  • Los periodistas afectados son Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales.
  • Los reporteros coinciden en que esta situación es producto de las denuncias periodísticas que han hecho en contra de “Kiko” Gómez.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales. La Fiscalía General de la Nación tiene información detallada sobre estos hechos y conoce del riesgo inminente al que están expuestos los periodistas. La FLIP le solicita a la entidad que avance con celeridad en las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

El pasado 5 de agosto una fuente que contactó a la periodista Diana la alertó sobre un plan para atentar contra la vida de la reportera. El hombre aseguró que el 23 de agosto se realizaría una reunión en la finca “La Curva”, propiedad de Juan Francisco “Kiko” Gómez y que está ubicada en Fonseca (La Guajira), para planear la actuación criminal..

Días después, el 14 de agosto, una fuente contactó a la periodista para informarle que la organización criminal estaba reuniendo dinero para asesinar a más de 15 personas, entre ellas López y los periodistas Amalfi Rosales y Gonzalo Guillén. Según Rosales, otras fuentes de confianza le informaron sobre las reuniones que han sostenido las organizaciones criminales el 22 y el 23 de agosto en Lla Guajira para organizar el plan criminal, lo cual concuerda con la denuncia de Diana López. 

Los reporteros mencionados coinciden en que la reactivación del plan criminal es producto de las denuncias periodísticas que han hecho en contra de Juan Francisco “Kiko” Gómez y su participación como testigos en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario de La Guajira. En el caso particular de Diana López, la reportera teme que su riesgo se haya incrementado luego de la publicación de su libro “Lo que no borró el desierto”, en el que narra la manera en la que fue asesinado su padre, Luis López Peralta, y la responsabilidad de “Kiko” Gómez en este y otros homicidios ocurridos en La Guajira. 

Según información aportada a la FLIP por uno de los periodistas, la Fiscalía General de la Nación no habría adelantado acciones efectivas para impedir dicha reunión, a pesar de que tenía conocimiento preciso de cómo, cuándo y dónde se llevaría a cabo. La FLIP expresa su preocupación por la falta de diligencia en las investigaciones y le recuerda a la Fiscalía General de la Nación la importancia de actuar oportunamente para prevenir situaciones de violencia contra la prensa y sancionar a los responsables. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos nuevos hechos en el estudio de riesgo de los reporteros y tome las medidas necesarias para reforzar cuanto antes sus esquemas de protección con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. 

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  • Los periodistas amenazados han denunciado hechos de corrupción por parte de la administración departamental.

  • En el panfleto firmado por el ELN se los declara objetivo militar.

  • La FLIP le solicita a la UNP que evalúe la situación de riesgo de los periodistas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los reporteros.

El 7 de agosto varios de los periodistas afectados recibieron el panfleto con firma del ELN en el que son declarados objetivo militar con la siguiente advertencia: “se les otorga un plazo de 48 horas para que abandonen el país con sus familias o se atendrán a las consecuencias”. Los reporteros mencionados en el panfleto han denunciado hechos de corrupción por parte de la administración departamental y coinciden en que les parece extraño que la amenaza sea responsabilidad del ELN, debido a que no han hecho denuncias relacionadas con este grupo armado y no tienen conocimiento de su presencia en Magdalena. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP le hace un llamado al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, para que rechace estas amenazas y, a partir de su rol como garante de la libertad de prensa en el departamento, respalde públicamente la labor de los periodistas y medios de comunicación a quienes se dirige esta amenaza. Al respecto, la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) sostiene que: “Una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”. 

 

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La FLIP presenta un informe en el que expone las irregularidades en la Unidad Nacional de Protección sobre el Comité de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y le solicita que garantice la participación de la sociedad civil.

El 4 de marzo de 2020 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) regresó al Comité de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), espacio a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se determina el tipo de esquema de seguridad que les será implementado a los periodistas que se encuentran en riesgo.

A partir de ese momento, la FLIP ha identificado cómo los delegados y la Secretaría Técnica del CERREM ocultan información de manera deliberada sobre los casos estudiados y se presentan constantes irregularidades en el desarrollo de las sesiones y el estudio de los casos.  

Una de las irregularidades es que desde octubre de 2018 la Secretaría Técnica del CERREM dejó de entregar a las organizaciones de la sociedad civil los resultados de las matrices de evaluación de riesgo al que están expuestos los periodistas. Además, se ha excluido a las organizaciones de la discusión sobre las medidas de seguridad que se implementarán en cada uno de los casos que son evaluados. 

En este informe se explican estas irregularidades y hacen varios llamados a las autoridades para que se garantice la participación de la sociedad civil en las sesiones del Comité.

Aquí puede leer en línea el informe.

 

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  • El periodista Juan Alejandro Loaiza participa en el informativo de la emisora comunitaria.

  • En Algeciras se vive una difícil situación de orden público.

  • Después de recibir una amenaza de muerte, Loaiza decidió abandonar el municipio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Juan Alejandro Loaiza, periodista de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras, por parte de desconocidos. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del comunicador.

El pasado 17 de julio, hacia las diez de la mañana, un hombre en una moto interceptó al reportero mientras se dirigía al centro del municipio y lo amenazó de muerte. Según Loaiza, el hombre le dijo que debía irse de Algeciras o de lo contrario iba a pagar con su vida. Dos días después de que el periodista recibiera esta intimidación, abandonó el municipio para proteger su vida y su integridad.

El reportero participa en el informativo de la emisora comunitaria que se transmite de lunes a viernes en la franja de la mañana. En este espacio Loaiza ha hecho críticas a las gestión de algunos concejales del municipio y ha informado sobre la difícil situación de orden público que se vive en Algeciras. Un día antes de que el periodista fuera amenazado, cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Quebradón Sur y antes de eso, el primero y seis de julio,  fueron asesinados dos líderes en las veredas de El Puente y Santuario. Sumado a esto, según la ONU, a inicios de julio, 42 familias de la zona rural del municipio de Algeciras tuvieron que desplazarse luego de recibir amenazas.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente de manera urgente las medidas de protección necesarias para que el reportero pueda regresar a su municipio en condiciones de seguridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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El 16 julio de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Senado, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe para determinar si la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. También tendría por objeto identificar si entre los afectados habría defensores de derechos humanos, periodistas, personal judicial y miembros de la oposición.   

Esta alerta se emitió después de que Revista Semana publicara su investigación “Carpetas secretas”, en la que denuncia las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. Luego de la denuncia pública, persisten las dudas sobre el posible uso de la asistencia internacional ofrecida por los Estados Unidos para adelantar estas labores ilegales de vigilancia.

Este tema ha despertado la preocupación de los congresistas de Estados Unidos y al menos 100 de ellos le solicitaron al Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que le exija al gobierno de Iván Duque que se comprometa con la implementación del Acuerdo de paz para de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta pública del Gobierno sobre esta petición.    

Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha revelado los hallazgos de los procesos disciplinarios y penales que anunció en mayo de 2020 cuando se publicó la denuncia ni ha dado respuesta a los derechos de petición presentados por la FLIP y los periodistas afectados. En ese sentido, la Fundación considera indispensable y oportuno que la cooperación internacional le solicite al Gobierno de Iván Duque celeridad en los resultados de las investigaciones con el fin de proteger a los reporteros que se encuentran en riesgo por estas acciones de vigilancia. Al respecto es importante que las autoridades estadounidenses adelanten una veeduría exhaustiva de estos procesos con el fin de que los resultados permitan conocer la verdad sobre los responsables de las labores de inteligencia y cuál fue el alcance de las mismas.  

Para la FLIP es importante que este reporte contenga información detallada sobre la participación de los agentes estatales colombianos en las labores de vigilancia dirigidas a la prensa, que detalle las actividades, los objetivos y su alcance con el fin de identificar la cadena de mando involucrada en estas acciones. Adicionalmente, de acuerdo a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el informe deberá dar cuenta del uso de recursos de asistencia al sector de seguridad para estas labores proveniente de ese país y la respuesta por parte del Departamento de Estado y la Dirección de Inteligencia Nacional frente a estas denuncias. En ese sentido, se espera que el reporte responda a las siguientes preguntas, formuladas por los reporteros afectados, al Estado colombiano: 

  • ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?

  • Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?

  • ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?

  • ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? 

La FLIP valora positivamente el compromiso de las autoridades estadounidenses por adelantar acciones de veeduría alrededor de estas denuncias que involucran a las fuerzas armadas de Colombia. Esto envía un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de acciones antidemocráticas y pone de manifiesto la necesidad de que haya celeridad en las investigaciones por parte del Gobierno colombiano y las autoridades judiciales. 

Para la FLIP es indispensable el esclarecimiento del alcance de estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar para evaluar el riesgo que estas representan para los periodistas. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.   

En este sentido, la FLIP le hace un llamado al Departamento de Estado y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que de ser el caso publiquen sus hallazgos con el fin de que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que el Estado colombiano está adelantando. Este insumo puede ser vital para agilizar las investigaciones disciplinarias y penales, así como las evaluaciones de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de manera que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los periodistas que han sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa por parte del Estado.

La Fundación también reitera el llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad de los agresores y asignar las sanciones correspondientes.

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El acoso judicial es una estrategia de censura y desestimulación del ejercicio investigativo que cada vez se vuelve más común en Colombia. Ciertas personas hacen uso injustificado de herramientas jurídicas para intimidar a los periodistas y así silenciarlos. Se trata, por lo general, de denuncias penales por injuria o calumnia, y tutelas. 

Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar cuando es víctima de algún delito o de interponer una tutela cuando sus derechos fundamentales están siendo violados. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.  

El acoso judicial es una forma de intimidación a periodistas que usualmente publican opiniones o información que incomodan a personajes públicos con poder. En estos casos, aunque el periodista sea diligente y las publicaciones respondan a un proceso investigativo, y a los principios de veracidad e imparcialidad, se les acusa de violar el derecho al buen nombre y a la intimidad de individuos públicamente reconocidos.

La victoria en este tipo de estrategias no depende de que las denuncias o tutelas fallen en contra del periodista. Detrás de la búsqueda de un fallo desfavorable para el periodista, lo que pretenden es agotarlo durante el proceso: producirle desgaste emocionalmente y hacer que incurra en un gasto de dinero para pagar un abogado que lo defienda y así desequilibrar su economía personal o familiar.

Otras consecuencias del acoso judicial es que los procesos congestionan la administración de justicia, desincentiva el debate público y afecta la libertad de prensa y el acceso de la información de la ciudadanía. Algunos periodistas por miedo al proceso o para evitar el desgaste que implica su defensa prefieren eliminar las publicaciones y suspender las investigaciones. 

Este fenómeno se ha incrementando con el pasar de los años y con las transformaciones que ha tenido la censura en el país. Si bien las cifras de casos documentados por la FLIP son un subregistro, son útiles para comprender la magnitud de esta forma de ataque a la presa. En 2017 la FLIP documentó 14 casos de acoso judicial, en 2018 la cifra subió a 38 y en 2019 llegó a los 66 casos. En especial los periodistas y medios digitales se han visto enfrentados a esta estrategia de intimidación; de los 66 casos documentados en 2019, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.

El recurso de rectificación es uno de los primeros pasos que se usan en el acoso judicial. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviar una solicitud de rectificación al medio para que se corrija lo publicado. Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, en algunos casos, las solicitudes de rectificación pueden constituir un intento de censura. 

¿Qué puedo hacer si soy víctima de acoso judicial?

La FLIP atiende casos de acoso judicial contra periodistas. Además, la FLIP ha construido dos manuales para que periodistas y abogados conozcan a profundidad las garantías que cobijan al ejercicio periodístico y los pasos que pueden seguir para defenderse. 

En la guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y actualización se explica paso a paso cómo responder, cómo evaluar, y si es pertinente acatar o no una solicitud de rectificación, de acuerdo con las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así mismo, en el manual Fuera de juicio se explica cómo actuar cuando los periodistas se enfrentan a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de responsabilidad civil y a acciones de tutela. 

Acoso judicial desde altas esferas del poder

Uno de los casos más polémicos de acoso judicial durante el 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos, con su libro Dejad que los niños vengan a mí. En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal por parte de miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores. Dos jueces accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

El abogado Abelardo De La Espriella también se ha especializado en esta estrategia. Durante el 2019 se documentaron cinco casos contra periodistas que dieron declaraciones públicas sobre él, y que le incomodaron. 

Si usted está siendo víctima de acoso judicial, no dude en contactar a la FLIP a través de este formulario https://flip.org.co/index.php/es/acoso-judicial o escribiendo por Whatsapp al: +57 320 231 1308

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  • Los periodistas cubrían las manifestaciones de la comunidad campesina en el sur del Meta.

  • Tres comunicadores fueron agredidos con armas del Ejército y la Policía.

  • Las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones. 

Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios. 

Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.

Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después,  el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.

En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda. 

Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora. 

“A los de las cámaras hay que darles más duro”

Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.  

Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero. 

La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 



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