Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Hace 23 años fue asesinado Alejandro Jaramillo, subdirector del Diario del Sur en Pasto, Nariño.

Llevaba apenas dos meses en su cargo cuando desapareció el 24 de octubre de 1997. Días después fue encontrado muerto. 

Alejandro ya le había ganado a la muerte otras dos veces. La primera, cuando fue objetivo de un atentado en Cali, Valle del Cauca. Allí trabajó para los periódicos Del Occidente, El País y El Caleño. La situación lo llevó a instalarse en Bogotá, donde sufriría un segundo atentado. 

Sin embargo, el temor que vivió por esos años no le impidió seguir realizando su trabajo como periodista judicial. 

Su caso prescribió y quedó en completa impunidad. Hay quienes creen que el narcotráfico estuvo detrás de su asesinato, pues Alejandro cubría temas que tenían que ver con la guerrilla y los carteles de droga.

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Wednesday, 07 October 2020 16:30

Tres años sin Efigenia Vásquez

Un 8 de octubre, hace tres años, un disparo en el pecho le quitó la vida a Maria Efigenia Vásquez, comunicadora de radio Renacer Kokonuko, en Puracé, Cauca. 

Efigenia, que también hacía parte del Consejo Regional del Cauca,  fue asesinada mientras cubría y participaba de una protesta junto a su comunidad por los derechos sobre un predio en Puracé. En medio de los enfrentamientos con el ESMAD resultó herida.

Para la Fiscalía, la muerte de Efigenia fue causada por un explosivo de metralla que pudo haber sido del ESMAD o de la comunidad indígena. En estos tres años la familia de la periodista aún no ha encontrado la verdad. 

Desde la FLIP esperamos que su caso no caiga en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

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Monday, 28 September 2020 11:24

Manuel Martínez: 27 años de impunidad

Hoy se cumplen 27 años del homicidio contra Manuel Martínez Espinosa, periodista de Radio Súper en Popayán, Cauca. Cada noche, en su programa el Yunque, se ponía detrás del micrófono para hablar sobre el día a día de su ciudad. 

Manolo, como lo llamaban sus compañeros, estaba comprometido con el bienestar de la ciudadanía y por eso realizaba denuncias sobre corrupción política en la región.

En esta cápsula lo recuerdan tres de sus compañeros de trabajo. Nos cuentan más sobre cómo era Manuel y sobre el momento de su asesinato. 

El homicidio de Manuel Martínez prescribió en 2013 y solo se llegó a condenar a uno de los autores materiales. Sin embargo, su recuerdo permanece entre sus familiares y colegas.

Gracias por recordar su vida con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

 

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Thursday, 10 September 2020 15:34

Cinco años sin Flor Alba Núñez

Hoy se cumplen cinco años del homicidio de Flor Alba Núñez, periodista de Pitalito, Huila. 

Flor trabajaba en la emisora comunitaria La Preferida y en el noticiero TV Noticias del canal 6. Su ausencia y el vacío que dejó entre su familia, comunidad y compañeros de trabajo es irreparable.

Luego de 5 años se han judicializado a dos autores materiales. Uno de ellos asesinó a una zootecnista en 2013. La justicia aún no se ha pronunciado sobre los autores intelectuales del asesinato.

En la FLIP no olvidamos el asesinato de Flor y hacemos un llamado a que las investigaciones sobre los determinadores del homicidio sigan avanzando hasta encontrar a los responsables. Gracias por recordar con nosotros.

 

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Thursday, 23 July 2020 13:41

20 años sin justicia no es olvido

Fabio Restrepo, María Helena Salinas y John Jairo Restrepo fueron asesinados en el 2000. Los tres eran periodistas. Este año, sus casos han prescrito, dejarán de ser investigados y no se podrá sentenciar a los culpables. En este artículo les explicamos más sobre la prescripción de los delitos de homicidios a periodistas.  

La prescripción de un caso se debe a que, por orden constitucional, hay que establecer un tiempo límite para que alguien pueda ser juzgado por un crimen. Esta duración se calcula teniendo en cuenta la pena máxima a la que podría verse enfrentado el autor del delito. Por ejemplo, en el caso de homicidios, después de 20 años, los casos prescriben, pues ese es el tiempo al que podrían sentenciar al responsable del asesinato.

En febrero y marzo de este año se cumplió el tiempo máximo para condenar a los responsables de los asesinatos de los periodistas Fabio Restrepo (Santander), John Jairo Restrepo (Santander) y María Salinas (Antioquia). En los primeros dos casos se tiene como presunto responsable a la guerrilla del EPL, y en el caso de Salinas, al ELN. Estos son los pocos datos que se tenían de sus casos, pues en la Fiscalía la investigación fue suspendida y no hubo más información, ni siquiera antes de la fecha de prescripción, así lo confirmó Ángela Caro, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Para Caro, hay varios errores por parte de la Fiscalía que hacen que las investigaciones no lleguen a buen término y, por el paso del tiempo, muchos casos prescriban. Uno de esos errores es que los fiscales desconocen el oficio periodístico que ejercían las personas antes de ser asesinadas. El caso de Jaime Garzón es ejemplo de esto, explica Caro, pues la Fiscalía siempre ha defendido que su profesión era la de abogado y su asesinato no estaba relacionado con el hecho de ser periodista.

Caro añade que no hay personal que esté plenamente capacitado para abordar un crimen que pueda tener una relación con la actividad periodística: “hay funcionarios que no saben definir a un periodista o no entienden los riesgos que se corren en el oficio periodístico”.

Otro de los errores que señala Caro, es que los fiscales limitan la investigación a lo que les dice la familia de la víctima, aun cuando el Estado cuenta con suficiente capacidad para adelantar investigaciones más profundas.   

El último punto determinante es garantizar la imparcialidad del fiscal que está a cargo de la investigación. Por ejemplo, en el caso del asesinato del periodista Edison Molina, la Fiscalía de Puerto Berrío fue la primera encargada de investigar, aunque la familia alegaba falta de imparcialidad, pues los autores del crimen tendrían mucho control en las instituciones del municipio. Seis años después, y con el caso llevado por otra seccional de la Fiscalía, se dieron a conocer las irregularidades que ocurrieron en los primeros meses de investigación.  

 

Declaración de crimen de lesa humanidad

 

La declaración de crímenes de lesa humanidad evita que los casos prescriban. Esta declaración la puede solicitar la familia de la víctima o lo puede hacer la Fiscalía de oficio. Se puede realizar antes o después de que prescriba el caso, aunque esto último no es tan común. 

Sin embargo, para que se declare un delito como crimen de lesa humanidad,  se deben probar ciertas características. La Corte Penal Internacional fija los siguientes requisitos: lo primero es que el crimen debió haber sido generalizado, es decir que debió haber afectado a una cantidad considerable de civiles, o sistemático, que se se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de su ocurrencia por mera coincidencia. 

Un segundo punto es que las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos. El tercer requisito es que el ataque debe ser dirigido contra población civil. Por último, se debe probar que el delito tuvo una motivación discriminatoria, bien que se trate de motivos ideológicos, políticos, religiosos, étnicos o nacionales.

Caro señala, además, que no es suficiente con que se declare el crimen como de lesa humanidad, si al final las investigaciones no avanzan de forma diligente y en un plazo mucho más expedito.

Además, Caro explica que es importante que las investigaciones avancen en las líneas de autores intelectuales y no solo las de autores materiales en crímenes a periodistas. “Es de este modo como se puede determinar, en materia de libertad de prensa, cuál fue la razón por la que se quiso silenciar al periodista”, afirma la asesora legal.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación ante la falta de resultados de la Fiscalía en investigaciones de crímenes a periodistas por razones de su oficio, ya que como lo revela nuestro último informe anual Callar y fingir, la censura de siempre’, entre 1977 y 2019 se han registrado 159 asesinatos a periodistas, de los cuales 125 casos aún se encuentran en total impunidad.  

En nuestro compromiso por defender la libertad de prensa del país, seguiremos documentando, denunciando y realizando el seguimiento a los casos en los que esté en juego la vida, integridad o justicia de las voces de periodistas silenciados.

 

Casos prescritos pero no olvidados 

 

Los tres casos por los homicidios de los reporteros Fabio Restrepo, John Jairo Restrepo y María Helena Salinas, que mencionamos al comienzo de este artículo, prescribieron entre febrero y marzo de este año. Fabio era periodista y John Jairo el camarógrafo de un canal local de televisión de Barrancabermeja, fueron asesinados mientras hacía reportería sobre las milicias urbanas de Barranca. María Helena era periodista radial para varias emisoras en San Carlos, Antioquia y también se dedicaba a la docencia, al parecer su asesinato se produjo en medio de enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla del ELN.

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La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

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Washington, D.C. y Bogotá, D.C., 17 de julio de 2019

Tras culminar su análisis sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya a partir del 25 de mayo de 2000, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región.

En enero de este año, la CIDH ya había emitido su informe de fondo en el caso, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas. Con esta nueva decisión, la CIDH no da más prórrogas al Estado para el cumplimiento de sus recomendaciones y somete el caso a la Corte IDH para que el tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso en el marco de las obligaciones internacionales de Colombia en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra la mujer.

Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 19 años ha tenido que librar Jineth Bedoya Lima para acceder a la justicia y la verdad. Esta será la primera oportunidad en la que la Corte IDH se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y la primera en la que estudie la responsabilidad de Colombia en un caso en el que el foco está en la violencia sexual. Así, el fallo que adopte la Corte no sólo tendrá efectos para el caso en concreto, sino que constituirá un precedente para todo el hemisferio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes en el caso, reiteran el llamado a la comunidad internacional a continuar con el acompañamiento en el caso. Además, También reconocen la constancia y la valentía con la que Jineth ha afrontado durante 19 años este proceso a pesar de la revictimización del Estado.

En este enlace puede conocer el comunicado oficial de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH acerca de este caso.

Contacto de Prensa

Pedro Vaca Villarreal
Director FLIP
(1) 3406943
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Alex McAnarney
Prensa CEJIL
305 335 5665
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El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

La decisión señala que la muerte de los periodistas “partió de la orden de Julio Lezcano alias Zarco quien comandaba las milicias de Segovia, orden que se infiere necesariamente desciende del Comando Central como una política nacida de la condición del enemigo”. La responsabilidad de los miembros del ELN se fundamentaría en que los homicidios finalmente se cometieron por órdenes provenientes del Comando Central de ese grupo armado.

Julio Daniel Chaparro, periodista, y Jorge Enrique Torres Navas, fotógrafo, fueron asesinados el 24 de abril de 1991, pocas horas después de arribar a Segovia (Antioquia), en donde realizaban un cubrimiento periodístico para el diario El Espectador, sobre el impacto de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la población.

Si bien la FLIP considera que esta decisión podría ser importante para romper con el patrón de impunidad que ha caracterizado este caso. En este punto vale la pena recordar que la investigación ha sufrido una serie de reveses desde sus inicios.  Entre las falencias en el proceso de investigación, cabe señalar que dos de los autores materiales, Julio Lezcano y Ramiro Lezcano, permanecieron detenidos por rebelión y por el asesinato de los periodistas, entre el 19 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 1994. Sin  embargo, la Fiscalía delegada ante el Tribunal revocó la resolución de acusación contra los mencionados guerrilleros, dejándolos en libertad. Posteriormente, en 2011, en una decisión que resulta contradictoria, el fiscal actual reconoció la autoría material de Julio y Ramiro Lezcano, pero expidió resolución inhibitoria alegando la muerte de los presuntos autores materiales del crimen.

Igualmente, la FLIP lamenta que esta decisión se adopte después de 27 años de los homicidios, ya que desde el principio de la investigación se reconoció la autoría del ELN y de su Comando Central.

Este caso fue declarado como crimen de guerra en diciembre de 2018, lo que implica que la investigación deberá continuar hasta esclarecer por completo los hechos y responsabilidades por este doble homicidio. En este sentido, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación efectiva que garantice mayores avances que los registrados en años anteriores.

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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

 

 

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Este 11 de diciembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Ferney Tapasco González, exdirector del Partido Liberal en Caldas, a 36 años y tres meses de prisión por su participación como autor intelectual en el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales. Tapasco había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Caldas el 24 de junio de 2015.

En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia destacó que el homicidio contra Orlando Sierra se dio en razón de su labor como periodista. Al respecto la Corte señaló: “las amenazas que soportaba Orlando Sierra por razón de su actividad periodística son una realidad demostrada en el proceso, de las cuales, además, sabían las personas que lo acompañaban y compartían su trabajo, su vida familiar”.

A través de su columna “Punto de Encuentro”, Sierra realizó críticas a varios políticos de Manizales, entre los que se encontraba Ferney Tapasco. Sin embargo, la Corte determinó que fue Tapasco quien planeó el homicidio del periodista a través de múltiples declaraciones  entre las que se encuentra la de Flavio Restrepo, a quién Orlando Sierra le había manifestado quién pretendía atentar contra su vida.

Para la condena también fueron determinantes los testimonios de personas cercanas al sicario que disparó contra Orlando Sierra. Al respecto, la Corte señaló que “el análisis conjunto de las pruebas revela la condición bajo la cual se le llamó a juicio, pues así fue reconocido por el jefe de sicarios que perpetró el homicidio y por personas del círculo cercano de éste, como Néstor Iván Arboleda Franco y Gustavo Adolfo López Aguirre”.

La Sala Penal modificó parte de la sentencia de segunda instancia al determinar que la condena contra los hermanos Fabio y Jorge López Escobar se haría en calidad de cómplices y no de coautores, como lo había establecido previamente el Tribunal.

Orlando Sierra fue asesinado el 30 de enero de 2002 cuando salía de La Patria. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario que disparó contra el periodista, fue condenado en 2002 a 19 años de prisión por su participación material en los hechos. En 2007 salió de prisión, pero fue asesinado en 2008.

La Fundación para La Libertad de Prensa reconoce la importancia de esta decisión en la lucha contra la impunidad por crímenes contra periodistas. Además, hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las investigación de los crímenes contra la prensa en  Colombia, los cuales alcanzan graves niveles de impunidad.

 

Actualización:

El 25 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela interpuesta por Ferney Tapasco, por medio de la cual solicitaba se ordenara su libertad. Con la acción de tutela, Tapasco pretendía quedar en libertad aduciendo que al ser condenado por el Tribunal Superior de Manizales, no se le había garantizado el derecho a la doble instancia. La Corte Suprema negó esta solicitud considerando que no hubo una violación a sus derechos fundamentales pues contó con el recurso de casación para controvertir el fallo.

 

 

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