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El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio. 

Por: Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez

¿Por qué los asesinaron? ¿Qué ocurrió desde el momento del secuestro hasta el momento de su asesinato? ¿Por qué se frustó su liberación? —Estas son preguntas que están pendientes de resolver desde hace 4 años. Durante este tiempo sus familiares no han parado de exigirle a victimarios, y a los Estados de ambos países, dar información suficiente para aclarar lo que ocurrió con Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados en territorio colombiano por el Frente Oliver Sinisterra (FOS) de las disidencias de las FARC en zona fronteriza con Ecuador entre marzo y abril de 2018. 

A pesar de haber dos condenas, el caso sigue sin resolverse. Ha faltado celeridad, transparencia y mayor claridad en la información sobre lo ocurrido - ¿Dónde fallaron las negociaciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué el Estado colombiano negó haber adelantado operativos militares que los pusieron en riesgo y frustraron su liberación?. Este todavía es un relato lleno de versiones incompletas que entorpecen un ya muy difícil camino a la justicia. 

Negociación para la liberación fallida y operaciones militares negadas por el Estado Colombiano 

La información que se conoce sobre lo ocurrido entre el 26 de marzo, fecha del secuestro, y el 11 de abril, fecha en que el FOS anunció el asesinato, reposa en expedientes que el Estado ecuatoriano prometió a las familias desclasificar y no lo ha hecho. Un compromiso roto por el gobierno de Lenin Moreno y hasta el momento también por el de Guillermo Lasso, que no solo indigna a sus familiares que buscan verdad sino que incumplen la recomendación del equipo de seguimiento especial designado por la CIDH para el caso que en su informe final dijo: “aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos”. (Informe final ESE, Num. 335). 

Frente a esto Galo Ortega, padre de Javier, reclama aquello que buscan: “(...) sería la verdad de la investigación, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Estas autoridades nos niegan cosas. A lo mejor no lo investigaron, no hicieron lo que tenían que hacer. Nos han dicho cosas que sí han hecho, pero dentro de la investigación no hay nada porque nos ofrecieron la desclasificación de la investigación, eso no lo tenemos. Al principio las autoridades ofrecieron tantas cosas, que no iba a quedar en el olvido. (...) Las autoridades no hicieron nada. Cada quien tapa, cada quien esconde. Se tapan entre ellos.”. 

Aún hoy todavía no es claro quiénes, en qué niveles, estuvieron realmente involucrados en las negociaciones desde que el FOS, presumiblemente  su comandante: Walter Arizala, alias “Guacho”, contactó al mayor Zaldumbide Navia - que en ese entonces cumplía labores en San Lorenzo - para exigir el canje de los periodistas por disidentes presos en Ecuador. ¿Por qué la información que se le transmitía a las familias desde el comité de crisis creado para estos fines en Ecuador era incompleta? ¿En qué momento se derrumbaron estas negociaciones a pesar de que se había dado luz verde para el canje? y por qué queda en el aire la sensación de que, en palabras de Ricardo Rivas, hermano de Paúl, “(...) el Estado dejó en indefensión a esos ciudadanos en la frontera. Es decir, no actuaron como debían hacerlo: salvaguardando la vida de ellos, la integridad de ellos. Entonces la pregunta es ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué pesó más la imagen de un país, como lo dijo el presidente Moreno, en el lado de Ecuador? ¿Es la imagen de un país, la dignidad de un país, sobre la vida de las personas? ¿Es eso realmente lo que pretende un Estado y no da la seguridad a la cual nosotros hacíamos referencia?”. Mientras familiares y colegas de la prensa pedían la liberación de los periodistas, las autoridades prefirieron el hermetismo. El apoyo y el respaldo que habían prometido altos cargos de ambos gobiernos se convirtió en algo opaco. Esta verdad, de nuevo, reposa en expedientes que las víctimas todavía no pueden ver.

Frente a esa negociación fallida es necesario un recuento de lo sucedido hace cuatro años para empezar a encajar las piezas de este rompecabezas. Hay evidencia que la comunicación entre el FOS y el Estado ecuatoriano se quebró días antes del asesinato del equipo, pero todavía es incierto si fueron los trámites burocráticos y judiciales en ese país los que lo frustraron y, por otra parte, el impacto real que pudieron tener los operativos que las fuerzas militares colombianas hicieron en la zona. Un primer episodio que alimenta las dudas ocurrió el 28 de marzo de 2018, dos días después del secuestro, cuando el periódico El Tiempo, de Bogotá, publicó un artículo en el que afirmó que los periodistas serían liberados aduciendo a altas fuentes en el Ministerio de Defensa colombiano. El exministro del interior ecuatoriano Cesar Navas, relata en el libro Rehenes ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?, que Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa de Colombia se comunicó con su homólogo de Ecuador para iniciar los preparativos. Tan confiable era la información que el fiscal ecuatoriano, Christian Rivadaneira, se movilizó hasta San Lorenzo, en frontera colombo-ecuatoriana, para recibirlos. Sin embargo esa liberación nunca ocurrió, la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Defensa de Colombia se canceló sin explicación y todavía no es claro lo que pasó durante esos días, aunque hay versiones que indican que la cantada liberación se frustró por operativos militares adelantados en la zona por parte del Ejército de Colombia. 

Así, el 11 de abril, fallidas las negociaciones con el Estado ecuatoriano, empezó a circular un panfleto firmado por el FOS en el que anunciaba el asesinato de Javier, Paúl y Efraín señalando que operaciones militares en el territorio habían sido determinantes para el desenlace. Ese mismo día el Ministerio de Defensa colombiano aprovechó para contestar sobre tales operaciones militares, desmarcándose de cualquier responsabilidad. Dijo Villegas: “Nuestra presencia en ese territorio de frontera territorio colombiano es de control territorial, no ha habido ni desembarcos, ni acciones especiales que no sean de conocimiento ni coordinación con las fuerzas armadas y policiales del Ecuador”.

A partir de una acción de tutela1 contra el Ministerio, la FLIP logró comprobar que sí se llevaron a cabo operaciones militares ofensivas en territorios donde se encontraba el equipo de El Comercio y volvió sobre la mesa la importancia de responder estas preguntas: ¿Por qué, sabiendo que los ponían en inminente riesgo, el Estado colombiano adelantó operaciones ofensivas contra el FOS, más si se estaba adelantado una negociación? ¿Por qué el Estado colombiano buscaba negar la existencia de tales operaciones militares?  

Frente a esto, es importante anotar que la Fiscalía ha omitido indagar en esta línea de investigación a pesar de que el equipo especial de seguimiento de la CIDH le recomendará lo contrario, señalando que la verdad sobre este asunto es una pieza clave de todo este rompecabezas. 

Verdad incompleta y revictimización 

Por otra parte, varias de las principales respuestas de lo que ocurrió con Javier, Paúl y Efraín las tienen, por supuesto, quienes el 26 de marzo de 2018 los secuestraron y posteriormente acabaron con su vida. Del comandante del FOS y máximo responsable del secuestro y asesinato del equipo, Walter Arizala, conocido como alias Guacho, no fue posible ninguna información pues fue abatido a finales de ese mismo año. 

A día de hoy la Fiscalía General de la Nación colombiana ha condenado a dos miembros del FOS: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reniel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. En julio de 2018 se legalizó su captura y se impuso medida de aseguramiento contra ambos, pero sus audiencias se aplazaron por varias razones: por fallas en la conexión de los centros penitenciarios, por un brote de COVID-19 (en el caso de la Cárcel de Cómbita), por incapacidades de los jueces, y por la inasistencia de la Fiscalía o integrantes de la defensa. La situación fue así durante el 2019 y el 2020. Finalmente fueron condenados en el 2021 producto de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de Colombia en donde se comprometían a realizar actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón como medida de reparación para las familias. 

Por su parte, Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, señalado de ser responsable de grabar las pruebas de supervivencia, quedó en libertad en junio de 2020 por vencimiento de términos, hoy se desconoce su paradero.  Y, por último, El 30 de marzo de 2021 la Fiscalía presentó como avance la imputación de cargos contra Jesús Alfredo Arroyo, alias Roberto y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky, ambos señalados de participar directamente en el secuestro y posterior asesinato. A pesar que desde el 2019 venían anunciando tales actuaciones a la fecha sus casos no han avanzado. 

Frente a esto, Cristian Segarra, hijo de Efraín, relata que “Colombia con algunos detenidos procesados, hasta ahí llegaron las cosas. Ecuador se lavó las manos sin mayor investigación, sin mayores avances. Autoridades fueron, otras llegaron. Pero nada más ha pasado. No ha habido un resultado concreto, no ha habido ayuda y las cosas se han quedado estancadas. Tanto así que estamos planteando un proceso internacional de cara a este y los siguientes años”. 

Volviendo a las condenas que ya hay y frente a los actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón surge un nuevo problema: la manera en la que se han dado estos actos. Los testimonios otorgados por ambos se contradicen y no cumplieron mínimos de respeto y solemnidad necesarios en un escenario de perdón. Las condiciones básicas de audio y video que debían ser garantizadas por la Fiscalía no se cumplieron. La disposición de los victimarios de tratar este como un asunto meramente formal para cumplir con el preacuerdo fue notoria: respuestas genéricas, afirmaciones que tendían a desconocer los motivos de los homicidios por parte de “Cherry” aún cuando antes había aceptado a la Fiscalía ser responsable de la seguridad del secuestro y había detallado las circunstancias de los homicidios. Por parte de “Reinel” manifestó temor frente a su situación de seguridad, cosa que sin duda limitaba su versión; dejando el vacío frente a las medidas de protección que debe tomar el Estado colombiano para asegurar la verdad en su testimonio. Esto en últimas, se convirtió en un escenario de revictimización para las víctimas y un episodio que deja más dudas que certezas.  

Frente a esto, dice Galo Ortega que “cuando íbamos a las versiones a la fiscalía yo sentía mucha humillación. Porque cuando iban estos jefes, iban con dos y tres abogados, y los abogados susurraban al oído del oficial que tenía que dar la versión. Cuando ya terminaba el informe lo leían, lo releían. El Fiscal no hacía preguntas, sólamente básicas. Todo eso era humillante para mi. Mi deber como padre es estar donde tenga que dar la cara por mi hijo. Por los tres. Eso siempre es un momento de indignación”. En suma, la justicia y la verdad que debe garantizar la Fiscalía colombiana frente a este caso sigue coja: No es esta una cuestión tan simple como capturar y condenar, hacen falta aún explicaciones y respuestas a los familiares; hace falta reparación real y, por supuesto, hace falta aún un gran camino de justicia. 

En este caso asistimos a una serie compleja de interrogantes que todavía no tienen respuesta:  (i) opacidad por parte de los Estados para revelar cuáles fueron sus actuaciones en torno a la preservación de la vida y la liberación de Javier, Paúl y Efraín, esto incluye lo relativo a las negociaciones entre el FOS y el Estado ecuatoriano pero también el actuar de las fuerzas militares de Colombia. (ii) Una justicia, que como se ha expuesto, poco ha servido para reparar y brindar certezas a las víctimas sobre lo sucedido. Y, englobando lo anterior, queda entonces como gran deuda de todo esto la verdad, la posibilidad de conocer y entender realmente qué ocurrió en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Nos faltan 3 es un lema que nació a partir de la tragedia que vivieron familiares, amigos y colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Es un lema que sigue vigente hasta el día de hoy. Que seguirá vigente hasta que la verdad completa esté en manos de sus familiares, hasta que la justicia indague e investigue la responsabilidad de todos los actores y hasta que las condiciones de abandono y de inseguridad que viven los territorios donde ocurrieron estos hechos sean, de una vez por todas, asumidas por los Estados. 

1 La FLIP solicitó información sobre operaciones militares en las zonas en donde se encontraba el equipo periodístico, esta información fue negada por parte del Ministerio de Defensa justificándose en que era información reservada por seguridad nacional. Sin embargo, por orden judicial finalmente aceptaron que: “En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación "HÉRCULES", se ejecutaron dos (2) operaciones militares sostenidas: i) operación de acción ofensiva San Mateo que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño (...) entre otras zonas de Nariño, que tenía como propósito la garantía de la defensa del área asignada incluyendo tropas y recursos, así como la de neutralizar los fenómenos de criminalidad, y ii) operación de acción ofensiva Arcángel sostenida en los municipios de Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan y el sector oriental de Tumaco en el Departamento de Nariño, orientada a ejecutar operaciones de acción directa y reconociendo. (sic)”  

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Después de más de ocho años, no han habido avances significativos en la investigación del homicidio del periodista Edison Molina, ocurrido el 11 de septiembre de 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. La investigación adelantada por la Fiscalía no ha arrojado resultados contundentes que permitan avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen.  Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que lleve a cabo un Comité Técnico Jurídico para apoyar, hacer seguimiento a la investigación e identificar  sus debilidades, para así construir una hoja de ruta que permita solventarlas.

A través de este Comité Técnico Jurídico, solicitamos que se evalúe el avance de la investigación y se identifiquen las fallas que no han permitido encontrar justicia. El Comité deberá entregar una serie de recomendaciones para que la Fiscalía a cargo del caso acelere el proceso de investigación. 

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. Como represalia, Molina recibió amenazas y agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, estas no fueron investigadas diligentemente ni se adoptaron medidas de protección. 

Durante estos años la FLIP, como representante de las víctimas, ha identificado una serie de errores en la investigación que han contribuido a que el proceso no avance. Ejemplo de esto es que en un comienzo no se garantizó la independencia del fiscal a cargo y la investigación no se orientó a establecer la relación que tenía el homicidio con la labor periodística de Molina.

A pesar de que el caso se trasladó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tampoco ha habido un avance diligente en la investigación: han habido deficiencias en la recolección oportuna de las pruebas y se han destacado largos períodos de inactividad procesal. Además, desde el 10 de junio de 2019, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación del homicidio del periodista Molina. 

El paso del tiempo, sin el desarrollo de una investigación diligente, condena a este caso a mantenerse en la lista de homicidios contra periodistas en total impunidad. Por eso, esperamos que la Fiscalía, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene para la investigación de crímenes contra la prensa, acoja nuestra solicitud de establecer un comité técnico jurídico, con el que se pueda dar esclarecimiento de los hechos.

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Presentamos la serie de pódcast La verdad entre fuegos cruzados. Aquí podrán escuchar los testimonios de periodistas colombianos sobre el rol de los medios para escribir el borrador de la historia, el riesgo, responsabilidad y la impunidad en los casos de violencia. Una serie de cinco episodios realizada por el Proyecto Antonio Nariño (FLIP, CdR, Fescol, Ami y Fundación Gabo) para la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad realizó un proceso de escucha a periodistas de distintas regiones de Colombia con el fin de contar con una reflexión individual y colectiva sobre su papel, los impactos y sus propuestas para que la historia no se repita. La producción sonora es una curaduría de estos aportes para difundir masivamente los testimonios de periodistas con trayectorias diversas.

Yo creo que gran parte de la prensa se silenció. Nos callamos porque había miedo y no se podía entrar a las regiones a contar nada de esto”, afirma José Navia, uno de los periodistas que más crónicas y reportajes ha realizado en zonas de conflicto. Su testimonio aborda los contextos de riesgo donde se ejerció el periodismo y cómo se vio afectada la libertad de prensa en Colombia.

A través de cinco episodios, los y las periodistas relatan su experiencia en distintos aspectos como: la soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado, la estigmatización a periodistas, la censura, las formas de resistencia para seguir informando en medio del fuego cruzado y, finalmente, su rol en el proceso de paz y sus recomendaciones de no repetición.

“La prensa ha padecido el frío de la impunidad tanto como la mayoría de víctimas en Colombia”, se escucha en uno de los episodios donde se recopilan relatos sobre la persecución, vigilancia y estigmatización que sufrieron tanto profesionales como medios de comunicación. Teléfonos interceptados, amenazas y hostigamientos fueron parte de su diario vivir o aún persiste.

María Paula Martínez Concha, coordinadora de la alianza proyecto Antonio Nariño e integrante del equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), destaca el valor de incluir voces diversas y ponerlas en diálogo: “Periodistas de larga trayectoria con periodistas más jóvenes o de gran experiencia en el periodismo regional. También familiares como es el caso de Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, asesinado el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia; así como el punto de vista de corresponsales como Stephen Ferry”.

El borrador de la historia lo escriben los medios de comunicación”, destacó en los espacios de escucha la comisionada Marta Ruiz, parafraseando a Oriana Fallaci, y en el marco del proceso de esclarecimiento de la verdad se resalta la importancia de que estas historias se cuenten desde las regiones y no solo desde el centro del país.

“La destrucción de sedes, como sucedió con la emisora Radio Caribabare de Saravena, Arauca; el asesinato de Guzmán Quintero, jefe del periódico El Pilón en Valledupar o la amenaza a todos los integrantes de una radio en la Amazonía son ejemplos de grandes relatos de censura que guardan las regiones de Colombia”, anota Martínez Concha. Por esta razón, después de los espacios de escucha, el pódcast quiso volver sobre la idea de la vulnerabilidad de la prensa regional en medio del conflicto y los esfuerzos que hizo para informar.

El auge del formato y la incipiente narrativa sonora sobre libertad de expresión y conflicto colombiano motivó la creación de este pódcast. Una memoria que también está hecha para jóvenes periodistas y estudiantes en proceso de formación.

Los espacios de escucha contaron con el apoyo del Proyecto Antonio Nariño, iniciativa que agrupa a las organizaciones civiles integradas por la Fundación Gabo, la FLIP, Consejo de Redacción, Fundación Fescol y Asociación Colombiana de Medios Informativos.

Episodio 1: La soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado

Periodistas rememoran el temor, los peligros, amenazas que tuvo que enfrentar el oficio en medio del principal escenario del conflicto armado en las regiones, lugares donde si no se lograba seducir a los y las periodistas, se les terminaba por estigmatizar, desprestigiar e incluso silenciar su vida.

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Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.

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Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas', la FLIP llama la atención sobre el persistente contexto de violencia contra la prensa y un ambiente generalizado de impunidad en estos crímenes en Colombia. La impunidad en casos de asesinatos a periodistas en el país alcanza el 78.8%; esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 

Según el informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de UNESCO, ha habido una disminución del 20% en el número de asesinatos a periodistas entre el 2016 y 2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015. Sin embargo, en Colombia esta tendencia es contraria. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento.

La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias. En Colombia, entre 1938 y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8% de estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena. 

El caso más reciente se presentó el 19 de septiembre de este año. El periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos, pero sobre los cuales, según pudo conocer la FLIP, existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está relacionado con las denuncias que realizaba. 

En otros crímenes contra la prensa el panorama es similar. En los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas. Durante todo el 2020 la FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de amenazas a periodistas en la impunidad.

Como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el reciente fallo del caso de la periodista Jineth Bedoya, las amenazas no son una agresión menor, pues deben analizarse como indicadores de predictibilidad de hechos de violencia que pueden atentar de manera más grave la integridad de los y las periodistas. Además, la falta de investigación diligente y oportuna de las amenazas puede conllevar a que se cataloguen como tortura. 

A pesar de que el Estado ha implementado estrategias para avanzar en la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes, estas han sido insuficientes y no analizan el fenómeno de la violencia de manera integral. La falta de sistemas de información unificados para obtener un diagnóstico real de la problemática, investigaciones que no exploran motivaciones de los victimarios relacionadas con el oficio periodístico, la falta de recursos físicos y de personal idóneos, largos periodos de inactividad procesal, y la ausencia de independencia de los funcionarios, son algunos de los factores que obstaculizan el acceso a la justicia y que originan las altas cifras de impunidad. 

El Estado debe cumplir la deuda histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los y las periodistas. Solo a través del trabajo diligente de las entidades encargadas de la investigación y judicialización se podrán disminuir las cifras de ataques contra la prensa y se logrará justicia.

Las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth Bedoya, constituyen una nueva oportunidad y una hoja de ruta clara para que el Estado avance en la dirección correcta para formular una política integral de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa, que resulta esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática. 

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 2 de noviembre como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El alto número de casos de violencia contra medios y periodistas, y los escasos avances judiciales sobre los mismos, justificaban la alarma internacional sobre la magnitud del fenómeno. Ocho años después, en Colombia predomina una impunidad que amedrenta a la prensa e incentiva a los violentos a atentar contra los y las periodistas.


Como parte de la conmemoración de este 2 de noviembre, realizamos un evento en Tuluá sobre los impactos y las huellas locales que dejan los crímenes contra periodistas. Esto como homenaje a la memoria de Marcos Efraín.

Así mismo, estuvimos en el primer Tribunal sobre periodistas asesinados en La Haya, organizado por FreePress Unlimited. 

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18 de octubre de 2021, Washington, D.C., Bogotá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. 

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos  incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá. 

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas. 

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia  llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Rueda de prensa: 

 

 

Contacto de prensa:
3103419744 - Andrea Torres Perdomo (FLIP)

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El Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Ariel Ortega Martínez a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Julio César González Quiceno (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. Además, a Ortega se le impuso una multa por 29.67 salarios mínimos y la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. 

Entre marzo y abril del 2018, Ortega Martínez compartió en su cuenta de Twitter múltiples mensajes de amenazas de muerte, en los cuales se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Algunos de los mensajes dirigidos en contra de María Antonia García de la Torre incluían mensajes discriminatorios por género

El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa. Para el juzgado, es reprochable que Ortega haya hecho alusión a las AUC para intimidar a periodistas y consideró que la amenaza es especialmente grave porque el Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión y, en una democracia, los periodistas ejercen este derecho de manera continua, estable y reiterada. 

La FLIP celebra la decisión adoptada por el juzgado pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98% de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer.

La FLIP advierte que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes. Esto envía un mensaje permisivo a quienes atacan a la prensa y deja inconclusa la desactivación del riesgo. 

Por lo anterior, es necesario que la Fiscalía refuerce sus técnicas de investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas, pues este es uno de los delitos que más afecta a la prensa en Colombia, siendo cada año la principal agresión contra la prensa. 

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El 13 de agosto del 2020 una bala de fusil atravesó los campos de caña del municipio de Corinto, Cauca, hiriendo de muerte a Abelardo Liz Cuetía, un comunicador indígena. Tras un año de ocurrido, el crimen está impune y su familia sigue sin la respuesta a la pregunta: ¿Quién mató al comunicador de Nación Nasa Stereo? ¿Porqué y de donde vino la bala?

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Este 24 de abril de 2021 se cumplen treinta años del trágico asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres. A pesar de que este homicidio fue declarado crimen de guerra, y no va a prescribir, los avances en materia de justicia han sido mínimos. 

En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de 40 personas fueron asesinadas. Estaban construyendo una serie de crónicas llamada Lo que la violencia se llevó, en la que narraban cómo los municipios que habían sufrido masacres lograban renacer entre los escombros gracias a la voluntad de paz de sus habitantes. Mientras se encontraban en Segovia, el quinto municipio que visitaban, Julio Daniel y Jorge Enrique fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN). 

En 1994 la Fiscalía cerró la investigación en favor de Joaquín Julio Lezcano y Ramiro Alonso Madrid Lezcano, miembros del ELN y presuntos autores del crimen. Veinte años después del homicidio, la Fiscalía retomó la hipótesis de que los hermanos Lezcano sí eran autores del crimen. Sin embargo, no se podía iniciar la investigación penal pues los culpables ya habían fallecido. 

Solo hasta el 12 de marzo de 2020, la Fiscalía formuló acusación en contra Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el delito de homicidio agravado. 

El pasado 22 de abril, el Juzgado Promiscuo de Segovia anunció que asumirá el conocimiento del caso para la etapa de juicio contra los miembros del Comando Central del ELN. Desde la FLIP se espera que el juicio se desarrolle en el 2021. 

Uno de los puntos más preocupantes es que, a la fecha, la Fiscalía niega que el crimen contra Julio Daniel y Jorge Enrique haya tenido relación con su oficio periodístico. Es por ello que durante la investigación no se ha analizado el trabajo que desempeñaban, ni los riesgos propios de la actividad. Además, no se han desarrollado mayores investigaciones sobre la información que reposaba en la agenda de apuntes de Julio Daniel al momento de su muerte. De hecho, la Fiscalía se deshizo de la libreta y le negó a la familia la posibilidad de recuperarla. 

Por todo esto, en diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, esta no ha avanzado en la etapa de admisibilidad, lo cual ha implicado que hasta el momento no se haya reconocido la responsabilidad del Estado colombiano ante el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de justicia y reparación en este caso.

En el marco de la conmemoración de los treinta años de este lamentable crimen y, luego de diez años de haber sometido el caso ante la CIDH, la SIP y la FLIP solicitaron una reunión de trabajo con la Comisión. El objetivo es que esta le permita a la CIDH, al Estado y a las víctimas avanzar en el trámite del caso, para que así se garantice el acceso a la justicia y la reparación de las familias Chaparro y Torres, así como a la sociedad colombiana en general.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que investigue diligentemente este homicidio.Que el crimen haya sido declarado como imprescriptible no significa que la justicia se deba seguir dilatando por años. La Fiscalía debe analizar el caso a partir de la actividad periodística de Julio Daniel y Jorge Enrique, explorando distintas hipótesis de investigación relacionadas con su oficio, en este sentido la Fiscalía debió adelantar una línea de investigación frente una posible celada en contra de los periodistas. Sin esto, las familias nunca podrán encontrar la verdad de lo que les sucedió a sus familiares. 

Lamentablemente, tres décadas después la violencia se sigue llevando la voz de los periodistas en Colombia. No sólo las condiciones de seguridad para la prensa no han mejorado, sino que tampoco lo ha hecho la justicia. En la FLIP queremos conmemorar el trabajo de Julio Daniel y de Jorge Enrique para que su voz no se apague.

A continuación, podrán encontrar una línea del tiempo que ilustra los hitos más importantes en la búsqueda de justicia de las familias de Julio Daniel y Jorge Enrique. Además, podrán escuchar una cápsula de audio en la que los hijos de Julio Daniel y Jorge Enrique los recuerdan como esposo, padres y periodistas. 

Adicionalmente, este año el Festival de Literatura de Bogotá rendirá homenaje a Julio Daniel, por su extenso trabajo literario, no sólo como periodista sino también como poeta. Les invitamos a asistir a los diferentes eventos programados, que pueden consultar aquí. También les invitamos a que se unan a la conversación sobre el trabajo de Julio Daniel y la impunidad en este caso, este sábado a las 3 pm.

Cápsula de audio

 

 

Línea del tiempo

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El 16 de marzo del 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, revirtió la condena histórica contra el sicario que asesinó al periodista Luis Antonio Peralta y a su esposa Sofía Quintero. El Tribunal redujo 13 años de la condena como resultado del desconocimiento injustificado de la relación del oficio periodístico de Peralta con su asesinato. 

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, la decisión del Tribunal es un pésimo precedente de cara a los altos índices de impunidad de crímenes contra la prensa y a los múltiples procesos contra los responsables de los 161 periodistas asesinados de 1977 al 2020. 

El Tribunal desestimó la relación del oficio periodístico con el asesinato de manera contradictoria. En sus términos, “sobre las denuncias realizadas en el ejercicio de la profesión del periodista Peralta Cuellar, no existe duda para la sala, pero no es posible con ello establecer que el homicidio del recordado periodista se dio en razón de su labor pues el hecho indicador no permite establecer el hecho indicado”. Después de hacer esta afirmación el Tribunal añadió que algunas amenazas reportadas por el periodista no tenían que ver con las denuncias públicas realizadas. 

Esto revela la falta de comprensión de los elementos esenciales del caso, tal como los riesgos inherentes al ejercicio del periodismo en regiones. La FLIP reitera que para la investigación, judicialización y sanción de crímenes contra la prensa es indispensable hacer un análisis de contexto  que  permita  identificar  plenamente las dinámicas regionales y los riesgos a los que están expuestos los periodistas por su oficio, en lugar de presumir su inexistencia en un país con altos índices de violencia contra la prensa. 

Luis Antonio Peralta era un periodista crítico de la gestión pública en la región, en donde ejerció el periodismo por más de treinta años. Su trabajo estaba relacionado con las denuncias sobre irregularidades en contratación estatal, extracción de petróleo y corrupción. Su emisora Linda Stereo, de la cual fue fundador y director, fue la plataforma a través de la cual hizo públicas sus denuncias y entregó a la ciudadanía información valiosa sobre las autoridades y los funcionarios. 

El Tribunal no valoró de manera adecuada este contexto ni el riesgo que le generaba el programa en el que Peralta hacía públicas algunas denuncias en contra de la administración pública. Además, desestimó que días antes de su asesinato, el periodista había anunciado que tenía conocimiento de que un precandidato habría incurrido en actos de corrupción en el municipio del Doncello, Caquetá.

La falta de reconocimiento de los riesgos inherentes al oficio periodístico es un factor que acrecienta la impunidad de los crímenes contra la prensa . En este caso, también persiste la falta de identificación y sanción de los determinadores, quienes hoy se encuentran en libertad.

La FLIP continuará acompañando este caso, y este 19 de marzo de 2021 presentó el recurso de casación contra la decisión del Tribunal para que se reconozca la necesidad de reincorporar en la decisión el reconocimiento de la relación del oficio periodístico con el asesinato de Luis Antonio Peralta. La decisión se apartó de elementos esenciales del caso y, con ello, desconoció el rol que desempeñan las autoridades judiciales en la protección de los y las periodistas y en la garantía de que los delitos y los ataques en su contra no queden impunes. 

Por lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que coadyuven el recurso y visibilicen la violencia y los riesgos a los que están expuestos los periodistas, cuya labor contribuye a la construcción de sociedades democráticas.   

 

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