Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La FLIP rechaza de manera categórica las presiones realizadas recientemente al medio de comunicación Publimetro. Al respecto consideramos inadmisible que funcionarios públicos y personas que ejercen influencia sobre las administraciones normalicen este tipo de acercamientos que van en detrimento del ejercicio de la libertad de prensa. Esto es especialmente recurrente en Barranquilla, Atlántico, que tiene una deficitaria oferta de medios y en donde, además, se ha generado una tóxica relación mediada por los recursos de publicidad oficial que ha destinado la Alcaldía en los últimos tres gobiernos.
El 17 de febrero del 2021, el medio de comunicación Publimetro publicó el artículo “Empleados del Parque Cultural reclaman sus sueldos”. En dicho artículo se reportan incumplimientos en los pagos de salarios por parte de la Corporación Parque Cultural del Caribe en Barranquilla. Además, se exponen algunas irregularidades por parte de esta Corporación, dentro de las cuales se incluye la falta del aviso de suspensión de los honorarios de sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo.
Antes de que el medio hiciera la publicación, Roberto Duarte —asesor externo de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla— le envió un mensaje al director del medio de comunicación en el que le pedía que no publicara la historia. En el mensaje manifestaba que dicha publicación no iba a ser del agrado de la Alcaldía de Barranquilla. Según lo reportado a la FLIP, algunos fragmentos del mensaje de Duarte incluían estas expresiones: “Pedirte el favor de que nos des un compás de espera de dos o tres semanas (...) Me atrevo a pedirte ese favor sobre la base de que una publicación en cualquier sentido que se haga en los medios de comunicación en estos días sobre la crisis aún con el interés de ayudar en la búsqueda de una solución puede tener un efecto contrario y retrasar el proceso”. El mensaje termina de la siguiente manera: “Me atrevo a comprometerme, incluso, a darles la primicia de la definición del esquema mediante el cual se comenzarán a pagar los pasivos laborales”.
Duarte, quien ha tenido vínculos cercanos con las distintas administraciones en la ciudad, le dijo a la FLIP que no actuó a nombre de la Alcaldía y que su acercamiento para retrasar la publicación estaba relacionado con su interés por el mantenimiento del Parque Cultural.
Los hechos descritos dejan entrever un peligroso precedente sobre injerencias de terceros en la publicación de discursos de interés público. Este tipo de mensajes, en donde se presiona para que no se denuncie, implican una violación a la prohibición expresa de la censura en Colombia y a los estándares de la Corte Constitucional, quien ha referido de manera insistente que los discursos de interés público tienen una protección reforzada y cualquier restricción que se quiera imponer a ellos debe ser tomada con sospecha.
De acuerdo a lo documentado por la FLIP, este tipo de presiones ejercidas por distintos funcionarios y actores con poder ocurren con frecuencia en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, el temor de los y las periodistas a perder recursos de publicidad oficial o que se les niegue el acceso a la información impide generalmente que estas denuncias se hagan públicas.
Este tipo de injerencia se realiza a través de mensajes directos o incluso a través de extorsiones comprometiendo los recursos de la publicidad oficial. La FLIP documentó ampliamente el gasto de publicidad oficial por parte de la administración del exalcalde Alex Char, que fue superior a los 114 mil millones de pesos durante su segundo mandato. Actualmente, la Fundación está realizando el seguimiento correspondiente al gasto de la administración actual.
La FLIP invita al alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, a referirse públicamente a estos hechos y a que rechace cualquier injerencia sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación que hacen veeduría pública en Barranquilla. Con ello la FLIP también invita a los y las periodistas que ejercen el oficio periodístico en la ciudad para que hagan públicas las denuncias sobre acercamientos similares con terceros particulares o funcionarios públicos.
El buen clima para ejercer la libertad de prensa necesita del respaldo de las administraciones y funcionarios públicos y en todo caso implica una pluralidad de voces que alimenten la opinión pública y la misma democracia.
El acoso judicial es una estrategia de censura y desestimulación del ejercicio investigativo que cada vez se vuelve más común en Colombia. Ciertas personas hacen uso injustificado de herramientas jurídicas para intimidar a los periodistas y así silenciarlos. Se trata, por lo general, de denuncias penales por injuria o calumnia, y tutelas.
Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar cuando es víctima de algún delito o de interponer una tutela cuando sus derechos fundamentales están siendo violados. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.
El acoso judicial es una forma de intimidación a periodistas que usualmente publican opiniones o información que incomodan a personajes públicos con poder. En estos casos, aunque el periodista sea diligente y las publicaciones respondan a un proceso investigativo, y a los principios de veracidad e imparcialidad, se les acusa de violar el derecho al buen nombre y a la intimidad de individuos públicamente reconocidos.
La victoria en este tipo de estrategias no depende de que las denuncias o tutelas fallen en contra del periodista. Detrás de la búsqueda de un fallo desfavorable para el periodista, lo que pretenden es agotarlo durante el proceso: producirle desgaste emocionalmente y hacer que incurra en un gasto de dinero para pagar un abogado que lo defienda y así desequilibrar su economía personal o familiar.
Otras consecuencias del acoso judicial es que los procesos congestionan la administración de justicia, desincentiva el debate público y afecta la libertad de prensa y el acceso de la información de la ciudadanía. Algunos periodistas por miedo al proceso o para evitar el desgaste que implica su defensa prefieren eliminar las publicaciones y suspender las investigaciones.
Este fenómeno se ha incrementando con el pasar de los años y con las transformaciones que ha tenido la censura en el país. Si bien las cifras de casos documentados por la FLIP son un subregistro, son útiles para comprender la magnitud de esta forma de ataque a la presa. En 2017 la FLIP documentó 14 casos de acoso judicial, en 2018 la cifra subió a 38 y en 2019 llegó a los 66 casos. En especial los periodistas y medios digitales se han visto enfrentados a esta estrategia de intimidación; de los 66 casos documentados en 2019, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.
El recurso de rectificación es uno de los primeros pasos que se usan en el acoso judicial. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviar una solicitud de rectificación al medio para que se corrija lo publicado. Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, en algunos casos, las solicitudes de rectificación pueden constituir un intento de censura.
La FLIP atiende casos de acoso judicial contra periodistas. Además, la FLIP ha construido dos manuales para que periodistas y abogados conozcan a profundidad las garantías que cobijan al ejercicio periodístico y los pasos que pueden seguir para defenderse.
En la guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y actualización se explica paso a paso cómo responder, cómo evaluar, y si es pertinente acatar o no una solicitud de rectificación, de acuerdo con las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Así mismo, en el manual Fuera de juicio se explica cómo actuar cuando los periodistas se enfrentan a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de responsabilidad civil y a acciones de tutela.
Uno de los casos más polémicos de acoso judicial durante el 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos, con su libro Dejad que los niños vengan a mí. En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal por parte de miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores. Dos jueces accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.
El abogado Abelardo De La Espriella también se ha especializado en esta estrategia. Durante el 2019 se documentaron cinco casos contra periodistas que dieron declaraciones públicas sobre él, y que le incomodaron.
Si usted está siendo víctima de acoso judicial, no dude en contactar a la FLIP a través de este formulario https://flip.org.co/index.php/es/acoso-judicial o escribiendo por Whatsapp al: +57 320 231 1308
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las presiones por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de personas cercanas al mandatario contra los equipos periodísticos de la W Radio y El Espectador. La FLIP pudo documentar que Quintero presionó personalmente a directivos de medios de comunicación y señaló a periodistas de ser opositoras a su gestión como forma de evadir las preguntas acerca de asuntos sobre los cuales debe rendir cuentas.
En hechos conexos a esta situación, funcionarios de la administración intentaron forzar a medios nacionales y locales para mejorar la imagen del alcalde a cambio de pauta. Funcionarios de Telemedellín solicitaron a la W Radio que rectificara una publicación veraz y que además el medio de comunicación accediera a suscribir y publicar un comunicado conjunto con Telemedellín para difundir como cierta una situación que no correspondía con la realidad.
En un acto de integridad periodística, Caracol Radio (empresa de la que hace parte La W) rechazó enfáticamente las aspiraciones del alcalde y de sus funcionarios para censurar a la prensa, respaldó a sus reporteras frente a los señalamientos del mandatario, declaró la oferta de pauta como un chantaje inaceptable y se negó a aparecer en un comunicado que pretendía difundir información errada para encubrir lo sucedido. Por su parte el director de El Espectador tampoco cedió a las presiones judiciales que anunció Quintero y le indicó que se debía comunicar con las periodistas que tenían preguntas por formularle y no con él como director.
Durante la última semana un equipo periodístico de la W Radio ha estado documentando denuncias de mujeres que señalan a Quintero Calle de haber cometido actos de violencia sexual. En la reportería se incluía contrastar las denuncias de las dos mujeres con el alcalde de Medellín. Desde ese momento empezaron las presiones contra los medios de comunicación que estaban investigando el tema y sus fuentes.
Isabel Escobar, periodista de W Radio Medellín, se comunicó con la Alcaldía de Medellín y el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, le contestó que necesitaban dos días para dar una respuesta. Antes de ofrecer su versión, Quintero contactó a Johana Fuentes, subeditora de la W, y le aseguró que estas denuncias eran un ataque político y que únicamente saldría al aire si el medio tenía otros testimonios que soportaran la denuncia.
Luego de las comunicaciones que Quintero sostuvo con las reporteras de la W, el mandatario tomó contacto con el presidente de Caracol Radio para intentar obstaculizar la publicación. El alcalde de Medellín reiteró los señalamientos a las periodistas como opositoras a su gobierno y de tener intereses políticos sobre la publicación de la nota. Frente a esta situación el medio respaldó a las periodistas.
A pesar de las presiones por parte del alcalde de Medellín, el medio de comunicación decidió publicar las denuncias de las dos mujeres pero, sin mayor explicación, una de las afectadas decidió no responder a la entrevista al aire. Hasta el momento se desconoce si el alcalde o funcionarios de la alcaldía interfirieron en esta decisión, pero la FLIP tiene conocimiento de que una persona cercana al alcalde tomó contacto con la fuente y le mencionó a las periodistas de la W. Hechos que, para ése momento, sólo conocían las periodistas y la fuente.
Luego, Mariángela Urbina y Viviana Bohórquez, periodistas de Las Igualadas de El Espectador, retomaron la investigación y el 19 de junio se contactaron con Quintero para conocer su versión. El mandatario no respondió a los cuestionamientos pero sí se comunicó con Fidel Cano, director de El Espectador, para persuadirlo sobre la publicación. Cano lo remitió a que respondiera las preguntas que Mariángela y Viviana tenían para él. El Alcalde anunció que iba dejar todo en manos de su abogada y que podían ser sujetos de acciones legales si la publicación afectaba su reputación.
Ante la negativa de la W de suspender la publicación, el 18 de junio funcionarios de Telemedellin (agencia de medios de la alcaldía) se comunicaron con Caracol Radio para ofrecerle un contrato de pauta por cinco millones de pesos en el que se pretendía incluir el compromiso del medio de comunicación de hacerle dos entrevistas a Daniel Quintero en las que se resaltara el lado familiar del alcalde como padre. La gerencia de Caracol Radio Medellín rechazó la oferta argumentando que en la compañía no se hacen este tipo de contratos por publicidad. En entrevista con la W el alcalde aseguró que nadie de su equipo iba a ser despedido por lo ocurrido: “No, no, definitivamente no, esto es absurdo. Yo cuido a mi gente, yo quiero a mi gente, tengo un buen equipo, es un equipo de gente joven, muy joven, sí, pero aquí todos estamos aprendiendo (...) si hubo un error en Telemedellín, se corrige y para adelante”.
Para la FLIP es inaceptable que la alcaldía se escude en una curva de aprendizaje que no exime del cumplimiento de la ley ya que el 20 de mayo la FLIP ofreció un taller sobre los usos de la publicidad oficial y prohibición del uso de la pauta oficial como mecanismo de censura en el que participó el equipo de la Secretaría de Comunicaciones de Medellín. Al taller asistieron nueve funcionarios de la alcaldía, incluyendo a Juan Felipe Upegui, que fue uno de los directamente involucrados en el intento de chantaje a través de la pauta para asegurar un tratamiento favorable al alcalde en Caracol. Además de los ejercicios propios del taller, al final se compartió con los funcionarios una guía de buenas prácticas en el uso de la publicidad oficial.
Una vez la W publicó que la “Alcaldía de Medellín ofreció pauta en medio de denuncias contra Daniel Quintero” funcionarios de TeleMedellín solicitaron al medio que rectificara una nota veraz y que además accediera a suscribir un comunicado conjunto para encubrir la gravedad de los hechos y hacer ver el intento de censura como un error común de comunicación. El medio se negó y Telemedellín publicó un confuso comunicado que tampoco obedece a lo ocurrido.
Sólo hasta el momento en el que la alcaldía agotó todas las opciones para intentar censurar a la prensa, el alcalde finalmente aceptó dar una entrevista a la W.
Entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio, Viviana Bohorquez, Juan David Ortiz e Isabel Escobar -periodistas que han estado cubriendo estos hechos- reportaron a la FLIP notificaciones de ingreso a sus cuentas de twitter donde se advierte de inicios de sesión no autorizados desde Antioquia. Agresiones que tienen como común denominador que ocurren contra periodistas que han estado cubriendo las denuncias contra el alcalde Quintero y que suceden en paralelo a todos estos intentos del alcalde y sus funcionarios por censurar a la prensa durante la última semana. De igual forma la periodista Ana Cristina Restrepo también advirtió un funcionamiento atípico en su correo electrónico en el que se frustró la llegada a tiempo de su columna habitual en El Colombiano en la que opinaba sobre las denuncias contra Quintero.
Estos hechos aumentan la preocupación sobre las garantías a la actividad periodística en Medellín y la activación de acciones invasivas contra periodistas que están cubriendo estas denuncias.
La FLIP estima que al menos veinte funcionarios entre asesores del alcalde, secretario de comunicaciones, jefe de prensa, funcionarios de Telemedellín y sus respectivos equipos de trabajo han estado disponiendo del tiempo que se les paga con recursos públicos para atender un asunto que si bien concierne a Daniel Quintero no involucra a la Alcaldía de Medellín y por lo tanto es cuestionable el uso de recursos públicos para asuntos que no guardan relación con la función por la cual trabajan en la administración.
Si para algo ha servido este despliegue exagerado de funcionarios es para dilatar y obstaculizar las respuestas a preguntas legítimas que tienen periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales. Un puñado de funcionarios, que lejos de facilitar que las respuestas de la alcaldía lleguen de forma más eficiente y oportuna a la prensa, parecieran estar a cargo de distraer, evadir y dilatar las respuestas de la administración y del propio Quintero.
Para la FLIP esto lleva a dos escenarios: o no hay control de la información (asunto improbable en una administración tan grande y robusta) o hay una intención deliberada de no responder a quienes ejercen control social a lo público desde los medios de comunicación. Los funcionarios de la alcaldía administran la expectativa de una respuesta con el propósito de dilatar las publicaciones.
En la documentación de este caso la FLIP pudo corroborar la situación que describen los periodistas. La Fundación intentó contactar al alcalde pero no fue posible. Por esta razón al cierre de este comunicado la FLIP formula públicamente algunas preguntas para que puedan ser incorporadas cuando a bien considere responderlas el alcalde Quintero.
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La FLIP expresa su preocupación por estas presiones, debido a que un ejercicio diligente en el oficio periodístico, como lo es contrastar la información con las fuentes, no puede convertirse en un escenario oportuno para que los funcionarios públicos intenten ejercer presiones con el fin de impedir la publicación de investigaciones que puedan afectarles.
La FLIP le exige a Daniel Quintero Calle que cumpla con su obligación de garantizar la libertad de prensa. Esto implica: i) abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes a periodistas que lo cuestionan, ii) permitir el acceso oportuno a información pública de conformidad con la ley 1712 de 2014, iii) prohibir que se ejerzan presiones a medios y periodistas a través de la pauta oficial en todas las entidades a su cargo y sancionar ejemplarmente a quien lo haga, y iv) rechazar públicamente las violencias contra la prensa que ocurran dentro del municipio a su cargo y especialmente aquellas que se dirijan contra los periodistas que han formulado críticas a él o su gestión.
La FLIP anuncia que hará seguimiento particular a este caso para monitorear que no haya represalias futuras a través de la publicidad oficial y/o acciones que puedan afectar individualmente la estabilidad laboral de las periodistas que han hecho seguimiento a estas denuncias.
En ausencia de correctivos y sanciones desde la alcaldía, la FLIP solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue lo sucedido con el fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios de la administración de Medellín frente a estas presiones contra la prensa con el fin de asegurar que las sanciones disciplinarias correspondientes sean proporcionales a la gravedad de lo aquí denunciado.
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Preguntas que no pudieron formularse al alcalde Daniel Quintero:
*Este comunicado fue actualizado a las 12:12 pm. del 25 de junio.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la solicitud realizada por tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Agencia de Periodismo Investigativo (API) de retirar sus nombres de un reportaje periodístico sobre una presunta denuncia penal en su contra. Esta es una medida que vulnera la libertad de prensa y pretende ocultar información de interés público.
El pasado 26 de enero, API publicó un reportaje sobre la investigación que la Fiscalía está llevando a cabo por la denuncia en contra de tres funcionarios de la SIC por el presunto delito de prevaricato por acción. Según el medio, la denuncia está relacionada con la actuación de los funcionarios en la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia de fútbol en la eliminatoria del mundial de Rusia 2018. Dos días después de la publicación, el director de API recibió tres derechos de petición enviados por los funcionarios implicados. Según ellos, para la fecha de remisión del derecho de petición no existía una denuncia en su contra, por lo cual solicitaron suprimir sus nombres y procedieron a tachar de falso el artículo. Además, uno de ellos solicitó que se abstuvieran de incluir su nombre en publicaciones futuras.
El caso de API no es el único reportado a la FLIP en el que se ha presionado a medios para que eliminen contenidos periodísticos por supuestas violaciones al derecho de habeas data. En el 2019, la SIC ordenó el bloqueo “temporal” de una publicación hecha por PlagioSOS, un portal de investigación periodística y denuncia pública de casos de plagio. La publicación estaba relacionada con un caso de plagio en la Universidad Javeriana y a pesar de que la orden de bloqueo era temporal, luego de cuatro años, la orden sigue vigente.
Es necesario resaltar que los periodistas no están limitados a informar o pronunciarse únicamente sobre asuntos o hechos frente a los cuales ya existe una decisión judicial. La revelación de información sobre presuntos hechos delictivos de funcionarios públicos está protegida por la libertad de expresión. La Corte Constitucional ha reiterado que los funcionarios públicos tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, pues esto fomenta la transparencia en las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios en su gestión (Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2018).
La FLIP hace un llamado a los funcionarios para que sean tolerantes a la crítica y a que no se opongan a que se informe sobre procesos judiciales en los que están involucrados. Además, hace un llamado a la SIC para que se abstenga de manifestarse en contra de la libertad de expresión y para que no tomen una posición institucional de censura frente a las acusaciones que se hacen en contra de sus funcionarios.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la medida cautelar que emitió el Juez Séptimo Administrativo Oral de Medellín a favor de José Guillermo Zuluaga Ceballos para que cesen las publicaciones por parte de Morada Noticias, Caracol Televisión y Noticias Caracol sobre una serie de acusaciones de acoso sexual en contra de Zuluaga. Esta decisión constituye censura previa del trabajo periodístico que ejercen estos medios y atenta seriamente contra el ejercicio de la libertad de prensa y la Constitución Política.
El pasado 27 de enero, el subsecretario de Lectura y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín comunicó que el nuevo director de la Fiesta del Libro sería Guillermo Zuluaga Ceballos, un reconocido escritor, periodista y docente universitario. Desde ese día, varios mensajes que expresaban inconformidad con la decisión fueron difundidos por WhatsApp con base en acusaciones de acoso que varias mujeres ha hecho en contra de Zuluaga. Como respuesta a esto, el colectivo #OhPosición invitó a las presuntas víctimas a denunciar las situaciones de acoso, intimidación y/o abuso por parte de Zuluaga. Varias mujeres denunciaron sus experiencias y Morada Noticias publicó algunas de ellas. Además, varios testimonios fueron presentados en un podcast del medio. Ese mismo día, Noticias Caracol buscó a Zuluaga para solicitarle una entrevista y el espacio Código Secreto de Caracol Televisión publicó una nota sobre las acusaciones en su contra.
A raíz de esto, el 18 de febrero, Guillermo Zuluaga interpuso una tutela en contra de la emisora Morada Noticias, Caracol Televisión y Noticias Caracol “por la acción malintencionada de los medios de comunicación” debido a las publicaciones relacionadas con este suceso. Según él, el contenido que ha sido difundido por estos medios es información falsa y confusa que parte de perfiles falsos y anónimos, que además atentan contra su honra y buen nombre. Además, Zuluaga solicitó una medida provisional con el fin de que cesen las publicaciones que tengan relación con las acusaciones de acoso sexual hasta que se resuelva de fondo la tutela. El juez decretó la medida provisional solicitada por Zuluaga y admitió la acción de tutela.
La FLIP recuerda que los periodistas no están limitados a informar u opinar únicamente sobre asuntos o hechos que hayan sido llevados a la justicia o que estén en proceso de investigación. Lo anterior sería una limitación injustificada a la libertad de expresión. En otras palabras, los periodistas no dependen de los resultados de una investigación judicial para informar u opinar y, mucho menos, de que se hayan iniciado acciones legales en contra de los presuntos implicados.
Por otro lado, según los estándares internacionales de libertad de expresión, los funcionarios y las figuras públicas están más expuestos a la crítica, puesto que estos se han sometido voluntariamente a un escrutinio más exigente. Además, debe recordarse que “no se viola el derecho al buen nombre y a la honra, si es la misma persona la que con sus acciones lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado si hubiera advertido un severo cumplimiento de sus deberes respecto del prójimo y respecto de sí mismo” (sentencia T-228 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Por último, es importante señalar que en cualquier sociedad democrática los discursos que se emitan sobre la idoneidad de personas que cumplen funciones públicas o que tienen proyección pública constituyen discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión. Por lo tanto, estas expresiones gozan de mayor protección, de manera tal que se promueva el debate democrático.
La FLIP rechaza esta clase de solicitudes judiciales y hace un llamado para que los jueces del país no censuren el trabajo periodístico mediante la imposición de medidas provisionales que limiten la libertad de expresión y de información. La FLIP presentará un escrito solicitando el levantamiento de la medida cautelar y pidiendo un fallo en contra de la tutela presentada por Zuluaga.
El club Once Caldas le negó la acreditación a cinco periodistas de La Patria y a dos de RCN Radio.
Estas decisiones afectan la pluralidad de información y opinión.
El jefe de prensa del club afirmó que publicarán un comunicado refiriéndose a la situación.
La FLIP expresa su preocupación por la cancelación de las acreditaciones para cubrir el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en el primer semestre de 2020 a cinco periodistas del Diario La Patria y a dos más de RCN Radio en Manizales. La decisión la habrían tomado las directivas del club Once Caldas, luego de las críticas que han hecho los reporteros sobre el rendimiento del equipo.
A dos de los cinco periodistas de La Patria les fue negada la acreditación a pesar de que, como lo manifiesta el medio en un derecho de petición que envió al presidente del equipo el 11 de febrero, la acreditación aparece activa ante la Dimayor. La Patria también manifiesta que, dado que a ninguno de sus reporteros gráficos les fue otorgado el permiso para cubrir oficialmente, las posibilidades de tener material gráfico de los encuentros es mucho más reducida, afectando el desarrollo de su labor periodística.
Una situación similar vive el periodista Mario César Otálvaro, director del programa “Siempre Fútbol”, transmitido por RCN Radio en Manizales. A Otálvaro también le fue negada la acreditación limitando el cubrimiento de los encuentros deportivos en su cabina de radio. El periodista ha sido uno de los críticos sobre el rendimiento del club y en una de sus últimas publicaciones en el periódico La Patria, titulada “El gol extraviado”, el periodista cuestionó la ineficacia y falta de efectividad del equipo. Además, a otro periodista que trabaja como corresponsal de RCN Radio también le fue negada su acreditación luego de portarla durante los últimos tres años. El reportero ha señalando las irregularidades administrativas y deportivas del club.
LaFLIP se comunicó con Julio César Orozco, jefe de prensa del Once Caldas, para conocer las razones por las que el equipo negó las acreditaciones. Sin embargo, Orozco le manifestó a la Fundación que las directivas del Club publicarán un comunicado de prensa refiriéndose a esta situación. En ninguno de los casos en los que se negó la acreditación el club le explicó a los periodistas y medios las razones de esta determinación.
Según Gabriel Fernando Cárdenas, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Caldas (ACORD), después de tener una reunión el presidente del club, Tulio Mario Castrillón, el directivo le confirmó que la decisión de vetar a los periodistas había sido suya y se debía a que los reporteros a los que se les había negado la acreditación, a su juicio, eran mentirosos y que él podía tomar esta determinación porque el equipo es una empresa de su propiedad.
Sobre lo anterior, la FLIP considera que las decisiones de retirar las acreditaciones de los periodistas resultan desproporcionadas. Es necesario recordar que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-498 de 1994 que, “Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. Lo anterior, implica que existe un deber de garantizar acceso y transparencia para la ciudadanía. Es por eso que es problemático que se excluya del cubrimiento de un evento deportivo a un medio, pues se afecta la pluralidad de información y opinión que se debe garantizar toda sociedad democrática.
La FLIP expresa su preocupación por el hecho de que, como se ha planteado en el nuevo reglamento de la Dimayor para el año 2020, sean los equipos de fútbol quienes tengan la potestad de otorgar las acreditaciones cuando son los principales afectados por las críticas de los medios de comunicación. Adicionalmente, la Fundación considera problemático que, ante la potestad que les ha dado Dimayor, los clubes no comuniquen este tipo de decisiones de manera transparente.
La FLIP considera necesario que existan garantías por parte de las directivas del club de fútbol Once Caldas para que los medios de comunicación puedan informar sobre las gestiones de la institución que involucra dineros públicos. El estadio Palogrande, en el que el Once Caldas juega como local, es propiedad de la alcaldía de Manizales y la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes desempeñan un rol de funcionarios del Estado. Además, uno de los patrocinadores del equipo es la Industria Licorera de Caldas, que tiene participación de la Gobernación de Caldas. Esta contribución del sector público acentúa la necesidad de cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en los torneos.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación frente a grave caso de censura previa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) al programa de televisión Mimbre, del Canal Institucional. La OACP prohibió la emisión de una entrevista que realizó la periodista Gloria Cecilia Gómez al exjefe guerrillero de las FARC Pastor Alape.
Aquí puede consultar la carta.
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Facturación electrónica: asistente.administrativo@flip.org.co,
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Notificaciones judiciales: coordinacion.codap@flip.org.co
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