Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Logo Flip

 
Monday, 30 November 2020 09:50

Gimbler Perdomo: la voz que perdió Gigante

Gimbler Perdomo tenía 31 años cuando en 2002 fue asesinado en el municipio de Gigante, Huila. Era director de noticias y propietario de Panorama Estéreo, la única emisora que existía en esa época en Gigante. 

 

El camino en el periodismo

Gimbler empezó en la radio por casualidades de la vida. Sandra Cáceres, esposa de Gimbler, cuenta que el viaje por la radio empezó cuando un amigo ganó una licencia para tener el dial de una emisora comercial. Sin embargo, este terminó en la cárcel y fue ahí cuando le propuso a Gimbler ser socio de la emisora, para que se encargara de mantenerla mientras él salía de prisión. 

Gimbler aceptó y a partir de ese momento comenzó a desarrollar el noticiero de la emisora, con el que terminó ganándose a la comunidad. Su compromiso no solo fue dar información detrás de un micrófono en una cabina, sino también ayudar directamente a las personas. En algunas ocasiones viajaba a las veredas del municipio, donde emitía un programa en el que los campesinos exponían todas sus necesidades como salud o educación.

 

El hombre detrás del periodista

Gimbler era recordado en su pueblo por realizar campañas de solidaridad y además, denunciar a la administración municipal por casos de corrupción. Todo esto lo hizo cuando ocupó el cargo de Consejero municipal, durante el 91 y el año 2000, antes de ser periodista.

En el año 1999, cuando aún era Consejero municipal, Gimbler se encadenó frente a la alcaldía para presionar la salida de Luis Édgar Gutiérrez, el mandatario de la época. Finalmente este fue destituido por sus acciones corruptas. 

“Desde las seis o cinco y media de la mañana llegaba la gente a la casa a pedir ayuda”, cuenta Sandra. Su esposa lo recuerda como un hombre que realizaba muchas campañas para ayudar a las personas necesitadas del municipio, incluso muchas veces dejando de lado su propio bienestar. 

Una de las anécdotas que más recuerda es cuando su esposo le dio el dinero que tenían para el almuerzo a un señor que llegó a pedir ayuda. Sandra recuerda claramente las palabras con las que Gimbler le respondió a su reclamo: “ese señor necesita viajar a una cita médica y no tiene para el transporte, nosotros vamos a la tienda allá nos conocen y nos pueden fiar, a él nadie le va a fiar lo del transporte”. 

 

La verdad

La persona que lo asesinó está preso. “Ni para qué le cuento el sin número de expedientes de asesinatos que tiene ese señor”, afirma Sandra. 

El día de la audiencia en la que el asesino habló sobre la muerte de Gimbler, Sandra fue acompañada por dos de sus hijas. “Ese fue uno de los días más tristes, porque cuando le hacían preguntas sobre el asesinato de mi esposo, sentíamos que nunca respondía con la verdad”, dice Sandra. Cuando le preguntaron al asesino por qué lo había hecho, este dijo que lo habían obligado, que era matar a Gimbler o que su familia estuviera en riesgo.

Sobre los determinadores del asesinato, Sandra cuenta que fue la guerrilla. Aunque al inicio de la investigación habían dudas sobre esto, pues en su momento, algunas personas cercanas a Gimbler afirmaron que esto era poco probable. Decían que él era consciente del peligro en la región y por eso siempre fue precavido a la hora de dar información relativa al orden público. 

Dieciocho años después Sandra tuvo que sacar adelante a tres niños que en su momento no tenían más de diez años. La violencia le arrebató al pueblo de Gigante una persona que estaba comprometido con su comunidad, y a su familia, les quito un padre y esposo ejemplar. En todos ellos la memoria de Gimbler permanece viva. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

Published in Noticias

Todos los días Juan Camilo Restrepo llegaba de mañana a Galaxia Estéreo, la emisora comunitaria que dirigía en Sevilla, un corregimiento del municipio de Ebéjico, Antioquia. En su espacio radial se dedicaba a informar y entretener a la ciudadanía, pero también hacía fuertes críticas a la administración local.

El 31 de octubre del 2000, y con tan solo 26 años de edad, fue asesinado, aparentemente, por paramilitares. Las investigaciones dieron a conocer que Juan Camilo habría cubierto en sus emisiones varios casos de corrupción de funcionarios locales. Su asesinato habría sido una retaliación a sus críticas. 

 

Un periodista nato

Desde que era joven Juan Camilo sintió pasión por el periodismo. Su gran amigo y colega Héctor Echevarría recuerda que antes de entrar a la universidad les encargaron la coordinación de una pequeña emisora en AM que había comprado la parroquia del pueblo. “Luego de eso, Juan Camilo quedó muy emocionado con el tema y su sueño era tener algo en FM”, dice Héctor. 

Luego de eso Juan Camilo hizo su carrera de comunicador en la universidad. Aprendió más sobre el oficio del periodismo y cultivó una carrera prometedora en Medellín. Allí trabajó en TeleAntioquia, en la emisora Oriente Stereo de RCN, Rumba y La Z. “Todo eso lo dejó botado cuando se enteró que estaban adjudicando unas emisoras comunitarias en FM”, comenta Héctor. 

En 1997 Juan Camilo volvió a su pueblo natal, Ebéjico, para ponerse en frente de la emisora que se llamaría Galaxia Estéreo. Héctor cuenta que la emisora fue tan exitosa que se escuchaba en gran parte del occidente antioqueño. 

Parte del éxito de la emisora es que Juan Camilo se encargó de capacitar a su grupo de trabajo con las herramientas que él había aprendido en la universidad. “Además de posicionar la emisora, Juan Camilo realizó un trabajo muy importante de escuela periodística”, afirma Héctor. 

 

Los momentos de temor

“Nosotros nunca nos metimos con ellos”, dice Héctor, refiriéndose a las AUC, el grupo paramilitar que tenía una amplia presencia en la zona. Sin embargo, nada pudo evitar que el equipo de Galaxia Stereo quedara en la mira del grupo.

Para Héctor todo empezó cuando en época de elecciones hicieron un programa, junto a concejales de la oposición, en el que criticaban fuertemente al alcalde. “Nosotros no estábamos a favor de nadie, más bien le abríamos los micrófonos a cualquier persona que quisiera dar el debate”, comenta Héctor, explicando que ellos nunca se catalogaron como oposición de la Alcaldía. 

A partir de ese momento el alcalde saliente les declaró la guerra. Hizo que la Junta de Acción Comunal, que administraba la emisora, llamara repetidamente a elecciones de un nuevo director, para poder sacar a Juan Camilo de la dirección. “Nunca lo lograron, a pesar de que el alcalde le daba plata a los miembros de la junta para que votaran por otra persona, Juan Camilo siempre arrasó en las elecciones”, recuerda Héctor. 

Las AUC, que atemorizaban al pueblo de Ebéjico, nunca les hicieron amenazas de muerte. “Jamás nos dijeron que nos teníamos que ir del pueblo o que nos iban a matar, lo que sí es que nos decían a modo de advertencia que no nos metiéramos con el alcalde”, cuenta Héctor. 

Juan Camilo era consciente del peligro, así que un mes antes de las elecciones decidió que la programación de la emisora sería netamente musical, nada de debates que pudieran causar controversia.

Días antes de las elecciones el candidato que se posicionaba como el favorito fue hasta a la emisora y amenazó al equipo de Galaxia Estéreo. Héctor recuerda claramente las palabras de quien días después se convertiría en alcalde de Ebéjico: “yo voy a ganar y ese día ustedes se van”

 

La cita

“Todo fue muy inesperado”, cuenta Héctor. Ellos sabían que podían tener problemas con el alcalde electo y por eso acordaron que si cualquiera de los dos recibía una amenaza, saldrían del pueblo.

A pesar del temor, los días transcurrieron sin novedades hasta que un día uno de los comandantes de las AUC llegó a las oficinas de la emisora. “Lo que cuentan es que este señor le dijo a Juan Camilo que todo estaba bien, que el jefe solo quería limar asperezas y que querían acordar cómo podían trabajar juntos”, dice Héctor. 

En ese momento el paramilitar le dijo que era importante hacer una reunión con el jefe de las AUC, que estaba esperándolos en la montaña y que no tardarían. Juan Camilo aceptó, sin saber que la reunión fue la excusa que tuvieron para poder matarlo. Fue asesinado en frente de su hermano, quien lo había acompañado en moto hasta el lugar de la cita.

Luego de eso, todo el equipo de Galaxia Estéreo tuvo que huir del pueblo y dejar el sueño que estaban cumpliendo con la emisora. 

El asesinato de Juan Camilo entristeció tanto a la comunidad, que las mismas AUC organizaron una reunión para justificar el asesinato del periodista. Dijeron que era informante de la guerrilla y por eso lo habían tenido que matar. 

Hoy, se cumplen 20 años del homicidio de este periodista y su caso está en completa impunidad. Juan Camilo fue un periodista que a pesar de su corta edad, logró aportarle a la comunidad a través de su emisora. Que no caiga en el olvido su invaluable labor. En la FLIP no olvidamos.

Published in Noticias
Wednesday, 28 October 2020 11:23

29 años sin las palabras de Rafael Solano

Rafael Antonio Solano Brochero tenía 51 años cuando desconocidos lo asesinaron frente a su residencia del barrio Tabitas en Fundación, Magdalena, en 1991. 

Solano era periodista freelance, corresponsal para El Tiempo en Magdalena y también era propietario de su propia agencia de publicidad. 

La escritura era una de sus pasiones. Por eso, antes de escribir noticias, compuso el himno de Fundación. Así dice uno de los versos que le escribió a su municipio:  “Digna eres de una gran corona, pues tu nombre es de hidalga ciudad”.

Nunca se conocieron realmente quiénes estuvieron detrás del asesinato del periodista, ni tampoco los motivos. El caso de Solano se encuentra en completa impunidad; sin embargo, su memoria permanecerá vigente. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

Published in Noticias

El derecho al olvido ha sido reclamado por quienes creen que hay artículos en la web que deberían ser eliminados o bloqueados, pues son irrelevantes dado el paso del tiempo. También exigen que su nombre no aparezca en las publicaciones o sea modificado.  

A continuación le contamos con qué argumentos usted o su medio pueden defenderse. 

¿Qué hacer si le piden eliminar o bloquear contenido periodístico?

Estas exigencias las pueden hacer citando la ley de Protección de Datos Personales y diciendo que el medio está publicando datos personales sin la autorización de la persona. Usted puede responder que el objetivo de esta ley no es silenciar el trabajo periodístico, pues expresamente se establece que esta ley no aplicará a “las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales”. Además, no puede considerarse que las notas periodísticas sean bases de datos.

También es común que argumenten que la persona a la que se refieren los artículos no ha sido condenada o vinculada a un proceso legal. No obstante, los periodistas no dependen de los resultados de los procesos judiciales para informar u opinar y, mucho menos, de que se hayan iniciado acciones legales o investigaciones. En la Sentencia C-417 de 2009, la Corte Constitucional aclaró que la “verdad judicial”, es decir, la que surge de los procesos judiciales, no necesariamente equivale a la “verdad real”. 

Ahora, si se argumenta que las notas publicadas son irrelevantes, obsoletas o perjudiciales para las personas a las que se refieren, se puede responder que estos factores no son relevantes para restringir el acceso a informaciones u opiniones. No existe una norma constitucional o legal que obligue a los periodistas y a los medios de comunicación a eliminar artículos por este tipo de argumentos.

También pueden argumentar que la nota publicada vulnera los derechos a la intimidad, el buen nombre y/o la honra de la persona a la que se refieren. Sin embargo, la libertad de información prima sobre esos otros derechos cuando se informa sobre personas públicas o hechos de interés público. Al respecto, puede citarse la Sentencia T-066 de 1998, que dice que “cuando se presentan conflictos entre el derecho a la información y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, el derecho de información debe ser preferido, en principio, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación”. 

Finalmente, también le podrían argumentar que la información publicada es falsa, inexacta o errónea. Frente a ello, lo que se debería solicitar es una rectificación de la información y no su eliminación o bloqueo. La Sentencia T-626 de 2007 establece que quien solicita la rectificación tiene la carga de probar que el hecho informado no es cierto. También tenga en cuenta que no pueden pedirle rectificar una opinión, pues éstas no tienen por qué ser veraces o imparciales. Del mismo modo, quien pide la rectificación debe ser explícito en qué frases de la publicación son inexactas. 

Recuerde seguir las siguientes reglas a la hora de rectificar: Primero, la rectificación debe hacerse por el mismo medio y el mismo periodista. Segundo, debe tener un despliegue e importancia similar al de la publicación original. Por ejemplo, si la nota salió en radio en un horario prime time, la rectificación deberá hacerse en el mismo horario. Tercero, la rectificación debe hacerse en un término razonable a partir de la solicitud. Y cuarto, el medio o periodista debe reconocer expresamente que se equivocó.

Nuestro manual de derecho al olvido fue publicado en 2016 y desde entonces algunas cosas han cambiado. La más importante es que hoy en día sí puede considerarse que en Colombia hay jurisprudencia uniforme respecto al tema, contrario a lo que dice el manual. Sin embargo, las demás explicaciones que damos allí siguen vigentes. Puede leer nuestro manual completo sobre derecho al olvido aquí: https://www.flip.org.co/images/Documentos/guia-derecho-olvido.pdf

No olvide que si recibe solicitudes respecto a derecho al olvido o tiene alguna pregunta sobre  el tema, puede contactarnos: https://flip.org.co/index.php/es/atencion-a-periodistas/censura-en-internet 



Published in Noticias

Gabriel Angarita es periodista y director de TV Cúcuta, un medio regional e independiente de Norte de Santander. Ha publicado sin temor denuncias sobre irregularidades en la gestión de alcaldes, gobernadores, concejales y empresarios, pero, en menos de un año,  ha tenido que afrontar una tutela y cinco denuncias por injuria y calumnia. 

Si bien parecen recursos legales a los que Angarita no debería temer si está seguro de que ha hecho bien su trabajo, estas acciones tienen todas las características de maniobras para desincentivar su investigación periodística, aislar su atención del trabajo, minar su economía personal o la de su medio para costear la defensa y generar una presión psicológica que puede desencadenar la autocensura, incluso antes de que se produzca cualquier fallo.  

A este tipo de amedrentamiento se le conoce como acoso judicial. Angarita se ha mantenido firme, a pesar de la hostilidad de sus demandante, quienes también lo han insultado públicamente e incluso lo han agredido físicamente. 

Desde la FLIP hablamos con él para conocer su caso y entender mejor el impacto del acoso judicial en su trabajo, en la libertad de prensa y en la dignidad e integridad de los y las periodistas.

¿Cuándo fue la primera vez que lo denunciaron por injuria y calumnia?

Fue el año pasado, en plena época de elecciones. Uno de mis periodistas documentó que en la Gobernación estaban haciendo política con el Día de la Mujer. Habían reunido a un grupo de señoras para darles regalos con propaganda electoral, gritaban ¡qué viva el candidato tal! Mi periodista grabó todo eso y en la nota criticamos que se usara el erario público para hacer campaña política. Esa publicación nos dio la primera denuncia por injuria y calumnia, la hizo el gobernador William Villamizar. 

¿Cómo se desarrolló el caso, usted qué hizo?

Bueno, primero hubo una audiencia de conciliación, en la cual yo me ratifiqué y respaldé a mi periodista. También solicité el acompañamiento de la Procuraduría y del Consejo Superior de la Judicatura, porque consideraba que el gobernador tenía mucho poder y queríamos un proceso equitativo. En esa conciliación fue la primera vez que noté que había un desbalance y que los mismos conciliadores estaban del lado de los políticos. 

¿En qué consistía ese desbalance del que habla?

Cuando llegamos a las conciliaciones, y le hablo de todas, los conciliadores llegan saludando: “hola señor alcalde, qué tal le ha ido”, mientras que a mí me miran como una miércoles. Es aberrante el desbalance que hay. No me he retractado en ninguna conciliación porque tengo las pruebas. Muchas me las envía la misma ciudadanía. 

En otra de las conciliaciones estaba la esposa del alcalde de Cúcuta del momento, que es una funcionaria de la Fiscalía: Zuleima Cruz Gaona. La señora me trató de payaso y terrorista durante toda la audiencia. El conciliador me regañaba a mí y la felicitaba a ella. 

El desbalance también se nota cuando nos intentan amedrentar. Por ejemplo, en mi primera conciliación, una señora de la Fiscalía me dijo que era mejor que me retractara y arreglara, porque de lo contrario tendría que gastar plata en un abogado. 

Significa que han sido varias las conciliaciones y varios los procesos que ha tenido que afrontar.

¡Claro! En agosto del año pasado me denunció el entonces alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas por una nota en la que cierro diciendo que él tiene el sello de los asesinos. A Rojas lo puso el exalcalde Rodrigo Suarez, condenado a 27 años por ser determinador de un homicidio. Desde La Picota Suárez definía elecciones, contratos y demás. Rojas continuó con el poder político de su antecesor y en ese momento, prácticamente había dos alcaldes, uno en el Palacio Municipal y el otro en La Picota. No rectifiqué ni me retracté, solicité el acompañamiento de la Procuraduría. 

El siguiente fue el caso con Zuleima Cruz Gaona, alta funcionaria de la Fiscalía y esposa del entonces alcalde Rojas. Nos denunció por injuria y calumnia por una entrevista que di en W Radio en la que dije que ella, por su cercanía con el Alcalde de la ciudad, estaba detrás de muchos de mis procesos. 

A finales del 2019, publicamos un audio de Leonardo Jacome, el presidente del Concejo, en el que dice: “yo quito y pongo decanos, yo subo y bajo las matrículas cuando me dé la gana”. Jacome usaba los subsidios que del convenio entre la alcaldía y la Universidad Francisco de Paula Santander para decirles a los estudiantes: “consiga cinco votos o si no, no le damos el subsidio”. Jacome nos denunció por injuria y calumnia con el argumento de que no podíamos probar que la voz de los audios era la de él. 

Después vino el incidente del Concejo, cuando me sacaron a golpes y empujones. Yo entré al recinto y Jacome me dice, con una clara intención de provocarme: “ahí llegó el adalid de la moral con su bate”, refiriéndose a mi trípode. Me dice que me acerque y en frente de todo el Concejo empieza a decir que yo le estaba cobrando 500 mil pesos y como no me los había pagado, yo lo había traicionado. Todo era falso. Entonces, el concejal Olivero Castellanos se para, me empuja hacia la puerta y me da un golpe en la espalda que me deja sin respiración. 

 

La siguiente denuncia por injuria y calumnia me llega de Castellanos. No entiendo muy bien de qué va el tema, pero creo que es una herramienta para intentar defenderse de lo que hizo. Yo abrí un caso en Procuraduría y en Fiscalía por la violencia física en el Concejo. Pero en ninguna de las dos instituciones ha avanzado mi caso. 

Por último, vino la tutela que interpuso el empresario Víctor Carrillo en el mes de junio de este año. Él es el presidente nacional de Medimás y gerente de Ecoopsos, una EPS de Cúcuta. Publicamos que Carrillo le habría comprado, a un funcionario de la Secretaría de Salud, 20 mil usuarios para que los afiliaran a Ecoopsos. Toda esa gente apareció afiliada a Ecoopsos de la noche a la mañana y sin firma. Hubo usuarios que se molestaron y denunciaron. Al final un juez me obligó a retractarme, incluso cuando yo tenía los documentos de la compra de los 20 mil usuarios. 

¿Cómo han afectado todas esas denuncias su trabajo periodístico?

Han hecho que yo tenga que limitar a mis periodistas. Nos han quitado mucho tiempo y ha sido desgastante. Ahora lo pensamos dos veces antes de hacer una denuncia fuerte. Cuando hay temas delicados les digo a mis periodistas que mejor los manejo yo.

Creo que lo que le ha pasado a TV Cúcuta se va a volver un arma de la clase política para amedrentar a la prensa. La limitación a nuestra libertad de prensa ha sido importante. Y eso le pega duro al medio, porque nos hemos caracterizado por ser independientes y voceros de la comunidad. Pero también pasa que si no denunciamos, empezamos a perder fuentes porque empiezan a decir: “ay, a este lo compraron”. Tengo fuentes muy importantes, que me he ganado gracias a la transparencia.

En medio de lo hostil del ambiente que le toca sortear, ¿por qué  sigue haciendo periodismo?

Porque creo que sí se puede enfrentar a los poderosos y denunciar lo que hacen. Si usted tiene las pruebas y siempre está del lado de la gente, esa credibilidad es una fortaleza grandísima. La ciudadanía termina protegiéndote. 

Published in Noticias

Las plataformas en internet son primordiales para el desarrollo del periodismo en estos momentos. Por esta razón, también son un blanco para aquellos que quieren censurar o amedrentar a la prensa.

La FLIP documenta y denuncia agresiones a la prensa que ocurren exclusivamente en internet. En esta categoría se encuentran las solicitudes de eliminación de material, las acciones arbitrarias en redes sociales y los ciberataques a páginas web.

Solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet:

Desde hace algunos años, algunas personas, especialmente abogados, argumentan que se puede solicitar a un medio de comunicación que elimine o bloquee artículos periodísticos que consideran irrelevantes debido al paso del tiempo.
En esta guía pueden conocer lo que se ha dicho al respecto del llamado “derecho al olvido” y cómo responder a estas solicitudes.
Además, en este paso a paso les explicamos cómo responder a las solicitudes de rectificación.

Ciberataque a páginas web:

Ataques digitales para obstruir la labor periodística como: acceso ilegal a usuarios y contraseñas de computadores, correos y administradores de contenidos; falsificación de cuentas de usuario para suplantar al periodista; ataques a la página del medio de comunicación para dejarlo fuera de servicio e instalación de programas maliciosos con el fin de robar información.

Acciones arbitrarias de redes sociales:

Acciones de plataformas de Internet, a través de las cuales se bloquea, limita o elimina contenido de medios o periodistas obstruyendo la difusión o la obtención de información de interés público. También aplica para casos en los que las plataformas impiden que los periodistas ingresen a sus perfiles como administradores de sus páginas.

En la FLIP estamos comprometidos con defender el derecho a la libertad de prensa y a recibir información. Por esta razón, si usted es periodista y está siendo víctima de estos ataques, no dude en contactarnos por nuestras redes sociales o por el correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Published in Noticias

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las presiones por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de personas cercanas al mandatario contra los equipos periodísticos de la W Radio y El Espectador. La FLIP pudo documentar que Quintero presionó personalmente a directivos de medios de comunicación y señaló a periodistas de ser opositoras a su gestión como forma de evadir las preguntas acerca de asuntos sobre los cuales debe rendir cuentas.

En hechos conexos a esta situación, funcionarios de la administración intentaron forzar a medios nacionales y locales para mejorar la imagen del alcalde a cambio de pauta. Funcionarios de Telemedellín solicitaron a la W Radio que rectificara una publicación veraz  y que además el medio de comunicación accediera a suscribir y publicar un comunicado conjunto con Telemedellín para difundir como cierta una situación que no correspondía con la realidad. 

En un acto de integridad periodística, Caracol Radio (empresa de la que hace parte La W) rechazó enfáticamente las aspiraciones del alcalde y de sus funcionarios para censurar a la prensa, respaldó a sus reporteras frente a los señalamientos del mandatario, declaró la oferta de pauta como un chantaje inaceptable y se negó a aparecer en un comunicado que pretendía difundir información errada para encubrir  lo sucedido. Por su parte el director de El Espectador tampoco cedió a las presiones judiciales que anunció Quintero y le indicó que se debía comunicar con las periodistas que tenían preguntas por formularle y no con él como director. 

Señalamientos estigmatizantes a periodistas para evadir su deber de ofrecer respuestas sobre asuntos que le competen

Durante la última semana un equipo periodístico de la W Radio ha estado documentando denuncias de mujeres que señalan a Quintero Calle de haber cometido actos de violencia sexual. En la reportería se incluía contrastar las denuncias de las dos mujeres con el alcalde de Medellín. Desde ese momento empezaron las presiones contra los medios de comunicación que estaban investigando el tema y sus fuentes.

Isabel Escobar, periodista de W Radio Medellín, se comunicó con la Alcaldía de Medellín y el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, le contestó que necesitaban dos días para dar una respuesta. Antes de ofrecer su versión, Quintero contactó a Johana Fuentes, subeditora de la W, y le aseguró que estas denuncias eran un ataque político y que únicamente saldría al aire si el medio tenía otros testimonios que soportaran la denuncia. 

Presiones a directivas de medios de comunicación desde la condición de alcalde de Medellín con propósitos personales

Luego de las comunicaciones que Quintero sostuvo con las reporteras de la W, el mandatario tomó contacto con el presidente de Caracol Radio para intentar obstaculizar la publicación. El alcalde de Medellín reiteró los señalamientos a las periodistas como opositoras a su gobierno y de tener intereses políticos sobre la publicación de la nota. Frente a esta situación el medio respaldó a las periodistas.

A pesar de las presiones por parte del alcalde de Medellín, el medio de comunicación decidió publicar las denuncias de las dos mujeres pero, sin mayor explicación, una de las afectadas decidió no responder a la entrevista al aire. Hasta el momento se desconoce si el alcalde o funcionarios de la alcaldía interfirieron en esta decisión, pero la FLIP tiene conocimiento de que una persona cercana al alcalde tomó contacto con la fuente y le mencionó a las periodistas de la W. Hechos que, para ése momento, sólo conocían las periodistas y la fuente. 

Luego, Mariángela Urbina y Viviana Bohórquez, periodistas de Las Igualadas de El Espectador, retomaron la investigación y el 19 de junio se contactaron con Quintero para conocer su versión. El mandatario no respondió a los cuestionamientos pero sí se comunicó con Fidel Cano, director de El Espectador, para persuadirlo sobre la publicación. Cano lo remitió a que respondiera las preguntas que Mariángela y Viviana tenían para él. El Alcalde anunció que iba dejar todo en manos de su abogada y que podían ser sujetos de acciones legales si la publicación afectaba su reputación.

Intento de usar recursos de pauta oficial para propósitos personales

Ante la negativa de la W de suspender la publicación, el 18 de junio funcionarios de Telemedellin (agencia de medios de la alcaldía) se comunicaron con Caracol Radio para ofrecerle un contrato de pauta por cinco millones de pesos en el que se pretendía incluir el compromiso del medio de comunicación de hacerle dos entrevistas a Daniel Quintero en las que se resaltara el lado familiar del alcalde como padre. La gerencia de Caracol Radio Medellín rechazó la oferta argumentando que en la compañía no se hacen este tipo de contratos por publicidad. En entrevista con la W el alcalde aseguró que nadie de su equipo iba a ser despedido por lo ocurrido: “No, no, definitivamente no, esto es absurdo. Yo cuido a mi gente, yo quiero a mi gente, tengo un buen equipo, es un equipo de gente joven, muy joven, sí, pero aquí todos estamos aprendiendo (...) si hubo un error en Telemedellín, se corrige y para adelante”.

Para la FLIP es inaceptable que la alcaldía se escude en una curva de aprendizaje que no exime del cumplimiento de la ley ya que el 20 de mayo la FLIP ofreció un taller sobre los usos de la publicidad oficial y prohibición del uso de la pauta oficial como mecanismo de censura en el que participó el equipo de la Secretaría de Comunicaciones de Medellín. Al taller asistieron nueve funcionarios de la alcaldía, incluyendo a Juan Felipe Upegui, que fue uno de los directamente involucrados en el intento de chantaje a través de la pauta para asegurar un tratamiento favorable al alcalde en Caracol. Además de los ejercicios propios del taller, al final se compartió con los funcionarios una guía de buenas prácticas en el uso de la publicidad oficial. 

Solicitud desde Telemedellín para falsear lo ocurrido

Una vez la W publicó que la “Alcaldía de Medellín ofreció pauta en medio de denuncias contra Daniel Quintero” funcionarios de TeleMedellín solicitaron al medio que rectificara una nota veraz y que además accediera a suscribir un comunicado conjunto para encubrir la gravedad de los hechos y hacer ver el intento de censura como un error común de comunicación. El medio se negó y Telemedellín publicó un confuso comunicado que tampoco obedece a lo ocurrido. 

Sólo hasta el momento en el que la alcaldía agotó todas las opciones para intentar censurar a la prensa, el alcalde finalmente aceptó dar una entrevista a la W.

Ingreso no autorizado a cuentas de periodistas en redes sociales

Entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio, Viviana Bohorquez, Juan David Ortiz e Isabel Escobar -periodistas que han estado cubriendo estos hechos- reportaron a la FLIP notificaciones de ingreso a sus cuentas de twitter donde se advierte de inicios de sesión no autorizados desde Antioquia. Agresiones que tienen como común denominador que ocurren contra periodistas que han estado cubriendo las denuncias contra el alcalde Quintero y que suceden en paralelo a todos estos intentos del alcalde y sus funcionarios por censurar a la prensa durante la última semana. De igual forma la periodista Ana Cristina Restrepo también advirtió un funcionamiento atípico en su correo electrónico en el que se frustró la llegada a tiempo de su columna habitual en El Colombiano en la que opinaba sobre las denuncias contra Quintero. 

Estos hechos aumentan la preocupación sobre las garantías a la actividad periodística en Medellín y la activación de acciones invasivas contra periodistas que están cubriendo estas denuncias. 

Una administración que recurrentemente evade el control social de los medios y despliega a funcionarios públicos para atender un asunto que no guarda relación con sus labores en la alcaldía

La FLIP estima que al menos veinte funcionarios entre asesores del alcalde, secretario de comunicaciones, jefe de prensa, funcionarios de Telemedellín y sus respectivos equipos de trabajo han estado disponiendo del tiempo que se les paga con recursos públicos para atender un asunto que si bien concierne a Daniel Quintero no involucra a la Alcaldía de Medellín y por lo tanto es cuestionable el uso de recursos públicos para asuntos que no guardan relación con la función por la cual trabajan en la administración.

Si para algo ha servido este despliegue exagerado de funcionarios es para dilatar y obstaculizar las respuestas a preguntas legítimas que tienen periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales. Un puñado de funcionarios, que lejos de facilitar que las respuestas de la alcaldía lleguen de forma más eficiente y oportuna a la prensa, parecieran estar a cargo de distraer, evadir y dilatar las respuestas de la administración y del propio Quintero.

Para la FLIP esto lleva a dos escenarios: o no hay control de la información (asunto improbable en una administración tan grande y robusta) o hay una intención deliberada de no responder a quienes ejercen control social a lo público desde los medios de comunicación. Los funcionarios de la alcaldía administran la expectativa de una respuesta con el propósito de dilatar las publicaciones. 

En la documentación de este caso la FLIP pudo corroborar la situación que describen los periodistas. La Fundación intentó contactar al alcalde pero no fue posible. Por esta razón al cierre de este comunicado la FLIP formula públicamente algunas preguntas para que puedan ser incorporadas cuando a bien considere responderlas el alcalde Quintero. 

---------

La FLIP expresa su preocupación por estas presiones, debido a que un ejercicio diligente en el oficio periodístico, como lo es contrastar la información con las fuentes, no puede convertirse en un escenario oportuno para que los funcionarios públicos intenten ejercer presiones con el fin de impedir la publicación de investigaciones que puedan afectarles. 

La FLIP le exige a Daniel Quintero Calle que cumpla con su obligación de garantizar la libertad de prensa. Esto implica: i) abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes a periodistas que lo cuestionan, ii) permitir el acceso oportuno a información pública de conformidad con la ley 1712 de 2014, iii) prohibir que se ejerzan presiones a medios y periodistas a través de la pauta oficial en todas las entidades a su cargo y sancionar ejemplarmente a quien lo haga, y iv) rechazar públicamente las violencias contra la prensa que ocurran dentro del municipio a su cargo y especialmente aquellas que se dirijan contra los periodistas que han formulado críticas a él o su gestión. 

La FLIP anuncia que hará seguimiento particular a este caso para monitorear que no haya represalias futuras a través de la publicidad oficial y/o acciones que puedan afectar individualmente la estabilidad laboral de las periodistas que han hecho seguimiento a estas denuncias. 

En ausencia de correctivos y sanciones desde la alcaldía, la FLIP solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue lo sucedido con el fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios de la administración de Medellín frente a estas presiones contra la prensa con el fin de asegurar que las sanciones disciplinarias correspondientes sean proporcionales a la gravedad de lo aquí denunciado.

-------------------

Preguntas que no pudieron formularse al alcalde Daniel Quintero: 

  • ¿En qué consistieron las comunicaciones que se establecieron desde la alcaldía y cuál era el objetivo de las llamadas a los directivos de los medios de comunicación? ¿Por qué no responde a las preguntas de las periodistas y, en cambio, acude rápida e insistentemente a directivos de los medios?

  • ¿En qué soporta los reiterados señalamientos a periodistas como oposición a su gestión que transmitió en al menos dos oportunidades a directivos de Caracol Radio y W Radio? ¿Qué reacción esperaba de parte de sus interlocutores cuando asignaba esas etiquetas estigmatizantes contra las reporteras?

  • ¿A qué tipo de acciones judiciales contra El Espectador hacía referencia en la comunicación con Fidel Cano? ¿Cómo explica el anuncio de una acción judicial sobre un contenido no publicado? ¿Conoce las restricciones de acoso judicial a la prensa cuando se activan desde cargos con responsabilidades públicas?

  • Bajo el entendido de que los señalamientos que se le hacen no guardan relación con su función como alcalde y le atañen de forma personal, ¿cómo justifica el despliegue de funcionarios públicos para atender un asunto personal?

  • El Estatuto Anticorrupción en su artículo 10 dice: “Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión". ¿Podría explicar cómo su administración garantiza el cumplimiento de esta ley y asigna sanciones a quienes desconozcan ésta obligación? 

  • ¿Cuál es el compromiso de la Alcaldía de Medellín para garantizar la labor periodística de los medios que son críticos a la gestión de la administración? ¿Qué opinión le merece que cuatro periodistas que han hecho seguimiento a las denuncias contra usted reportaran ingresos a sus cuentas de twitter o situaciones anómalas con sus comunicaciones digitales?

  • ¿Cuáles son las políticas adelantadas por la Alcaldía de Medellín para la asignación de contratos de pauta oficial?

  • ¿Cuáles son los correctivos que tomará la Alcaldía de Medellín para sancionar a los funcionarios responsables de proponer contrato de pauta oficial a Caracol Radio, teniendo en cuenta que usted asegura que esa no fue una directriz de la alcaldía? 

 

 

*Este comunicado fue actualizado a las 12:12 pm. del 25 de junio.

Published in Pronunciamientos
  • En octubre del 2019 el Movice pintó el mural llamado ¿Quién dio la orden?. Miembros del Ejército lo pintaron de blanco.

  • En diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia.

  • El Juez 13 Civil del Circuito ordenó al Movice retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

  • La FLIP presentó una acción de nulidad, si se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional

 

La FLIP rechaza el fallo de tutela del 21 de febrero en el que se ordena al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) eliminar de paredes, redes sociales y medios de comunicación la imagen del mural ¿Quién dio la orden?, altamente difundida en redes sociales desde octubre de 2019.

El 18 de octubre de 2019, el Movice y otras organizaciones de la Campaña por la Verdad pintaron un mural que mostraba los rostros de cinco altos oficiales del Ejército (dos de ellos ya retirados) con cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En horas de la noche, miembros del Ejército irrumpieron en el lugar y pintaron la obra de blanco, hecho que fue denunciando por el Movice a través de redes sociales. El 19 de diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia. 

Aunque el juez de primera instancia falló a favor del Movice y reconoció que la publicación es una manifestación legítima de la libertad de expresión, el juez que conoció la impugnación instó al Movice a retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

La FLIP considera que la decisión del Juez 13 Civil del Circuito es imposible de cumplir porque retirar la imagen de todas las redes sociales y medios de comunicación tras haber sido difundida de forma masiva excede la capacidad del Movice. Para poder cumplir con esta orden, se tendría que consultar a las demás personas y organizaciones que la replicaron para que la retiren. Esto, fuera de ser irrazonable y altamente dispendioso para el Movice, requiere vincular a quienes han reproducido la imagen al proceso de tutela.

Frente a esto, se reitera que la orden va en contra del debido proceso y la legítima defensa porque ninguno de los medios y personas que publicaron la imagen fueron vinculados al proceso de tutela, por lo que no tuvieron la oportunidad de defenderse en el proceso o aportar sus propias pruebas. La FLIP recuerda que el juez debe vincular al trámite de tutela a todas las personas que puedan verse afectadas por la decisión, pues toda persona tiene derecho a ser informada de procesos que le afectan como una garantía mínima del debido proceso.

El 27 de febrero, la FLIP presentó una solicitud de nulidad de la sentencia ante el Juez 13 Civil del Circuito por las vulneraciones que suponen frente al debido proceso. Si después de subsanada la nulidad se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional. La FLIP hace un llamado al juez del caso para que anule este fallo violatorio de la libertad de expresión y el debido proceso.

 

Published in Pronunciamientos
  • Un juez impuso orden de arresto y multa en contra del periodista Lucio Torres.
  • La orden de arresto se dio después de que el líder religioso Miguel Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato.
  • Todo el trámite de tutela estuvo atravesado de irregularidades que afectan directamente al periodista.

 

La FLIP rechaza la orden de arresto por diez días y la multa de diez salarios mínimos impuesta por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena contra el periodista Edison Lucio Torres. La orden del juez fue emitida después de que el periodista se negara a retirar las publicaciones en las que se refiriera a Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida, y a su esposa María Paula García Silva.

La orden de arresto se dio después de que Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela. En su decisión, el juez ordenó la eliminación de toda la información publicada en los portales para los que trabaja el periodista y en donde tenga alguna influencia. Además, previno al periodista para que se abstuviera de “incurrir en hechos violatorios de los derechos fundamentales de las personas”. De acuerdo con la entrevista que le concedió al portal Mundo Noticias, en total son ocho publicaciones en las que el periodista se ha referido al líder religioso.

La FLIP tuvo conocimiento de una serie de irregularidades durante el trámite de tutela interpuesto contra el periodista. En primer lugar, pese a que el fallo de tutela fue emitido el 2 de diciembre de 2019, el periodista sólo tuvo acceso a éste hasta el 14 de febrero del 2020. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el desconocimiento del contenido de la sentencia impidió que el periodista pudiera ejercer su derecho a la defensa e impugnar el fallo. Tercero, pese a que el periodista alegó la nulidad del fallo por una evidente violación al derecho fundamental al debido proceso, el Juzgado Trece Civil Municipal de Cartagena, quien tuvo conocimiento de la solicitud de nulidad, rechazó la petición. 

Las órdenes emitidas por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de eliminar el contenido publicado por el periodista son innecesarias, desproporcionadas y atentan seriamente contra la libertad de expresión y de prensa. En consideración de la FLIP, la decisión del juez desconoce la regulación de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional, las cuales exigen la presentación de una solicitud de rectificación antes de dar trámite a una acción de tutela. Así mismo, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización. 

Forzar al periodista a retirar de internet las notas periodísticas y negarle la oportunidad de aportar los documentos que apoyan su reportería, además de violar la libertad de expresión y el debido proceso, también vulneran el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.  

Resulta aún más preocupante la orden de arresto por diez días emitida por el juez de tutela. Esta es una medida extrema que funciona como un mensaje disuasorio, que genera intimidación en los periodistas e impide el libre ejercicio de su labor.

La FLIP rechaza esta clase de decisiones y hace un llamado a las autoridades judiciales para que sus fallos se adopten a los estándares internacionales de libertad de expresión y garanticen el debido proceso y el derecho de defensa de los periodistas.

Published in Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones recibidas por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y el medio La Silla Vacía para que se elimine de internet información periodística de interés público. Estas solicitudes son contrarias al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Entre diciembre y enero, Fecolper ha recibido solicitudes del abogado de Adriana Bernal, fundadora del portal digital KienyKe, para que se elimine el perfil de la empresaria del estudio sobre propiedad de medios elaborado por la federación junto a Reporteros Sin Fronteras. El mencionado perfil incluye información sobre las actividades desarrolladas por Bernal, incluyendo información sobre las deudas de Red Assist, una plataforma fundada por ella, que ofreció servicios a grandes empresas aseguradoras del país.

De acuerdo con el abogado, entre julio y octubre de 2019 se enviaron solicitudes a Fecolper para que actualizara la información del perfil. Sin embargo, Fecolper no tuvo conocimiento de ninguna solicitud hasta diciembre, cuando a través de un correo electrónico el abogado le dijo que parte de la información estaba errada y le solicitó suprimir la totalidad del perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos en aras de resarcir el daño moral causado”. En la solicitud se pide que, en caso de no acceder a la solicitud de eliminación, se proceda con la desindexación de la URL de los motores de búsqueda.

Fecolper contestó manifestando su disposición de actualizar la información contenida en el perfil, sin embargo, en enero el abogado insistió en la solicitud de eliminar o desindexar el perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos”. Ante la amenaza de un proceso de responsabilidad civil, Fecolper accedió a la petición de Bernal de desindexar el perfil de Bernal de la plataforma.

El caso de Fecolper no es el único reportado a la FLIP en el que se ha presionado a través de amenazas de acciones legales buscando la eliminación de una publicación. El medio La Silla Vacía también ha recibido esta clase de intimidaciones por parte de Eliminalia, una empresa dedicada a tratar de eliminar de internet información cierta de sus clientes.

La Silla Vacía publicó una historia en la que denuncia cómo Eliminalia abusa de una ley estadounidense de derechos de autor para censurar medios de comunicación. Después de esto La Silla recibió un correo de Eliminalia en el que le pedía que se eliminara el artículo. La solicitud señalaba que “no queda la menor duda de que su actuación con la publicación que nos ha regalado a fecha de hoy, ha sido maliciosa, lo que también puede ser penado por la ley”.

La FLIP ha tenido noticia de empresas y abogados que ofrecen servicios para eliminar información publicada por medios de comunicación, afectando los derechos de los medios y sus audiencias. Ante la perspectiva del desgaste económico y emocional de esta clase de procesos, los periodistas frecuentemente optan por suprimir la información. Quienes envían esta clase de solicitudes ignoran que la información que se presenta es de interés público y que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al ser empresas o personajes con proyección pública están sometidos al escrutinio público y por lo tanto deben ser más tolerantes a la crítica.

Las medidas de eliminar o desindexar el contenido en línea son innecesarias y desproporcionadas. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, cuando existan reparos sobre información incorrecta, es procedente una solicitud de rectificación. Por otra parte, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización.

La FLIP rechaza esta clase de solicitudes y hace un llamado para que se deje de intimidar a la prensa a través de la amenaza de acciones judiciales.

Published in Pronunciamientos
Page 1 of 8