Rafael Moreno fue el primer periodista en ser asesinado en el 2022 por razones de su oficio. Investigaba sobre corrupción en el sur de Córdoba y era reconocido en la zona por su trabajo de veeduría. Su caso deja al descubierto las amenazas y riesgos a los que están expuestos las y los periodistas en las regiones.
Por: Daniel Chaparro
“Que hacer periodismo no nos cueste la vida”, repitieron en coro algunos periodistas del sur de Córdoba, y otros del Bajo Cauca antioqueño, en un homenaje a la memoria de su colega Rafael Moreno, el 26 de octubre de 2022, diez días luego de su asesinato. Hoy, casi cuatro meses después del homicidio, se desconocen los avances en la investigación por parte de la Fiscalía y no se aclaran las responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el único caso de un periodista asesinado que contaba con un esquema de protección de esa entidad.
Las consignas que acompañaban el pequeño salón en Montelíbano, Córdoba, recordaban otras no muy lejanas en el tiempo, con las que se suele denunciar el asesinato de periodistas y expresar el temor de quienes continúan en el oficio. En Colombia hemos visto esa misma imagen, con tonalidades diferentes, al menos 164 veces. La violencia letal contra la prensa se ha ramificado y ha alcanzado a reporteros y reporteras en distintos rincones del país, dejando un vacío de información en aquellos lugares donde los y las periodistas han optado por desplazarse, abandonar el periodismo o callar, cansados de demandar garantías de protección para sus vidas. El silencio, como lo saben quienes permanecen en las zonas más violentas, no es una opción sino la única posibilidad para sobrevivir.
Rafael Moreno, que creció en Puerto Libertador y recorrió los municipios del sur de Córdoba, también lo sabía. Sin embargo, en 2018 creó Voces de Córdoba, un medio digital en Facebook con cincuenta mil seguidores, del que era director y periodista.
Un reportero contra la corrupción
Rafael era el más entusiasta de un pequeño grupo de periodistas que investigaba la corrupción en el sur de Córdoba, sobre todo en San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano. Su trabajo consistía en sumergirse en la plataforma de contratación del Estado y hacer reportería en los municipios en los que se evidenciaban retrasos o irregularidades. La disparidad entre los contratos y las obras evidenciaba una corrupción que Rafael exponía en videos y en opiniones en vivo, que aún están disponibles en la página de Voces de Córdoba.
Todas ellas se difundieron rápidamente entre los habitantes del departamento, no solo por sus contenidos y las pruebas que las acompañaban, sino por el tono con el que se refería a estas noticias. Por ejemplo, al estadio de fútbol de Puerto Libertador, que prometió ser entregado en un año, Rafael lo llamó “La Eternidad”, porque después de cuatro años no han terminado la obra. Carreteras inconclusas, hacinamiento en cárceles o el uso de canteras ilegales para construcción fueron otras de sus denuncias.
Su estilo periodístico cautivaba a la audiencia y contagiaba a las y los demás periodistas de la zona. “Él se estaba atreviendo y otros se estaban animando”, dijo Yamir Pico, primo de Rafael y periodista de la zona. Las alertas de corrupción y su capacidad para evidenciarla y renombrarla, incomodaron desde un primer momento al poder, que acudió a la violencia para acallar la voz del periodista que les zumbaba en el oído y les revoloteaba en sus cabezas.
Ausencia de garantías
Desde febrero de 2019, a poco menos de un año de crear su medio, Rafael empezó a recibir amenazas. En ese momento se trató de un panfleto que los declaraba a él y a su colega y amigo, Organis Cuadrado, como objetivo militar. Luego, entre mayo de 2020 y julio 2022, y según la documentación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hubo seis intimidaciones más. Ninguna de esas agresiones fue esclarecida, pues no se supo quiénes estaban detrás de ellas, ni los intereses que tenían para querer censurar el trabajo de Rafael. El periodista, pese a las amenazas, el aumento de la violencia en la zona y el retiro de su esquema de protección en septiembre de 2021, siguió denunciando y ejerciendo su oficio.
La última amenaza que recibió la encontró en el baúl de su moto, una mañana, antes de salir a hacer reportería sobre unas obras inconclusas en Montelíbano. Era una nota que empezaba: “parcero usted se cree el puticas porque habla en público y por eso se cree intocable, aquí ninguno lo es”. Un par de líneas más abajo le anunciaban que sabían todas sus rutinas y movimientos. El mensaje culminaba con una sentencia: “... no te vamos a perdonar lo que estás haciendo, así que ya sabe parcero, el resto del proveedor de esta nueve, está listo esperando por ti (sic)”. Junto a la nota había un cartucho de un arma de fuego.
Al momento de su asesinato, el 16 de octubre de 2022, Rafael tenía asignado un esquema de protección de la UNP que constaba de un chaleco, un botón de pánico y un escolta, quien no se encontraba en el local de comidas rápidas donde ocurrió el homicidio, y que colegas, familiares y amigos del periodista dijeron no conocer.
Periodismo en medio de la zozobra
La mayoría de agresiones contra la prensa en Córdoba en 2022 se concentraron en el sur del departamento: diecisiete de los veintiún ataques se hicieron en esa subregión. “No necesitamos flores, queremos garantías”, se leía en una de las carteleras que colgaron en el homenaje a Rafael en Montelíbano, en un auditorio donde, a pesar de ser invitados, la presencia de funcionarios del Estado fue mínima.
La exigencia de garantías es necesaria para el puñado de periodistas que conviven cotidianamente con el miedo a perder la vida y que, después de lo ocurrido con Rafael Moreno, piensan en abandonar el oficio. Mientras las medidas llegan y el Gobierno nacional calla frente al asesinato de Rafael, las y los periodistas de Córdoba han dejado de investigar y hacer denuncias como las que realizaba su colega.
