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Thursday, 16 July 2020 09:45

Voces silenciadas un 16 de julio

Voces silenciadas un 16 de julio Créditos: Archivo particular, Corporación Reiniciar Galería Viva, archivo particular

Hoy, 16 de julio, conmemoramos los asesinatos de cuatro periodistas colombianos, todos los casos siguen en completa impunidad. Este año es el aniversario número 34 de la muerte de Roberto Camacho, el número 33 de la muerte de Fernando Bahamón, y no se ha siquiera señalado a ningún responsable por sus homicidios. Por otro lado, las investigaciones por los asesinatos de Eduardo Estrada y Denis Sánchez; desde 2001 y 2002, respectivamente, continúan en vilo. Sus familiares esperan respuestas. 

Luis Roberto 

Luis Roberto Camacho estaba con su esposa el día que fue baleado en el centro de Leticia. Sabía desde antes que su vida corría peligro, pues había denunciado en las páginas de El Espectador la presencia de narcotraficantes, como Evaristo Porras, en la zona. Además, como corresponsal en el Amazonas, Camacho evidenció el riesgo de fraccionamiento del departamento. A mediados de los 80, los involucrados en el negocio del narcotráfico pujaban por la implementación de una Amazonas federal, pues esto les ayudaría de alguna forma a llevar a cabo sus negocios, dijo uno de los hijos de Camacho en una columna escrita hace 10 años para El Espectador. 

El homicidio de Camacho fue el primero de una ola de asesinatos y violencia que cayó sobre el periódico El Espectador, de parte del cartel de Medellín.  A finales de 1986, el mismo año que mataron a Camacho, también fue asesinado el director del diario, Guillermo Cano.

Fernando 

Exactamente un año después, en 1987, Fernando Bahamón fue asesinado por pistoleros frente a la Gobernación de Caquetá en Florencia. Además de ser periodista para RCN radio, Noticiero 24h y El Espectador, se desempeñaba como Concejal de San Vicente del Caguán. Se cree que su asesinato hizo parte de la persecución del narcotráfico hacia El Espectador, pues Bahamón había denunciado la mafia de la producción de cocaína en el departamento. Según la Fiscalía, el caso aún sigue activo y Luis Ángel Parra Molina está siendo investigado. 

Eduardo

No han sido solo los periodistas afiliados a grandes medios las víctimas de la violencia en Colombia. Eduardo Estrada, asesinado hace 19 años, era un líder social que buscaba la creación de una emisora comunitaria. Todas las evidencias del caso apunta a que su asesinato fue responsabilidad de paramilitares, quienes insinuaban que Estrada podría ser facilitador de las FARC. Antes de que lo mataran, estaba gestionando  un diálogo entre el ELN y la sociedad civil en el departamento de Bolívar.

Con el asesinato de Estrada, el municipio de San Pablo, Bolívar, no solo perdió una voz periodística, sino a un líder que desarrolló un papel clave en diferentes proyectos. Por un lado, participó en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y en la gestión de recursos del ferri de la región. Por otro, creó la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y Cultura de San Pablo (Adecosan), un grupo que estaría asociado a la Red de Emisoras Comunitarias de la Costa Caribe. Después de la muerte de Eduardo, la comunidad se atemorizó y el proyecto de Adecosan decayó. 

Dennis Segundo

Hoy también recordamos a Dennis Segundo Sánchez. El caso de su homicidio cumple otro año en completa impunidad. Fue asesinado en su casa en el 2002 y, a diferencia de los anteriores casos, en este no ha habido ningún indicio que señale a algún grupo armado como responsable de su muerte. Dennis era locutor en la Radio 95.9 en el municipio del Carmen de Bolívar.

A diferencia de Luis, Fernando y Eduardo, este periodista nunca tocó temas políticos ni de conflicto. Su trabajo radial se centraba en un programa de la Secretaría de Salud, aunque sí se desempeñaba en el liderazgo social. Al momento de su muerte era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 12 de octubre de su municipio.

Las familias de estos cuatro periodistas siguen buscando respuestas. Pero no son las únicas víctimas. A las comunidades se les arrebató su derecho a estar informadas y a contar con voces dispuestas a denunciar la violencia y los conflictos económicos en sus regiones.