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Tuesday, 16 September 2014 18:55

Balance julio y agosto sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia

Durante los meses de julio y agosto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 14 ataques y 15 periodistas víctimas, 10 casos menos que en el bimestre (mayo - junio) inmediatamente anterior. Un descenso significativo aunque preocupante porque eleva a 109 el número de ataques y a 132 los periodistas perjudicados en lo que va del 2014. Además, porque se documentaron ataques especialmente delicados, como el intento de homicidio contra la periodista Amalfi Rosales en el municipio de Barrancas, en La Guajira; o el ataque contra el periodista Javier Osuna, a quién le quemaron sus equipos con valiosa información periodística.  

Especialmente preocupante resulta la situación económica de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que ha generado zozobra entre sus protegidos, situación que se ha acentuado tras las recientes declaraciones de los ministros de Hacienda e Interior.

Periodista de La Guajira debe abandonar su ciudad

En horas de la madrugada del 2 de septiembre desconocidos dispararon contra la casa de Amalfi Rosales corresponsal del noticiero Noticias Uno, del diario Al Día y del Heraldo. Las balas rompieron los cristales de la habitación de Amalfi y quedaron incrustadas en las paredes de su vivienda, en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira.

Desde hace un año Rosales ha recibido amenazas que estarían relacionadas con las distintas denuncias que la periodista ha realizado sobre el exgobernador Kiko Gómez, actualmente preso por nexos con los paramilitares y porque supuestamente está implicado en tres asesinatos. Una vez “un desconocido me mostró un arma y me dijo que me calle, que no sea sapa". También le llegaban mensajes al teléfono celular de su esposo advirtiéndole que ya tenían el ataúd comprado.

La periodista expresó a la FLIP que esta fue una advertencia para que abandonara Barrancas y dejará de informar sobre las irregularidades que ahí suceden.

Un mes después del asesinato de Cervantes

El 12 de septiembre se cumplió un mes del lamentable asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes. A pesar de haber sido un caso de indignación nacional, hasta el momento no se conoce por parte de la Fiscalía ningún avance en la investigación sobre los culpables y móviles de su muerte.

El pasado lunes 8 de septiembre, La Unidad Nacional de Protección realizó un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), donde se abordaron los casos de los periodistas antioqueños que han presentado amenazas y se comprometió con dos esquemas de protección colectivos para proteger a los periodistas del Bajo Cauca. Dichas medidas aún no han sido implementadas.

En el marco de las actividades que se han realizado tras el asesinato de Cervantes, La FLIP destaca la iniciativa de la Universidad de Antioquia que busca capacitar a todos los periodistas del departamento en técnicas de autoprotección. El proyecto iniciará con un programa piloto en la subregión del Bajo Cauca y posteriormente se replicará en el resto de municipios del departamento.

UNP sin fondos

El 10 de septiembre el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró: “Hay un faltante de 70 mil millones de pesos. El Ministerio de Hacienda asignó unos recursos hace dos meses pero seguimos con un problema serio. Obviamente tendremos que evaluar de manera tranquila y gradual muchos esquemas de seguridad para ver cuáles son necesarios y cuáles no, pero por el momento necesitamos unos recursos adicionales para garantizar la protección de muchos dirigentes políticos, de concejales, de diputados, líderes de restitución de tierras”.

La FLIP expresa su preocupación por los problemas presupuestales de la UNP y la incertidumbre que ha despertado entre los protegidos las aseveraciones que tanto Cristo como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El criterio para desmontar los esquemas de protección debe responder estrictamente a la situación de riesgo y no a medidas económicas.

Por otro lado, el pulso interno entre la Unidad Nacional de Protección y las empresas prestadoras del servicio de protección, para asegurar la renovación de sus contratos, también ha involucrado transmisión de información difusa de las empresas con los escoltas que terminan generado dudas entre los protegidos sobre la continuidad o no de sus esquemas de protección. Ante esto la UNP ha planteado públicamente que no se afectará protección de beneficiarios.