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Friday, 08 November 2013 13:59

Justicia y Paz: fallas que acentúan la impunidad

Cuando se habla de la impunidad de agresiones contra la prensa en Colombia, es inevitable referirse al conflicto armado y a los procesos de justicia transicional que se han derivado de esta situación.

De acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz de  la Fiscalía, sólo se registran 10 casos de asesinatos de periodistas atribuidos a paramilitares y uno relacionado con desmovilizados de las FARC. Situación que contrasta con la proporción de asesinatos atribuibles a dichas estructuras. De 142 periodistas asesinados por razones de oficio que registra la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 50 podrían tener como autores a grupos armados al margen de la ley, 30 casos se atribuyen a organizaciones paramilitares, 13 a las FARC y 7 casos al ELN.

En el caso de los asesinatos cometidos por paramilitares, el común denominador son denuncias que los periodistas hicieron sobre la presencia de estos grupos en sus comunidades, las alianzas de estos con autoridades locales, entre otros asuntos delicados y de interés público.

A pesar del esfuerzo institucional de la Fiscalía y los Tribunales para esclarecer la verdad de los hechos, el proceso de Justicia y Paz ha tenido serios problemas para judicializar a los responsables. Tras ocho años de vigencia de la ley 975 de 2005, ninguno de los casos que involucran agresiones contra periodistas cuenta con sentencia. Hasta el momento, estos procesos se encuentran en etapas preliminares, como la imputación o legalización de cargos. En otros casos, solamente se ha cumplido la primera etapa procesal, es decir, las versiones libres.

En el caso del periodista Martín Larrota, homicidio atribuido por línea de mando a Juan Francisco Prada, ex comanda del frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’ de las AUC; el incidente de identificación de afectaciones a las víctimas, que es la última audiencia previa a la condena, se realizó en abril y a la fecha, no se conoce sentencia.

Para la FLIP también es preocupante lo ocurrido en el caso de la periodista Jineth Bedoya. En agosto de 2011, un desmovilizado confesó en una de sus versiones libres que había participado en el secuestro de la periodista, no obstante, dos años después, el mismo desmovilizado durante otra versión libre se retractó de su confesión y dijo que sus afirmaciones habían sido un montaje motivado por un pago que le habrían ofrecido en la cárcel a cambio de asumir la responsabilidad de los hechos.

A pesar de lo anterior, los tres ex paramilitares vinculados siguen siendo investigados por una Fiscalía Especializada de DDHH y dentro de ese proceso, cuentan con detención preventiva en prisión. Este caso es una muestra de la incoherencia de la administración de justicia entre un procedimiento transicional y otro ordinario.

Ante la inefectividad del proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía ha implementado una nueva estrategia de investigación en la que se plantea priorización de casos. La FLIP encuentra necesario que la Fiscalía aclare si los casos de periodistas están o no dentro de los criterios a priorizar, pues hasta el momento, la Unidad de Justicia y Paz reporta que sólo el caso de la periodista Zully Esther Codina está priorizado dentro del plan de acción.

De igual forma, la Fiscalía no puede confundir la priorización con la renuncia a la investigación para encontrar a los responsables de todos los delitos que han afectado a periodistas. Por último, el afán en la consecución de sentencias tampoco puede traducirse en dejar de impulsar los casos que actualmente se encuentran bajo su conocimiento.