Desde hace cuatro meses, la FLIP ha realizado seguimiento a denuncias realizadas por ocho periodistas frente a la dificultad que tienen para acceder a información a través de la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ha usado diferentes estrategias para obstaculizar el acceso a la información, entre estas están:

Después de que la Revista Semana publicara unas grabaciones que involucran a la campaña del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras y otras figuras políticas como Gustavo Petro e Inti Asprilla han emitido acusaciones contra el medio sin que se hayan aportado pruebas. Varios de estos mensajes buscan sembrar la duda sobre la legalidad de esa publicación y estigmatizan al medio cuestionando su decisión editorial de publicar el contenido.

La FLIP valora de manera positiva la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 26 de mayo de 2022. Por primera vez, una autoridad judicial reconoce que en Colombia existe un marcado patrón de violencia en línea, ejercido en redes sociales, contra mujeres periodistas. Además, estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Comités de Ética pueden sancionar a partidos y movimientos políticos y políticos, respectivamente, por utilizar o permitir este tipo de violencia para el ejercicio de la participación política y electoral. Ambos deben, conforme a sus competencias, adoptar los correctivos pertinentes en aras de cesar este tipo de violencia.

En octubre de 2020, la FLIP interpuso una acción de tutela, en representación de nueve comunicadoras, en la que se exponía el problema de la violencia en línea contra mujeres periodistas por parte de actores políticos. Estas acciones tuvieron un impacto negativo sobre la libertad de expresión e inhibieron la participación de las periodistas. Indistintamente de su origen y de sus líneas editoriales, todas sufrieron ataques en línea que fueron difundidos y alentados por líderes políticos, como represalia a su oficio; las agresiones buscaban desacreditar su trabajo. Esta violencia en línea y  de género, fue avalada por la pasividad de movimientos y partidos políticos y del CNE, que no adoptan medidas tendientes a sancionar y excluir este tipo violencia.

Destacamos cinco determinaciones claves de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

1. Reconoce que la violencia en línea es un fenómeno que, de forma creciente, afecta la privacidad y seguridad de las mujeres periodistas. El tribunal reconoció que esta violencia en línea se produce mediante el “uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales, especialmente en el ejercicio de la actividad política”.
   
   
2. Las agresiones en línea siguen un patrón en donde los comentarios de líderes y figuras políticas son determinantes en su amplificación.
   
   
3. Aclara la ruta para denunciar los actos de violencia de actores políticos. Explicó que no existe un mecanismo especial para denunciar la violencia en línea de actores políticos pero que se puede reportar a través del derecho de petición. La ciudadanía y la prensa pueden acudir a los comités de ética de los partidos y movimientos políticos y del CNE, respectivamente, las faltas de los integrantes de dichas organizaciones políticas y aquellas cometidas por los partidos y movimientos políticos, cuando se advierta que han asumido una actitud permisiva respecto al uso o incitación a la violencia en línea.
   
   
4. Establece que el CNE y los comités de ética tienen competencia para sancionar a partidos y movimientos políticos y a sus afiliados, respectivamente, y deben adoptar un papel más proactivo en aras de prevenir y sancionar la incitación de la violencia en línea en ejercicio de la actividad política.
   
   
5. Dispone diversas medidas para prevenir que las redes sociales de miembros y afiliados a partidos políticos, se conviertan, amparados en una falsa legitimación del ejercicio de la actividad política, en instrumentos de violencia contra la mujer periodista.

Esta decisión se convierte en un importante precedente y sienta las bases para abordar el fenómeno de la violencia en línea, que impacta de manera diferencial a periodistas mujeres, y que, además, se incorpora dentro de la actividad política y pone en riesgo la participación de las mujeres en espacios públicos y la vida democrática. Esto ha sido condenado recientemente por parte de los Relatores y Expertos de Libertad de Expresión. La violencia contra la prensa como parte de la actividad electoral tiene un efecto inhibidor directo sobre el debate público.

La garantía de espacios seguros donde las mujeres puedan participar libres de violencia podrá ser desarrollada en mayor medida por la Corte Constitucional, que decidirá el caso en sede de revisión. La Corte ya conocía del caso, pero declaró la nulidad de lo actuado en febrero, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió en primera instancia de nuevo. Ahora, la Corte deberá retomar el caso que fue seleccionado para revisión desde el 29 de junio de 2021.

Esperamos que en su decisión, la Corte dé lineamientos concretos para que partidos, movimientos políticos y las autoridades electorales respondan de forma concreta a las necesidades actuales. Además de la violencia en línea con un componente de género, existe un riesgo de uso de discurso de odio y una narrativa negativa contra la prensa, que es impulsada por mensajes de líderes políticos y funcionarios públicos en sus redes sociales. Esto ha generado un efecto cascada que ha afectado al gremio periodístico en general y a la ciudadanía cuando se informa y opina a través de espacios digitales. Resulta urgente que se adopten medidas para garantizar las condiciones óptimas para la participación y deliberación libre de violencia.  

Rechazamos las estigmatizaciones y actitud hostil del candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández contra cuatro periodistas de Radio Nacional, a quienes calificó de “petristas” y de “hacer preguntas estúpidas”. Hernández tiene el deber de usar un discurso favorable con la prensa

Durante la entrevista, los periodistas de Radio Nacional le cuestionaron al candidato algunas de sus propuestas de su plan de gobierno. Como respuesta, Hernández les atacó diciendo que eran defensores de la burocracia, que lo tergiversaban y que eran petristas.

Esta actitud no solo impidió que los periodistas siguieran entrevistando a Hernández, sino que los estigmatizó. Este tipo de afirmaciones, que no tienen ningún sustento, estimulan el descrédito y la narrativa contra la prensa que se ha querido implantar en estas elecciones.

Preocupa además que no es la primera vez que el candidato asocia a la prensa con un interés político. En el pasado afirmó también, sin pruebas, que la periodista Vicky Dávila estaba aliada con Petro y Uribe para atacarlo. También increpó al periodista Néstor Morales por considerar que las preguntas que le hacía durante una entrevista tenían la finalidad de afectar su campaña política.

La prensa cumple un rol fundamental para informar sobre las campañas y sus propuestas. Como candidato a la presidencia, Hernández debe tolerar el escrutinio público, mantener un trato respetuoso y promover un ambiente para que la prensa pueda ejercer su trabajo.

Bogotá, 27 de mayo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresan su preocupación por el alto nivel de violencia y desinformación en la conversación sobre elecciones presidenciales en redes sociales y medios de comunicación.

Esta se ha caracterizado por una hostilidad general hacia la prensa y a las personas que participan de la discusión. También por la presencia de cuentas que actúan de manera organizada para difundir desinformación sobre candidatos a la Presidencia. De igual forma a lo largo de la campaña se publicaron numerosas expresiones de incitación a la violencia y al odio racial. 

Esto añade obstáculos para que la ciudadanía reciba información veraz y equilibrada, más si se tiene en cuenta el aumento de nuevos usuarios en redes y el incremento de conversaciones sobre elecciones en estas plataformas.  Es necesario esclarecer el papel de las campañas en la difusión de desinformación y su responsabilidad en la instigación a la violencia. De otra parte, y con el objetivo de avanzar en una campaña electoral responsable y mejor informada, la FLIP y la MOE invitan a Twitter y Facebook a realizar mesas técnicas con el objetivo de reforzar los mecanismos para prevenir la difusión de contenidos falsos y la presencia de amenazas y contenidos racistas en sus plataformas.

Estigmatización y efecto en cascada

La FLIP y la MOE observan con preocupación el impacto de las estigmatizaciones que han enfrentado periodistas por parte de políticos y funcionarios públicos durante el periodo electoral. Estas han generado un efecto cascada que ha afectado al gremio periodístico en general y a la ciudadanía cuando se informa y opina a través de espacios digitales. 

Una de estas agresiones sucedió el pasado 11 de abril cuando el candidato a la presidencia Enrique Gómez Vorágine, Cambio y El Espectador en los que se denunciaban graves agresiones cometidas por el Ejército en contra de civiles en medio de un operativo militar  en Puerto Leguízamo, Putumayo. Posteriormente, los periodistas reportaron haber recibido insultos e intimidaciones a través de redes sociales. Algunos de estos mensajes incluso venían de otros colegas.

De manera similar el pasado 28 de marzo el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje “Neonazis en RCN”, citando una columna de opinión publicada en Noticias RCN que criticaba la propuesta del candidato de modificar el sistema de pensiones en el país. Además de señalar al columnista de pertenecer a un grupo neonazi, el mensaje asociaba al medio, en el cual trabajan cientos de personas en todo el país, con esa ideología extremista. Después de estas afirmaciones aparecieron numerosas publicaciones intimidantes en Twitter en contra de RCN, sus directivas y trabajadores. 

Una situación similar se presentó cuando Noticias Caracol publicó una investigación en la que revelaba que el hermano de Gustavo Petro se reunió con políticos condenados por corrupción en la cárcel La Picota. Con posterioridad a esa publicación, seguidores de Petro publicaron numerosos mensajes violentos en Twitter contra el medio de comunicación y contra Ricardo Calderón, quien lideró el trabajo investigativo.  

Estas agresiones siguen un patrón en donde los comentarios de líderes políticos estimulan el descrédito y la hostilidad hacia el periodismo. De esta forma se genera un entorno permisivo en donde simpatizantes de estos líderes se sienten autorizados para intimidar a periodistas.

Las declaraciones de los candidatos Gómez y Petro incumplieron con el deber que tienen como figuras públicas de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión. Sus declaraciones fueron interpretadas por los seguidores de cada candidato como una invitación para agredir digitalmente a los y las periodistas que estaban siendo señalados. Si bien estos ataques no se trasladaron al terreno de lo físico, deben tomarse con seriedad en un país en donde se han asesinado 162 periodistas por razones de su oficio. 

Esto sucede en un contexto en donde entre el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. En este mismo periodo en 2018, durante las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas. El 2022 es el periodo electoral más violento para la prensa en la última década. 

Además, la FLIP documentó veintidós agresiones a periodistas que cubrían la campaña al congreso y otras cuatro durante la campaña presidencial. De ese total de veintiséis agresiones, once fueron estigmatizaciones realizadas por candidatos o funcionarios que estuvieron acompañadas por un efecto cascada en donde simpatizantes de estos políticos atacaron en línea a los y las periodistas, en ocasiones de maneras evidentemente coordinadas.

Instigación al odio racial

Otro hecho de preocupación fue la difusión de contenidos racistas como parte de la discusión pública en torno a la carrera presidencial. Estos contenidos se hicieron cada vez más prevalentes luego de la designación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. 

Luego del 23 de marzo, día en que Márquez fue anunciada como fórmula del pacto histórico, comenzaron a crearse tendencias en Twitter que posicionaron hashtags y palabras como “king kong”, “gorila”, “simio” y similares en un intento por denostar a la candidata. El mensaje de algunas de estas expresiones fue amplificado por políticos y cuentas con alta incidencia en el debate en redes quienes dieron like o retwittearon esos mensajes.

Estas expresiones constituyen una violación a las normas de Twitter que prohiben las expresiones que incitan al odio racial en estos terminos: “consideramos imágenes de incitación al odio los logotipos, símbolos o imágenes cuyo propósito sea fomentar la hostilidad y la malicia contra otras personas por motivo de su raza, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico u origen nacional”. Esto incluye “imágenes donde se representa a otras personas como algo inferior a un ser humano o que se modificaron con símbolos de incitación al odio, por ejemplo, alterar imágenes de individuos que incluyan características de animales”.

Mientras se consolidaban estas tendencias que asociaban a la candidata con imágenes de simios, un grupo de políticos realizaron señalamientos engañosos con elementos de desinformación sobre Márquez.

La FLIP y la MOE preguntaron a Twitter sobre estos hechos y mediante un correo electrónico respondió: “queremos que la experiencia de todos en Twitter sea libre de abusos, hostigamiento y otros comportamientos que puedan distraer o distorsionar la conversación pública”. También afirmó estar “en contacto con los partidos nacionales y los dirigentes electorales, para asegurarnos de que saben cómo denunciar las actividades sospechosas, el abuso y el incumplimiento de las reglas. Los actores clave que participan en dichas elecciones también cuentan con canales para escalar directamente cualquier problema o inquietud”.  

Con relación al caso de Francia Márquez,  Twitter manifestó: “tenemos cero tolerancia frente al comportamiento abusivo dirigido hacia las personas con base en las categorías protegidas. Esto incluye a mujeres, personas de color, miembros de la comunidad LGBTQ+ y comunidades marginadas e históricamente subrepresentadas”. 

Twitter ya ha actuado contundentemente para impedir expresiones de odio racial publicadas por usuarios en Estados Unidos, por lo que resulta necesario revisar cómo fortalecer la implementación de estas políticas en Colombia para garantizar que ese tipo de mensajes sean excluidos del debate. La FLIP y la MOE invitan a Twitter y Facebook a la realización de una mesa técnica de trabajo previa a una posible segunda vuelta para poder dialogar sobre estas preocupaciones y buscar maneras de promover mayor salud en la conversación pública. 

Para la FLIP y la MOE el acoso, las amenazas y el alto nivel de violencia presentes durante la campaña han afectado gravemente la libre circulación de ideas. Con ello, se han creado obstáculos para que la ciudadanía pueda acceder a una amplia gama de opiniones y decidir —de manera informada— a qué candidatura entregar su voto. 

El año pasado las Relatorías de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmaron que “la creciente incidencia de la ‘incitación al odio’ en línea y fuera de ella, la desinformación y la peligrosa retórica contra los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos y los grupos en riesgo de discriminación, incluso por parte de liderazgos políticos y funcionarios públicos” disuade el ejercicio de la libertad de expresión, reduce la diversidad de información en la sociedad y engaña a los ciudadanos. 

La FLIP y la MOE hacen un llamado a que en la recta final de estas elecciones, las campañas y los liderazgos políticos se abstengan de promover la violencia en el lenguaje y mantengan un discurso público favorable a la protección de los derechos humanos y al libre flujo de información. Estos son requisitos indispensables para la celebración de unas elecciones libres y democráticas. 

Con este fin, la MOE promovió la firma del Pacto para la no violencia política entre los candidatos en redes sociales. Este busca acabar con los mensajes que inciten el odio en las redes sociales y que la ciudadanía pueda encontrar en las cuentas de los candidatos ideas y propuestas de campaña. 

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no brindar medidas de protección al periodista Robert Posada de Tuluá, Valle del Cauca. En el último año, Posada ha recibido tres amenazas y ha sido acosado por contratistas de la alcaldía; sin embargo, la UNP afirma que no tiene un riesgo diferente al que puede estar expuesto cualquier otro ciudadano. Este tipo de acciones por parte de la UNP son negligentes y ponen en grave riesgo la vida del comunicador.

La muerte del periodista Horacio Yepes Lozano está rodeada de incertidumbre. Fue asesinado por desconocidos el 25 de mayo de 1994. Horacio se dedicaba al cubrimiento de deportes, nunca realizó comentarios indebidos ni afirmaciones que hubieran puesto en riesgo su vida. Horacio también se desempeñaba como supervisor en Nestlé.  Michelle Meyer, hija de Horacio, recuerda que uno de sus dichos principales rezaba de la siguiente forma: “sigamos siendo buenos, aunque a los malos parece irles mejor”. 

Julio Morales y William Loaiza, ambos periodistas que conocieron a Horacio, nos comentan sobre su vida y trabajo, para conservar su memoria intacta. Michelle Meyer, hija de Horacio, comparte sus recuerdos y experiencias de vida con su padre, para recordar sus sueños y pasiones. 

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018.

La FLIP expresa su preocupación por las reiteradas limitaciones en el acceso de la prensa a audiencias y a fuentes por parte de jueces y autoridades. Con estas restricciones se impide que se cubra la fuente judicial, bajo el argumento de proteger la administración de justicia; y con ello, se limita el acceso a la información y el debate público sobre el desarrollo de procesos judiciales de alto interés público.