La Fiscalía citó a la directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, a una diligencia de arraigo en el proceso de injuria y calumnia iniciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Alertamos sobre el avance en el proceso y las graves consecuencias que puede traer para la periodista, ya que con la diligencia de arraigo, por lo general, la Fiscalía busca verificar datos para notificar la imputación y el inicio formal del proceso penal.

En el 2019, con el propósito de silenciar e intimidar a la periodista, Martínez la denunció penalmente por opiniones emitidas en el programa Revelados, titulado “la Fiscalía espía a líderes políticos y periodísticos”. La directora de Noticias Uno criticó que, en un debate de control político, el exfiscal haya divulgado mensajes privados entre Orozco y un reportero del noticiero. 

Frente a esta situación, preocupa el avance en la investigación penal cuando evidentemente es un caso de acoso judicial emprendido por Martínez, con el que se desconoce las garantías mínimas de la libertad de expresión y el deber de tolerancia al escrutinio público que debía soportar como funcionario público. En julio del año pasado, la FLIP solicitó el archivo de este proceso al ser un intento de censura de un asunto de alto interés público.

Preocupa, además, que esta citación coincide con la publicación de varias opiniones de Orozco en las que pone en duda el accionar de la Fiscalía cuando Martínez la dirigía. En concreto, la reactivación de la investigación se da después de una publicación en la que se evidencia que la Fiscalía de Martínez imputó indebidamente a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora. 

La denuncia iniciada por el exfiscal y el impulso del proceso, sabiendo que se judicializa un asunto protegido por la libertad de expresión y que tienen como fin acallar críticas, sugiere un mal uso de la función pública para contrarrestar algunas discusiones de trascendencia social. Esto tiene un fuerte potencial silenciador porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas. 

Advertimos nuestra preocupación porque, como en el caso de Yohir Ackerman, la Fiscalía impulsa las investigaciones contra periodistas a pesar de que el mismo ente investigador no tiene la misma diligencia para la investigación de los crímenes en los que la víctima es la prensa.  

Por todo esto, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las denuncias por injuria y calumnia contra periodistas aplicando los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, y conforme a esto desestime las denuncias que buscan censurar expresiones protegidas y fundamentales para el debate público. En este caso concreto, la FLIP reitera su solicitud para que se archive el caso en contra de la periodista Cecilia Orozco. 

A comienzos de los años 90, el periodista Mario Prada Díaz, oriundo de Barrancabermeja, Santander, llegó al municipio de Sabana de Torres con el propósito de ejercer su profesión en medios locales. A mediados de 1999 fundó Horizonte Sabanero, un diario mensual que se dedicaba a cubrir temas de desarrollo social, cultural y comunitario, y para 2002 ya se había expandido hasta Barrancabermeja y Puerto Wilches.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la responsabilidad del Estado colombiano por las vigilancias ilegales a la periodista Claudia Julieta Duque. Destacó que se trató de “una violación a derechos humanos, en un hecho en el que participaron funcionarios del extinto DAS y que, faltando a sus deberes funcionales se comprometieron e involucraron con este tipo de conductas absolutamente reprochables”. Esta decisión es un paso trascendental en la búsqueda de justicia que por veinte años ha realizado la periodista, y se constituye en el primer caso en el que se reconoce la responsabilidad del Estado por los perfilamientos a periodistas. 

Los hechos se remontan a 2001, cuando Duque investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón, cometido el 13 de agosto de 1999. La vigilancia, la tortura y la estrategia de terror organizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de Duque buscaban que ella desistiera de su investigación sobre el homicidio de Garzón y se autocensurara para encubrir la responsabilidad del Estado en ese crimen. Entre el 2001 y 2010 la periodista fue secuestrada, vigilada, amenazada y torturada psicológicamente, por lo que se vio obligada a exiliarse con el fin de salvaguardar su vida y la de su hija. 

En marzo del 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en decisión de primera instancia, consideró que el Estado había sido responsable de las agresiones contra Claudia Julieta Duque. Ahora, dos años después, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por la grave violación a los derechos humanos de la periodista por motivo de las vigilancia ilegales de las que fue víctima.

En esta nueva sentencia, se declaró la responsabilidad del DAS ya que “cada uno de los funcionarios involucrados en las actuaciones ilegales adelantadas en contra de la señora Duque Orrego actuaron invocando su autoridad”. Además, se probó que estos no fueron hechos aislados sino que hicieron “parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses, e incluso años (..) sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo de parte de la institución demandada, tanto así, que varios directores se encuentran procesados como autores de los hechos”. En otras palabras, el Estado es responsable tanto por las vigilancias ilegales perpetradas por sus agentes, como por incumplir su deber de control respecto a las actividades de los agentes del Estado. 

Esta decisión es un precedente significativo, pues sienta bases para casos donde se estudie la responsabilidad del Estado en otros hechos de perfilamientos, como el denunciado en el 2020 por la Revista Semana en el que funcionarios del Ejército perfilaron a por lo menos a cuarenta periodistas.

Desde la FLIP, celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, ya que no solo es un aliciente para Claudia Julieta, un reconocimiento a su valentía, esfuerzo y dedicación para superar la impunidad en su caso, sino también un mensaje sobre la contribución que desde la labor periodística se brinda en investigación de graves violaciones a los derechos humanos, y la necesidad de proteger a los y las periodistas que adelantan estas investigaciones.

La FLIP conoció que el miércoles 29 junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación notificó a la Revista Cambio sobre una diligencia de inspección que se realizaría el jueves 30 de junio de 2022 con motivo de la publicación titulada ‘“Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc’. En este artículo los periodistas hablan sobre presuntas alianzas del general Jorge Hernando Herrera Díaz con la red criminal 'Los Pocillos' para combatir a las disidencias en Cauca.  Según la Fiscalía, la diligencia tenía como propósito “consultar y recolectar el original de la publicación de la Revista Cambio y de ser posible las grabaciones a que hace alusión tal artículo”.

El recaudo de las publicaciones periodísticas en la sede de los medios resulta innecesaria, pues estas son de dominio público. Por otro lado, solicitar o pretender acceder a los documentos de soporte de la publicación pone en serio riesgo el secreto profesional y a las fuentes. Además estas acciones pueden tener un efecto disuasivo y de autocensura para los medios de comunicación y periodistas que informan y opinan sobre asuntos de alto interés público. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU “el uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte del estado para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación es inaceptable y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”.

Por eso, resulta preocupante que desde el 2019 la Fiscalía haya ordenado en tres ocasiones diferentes la inspección de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2020 la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, así como “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de DIANA MARCELA DÍAZ SOTO”. Luego, en diciembre de 2021 la Fiscalía envió notificación a Noticias Uno para realizar inspección a los archivos del medio con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche.

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Además, la práctica de recaudo de estas pruebas mediante una inspección a los medios de comunicación también genera una carga administrativa desproporcionada aunque se pretenda contribuir con la actividad investigativa a cargo de la entidad.

De ahí que en el reciente caso de la Revista Cambio, para consultar y recolectar publicaciones, la Fiscalía General de la Nación cuenta con otros mecanismos de recolección de pruebas como (i) el acceso público a las notas periodísticas que se encuentran en los sitios web de los medios de comunicación, y (ii) la solicitud de información mediante un derecho de petición en el que se especifique claramente la información requerida y su finalidad.

Propender por utilizar mecanismos menos lesivos para acceder a la información periodística no sólo beneficia al medio de comunicación y la libertad de expresión, también permite a la entidad pública descongestionar el sistema judicial, ya que no requiere todo un operativo ni organización logística de su personal para acceder a dicha información. Entonces, resulta excesivo e innecesario acudir personalmente al medio informativo para consultar una publicación que se encuentra en línea o que puede ser enviada vía electrónica, bajo el principio de la buena fe, por el mismo medio de comunicación.

La FLIP hace un respetuoso llamado para que la Fiscalía fomente en la institución una garantía y respeto por la actividad periodística, de manera que se promuevan buenas prácticas investigativas que no pongan en riesgo los derechos de los y las periodistas y medios de comunicación.

La Fiscalía General citó para el próximo 5 de agosto a una audiencia para escrito de acusación al columnista Yohir Akerman, por el proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2020. Se trata de un caso anómalo y un mecanismo de intimidación en contra de la libertad de prensa y de opinión.

A Pablo Emilio Parra no le temblaba la voz para decir las cosas en la cara. Fue asesinado en Planadas, Tolima el 27 de junio de 2001, cuando tenía 50 años. Sobre el pecho de su cuerpo los asesinos dejaron un letrero que decía “por sapo y torcido”.

Según información de la FLIP, el crimen fue realizado por las FARC, pues creían que colaboraba con el Ejército o que ayudaba a los paramilitares. Sin embargo, hasta la fecha, el crimen está en completa impunidad. En la FLIP, no olvidamos la honestidad de Pablo Emilio Parra, su tenacidad con la transparencia, su valentía con la verdad y su trabajo. Gracias por recordar con nosotros.

El candidato Rodolfo Hernández ha dilatado su participación en espacios públicos de debate. Esto, a tres días de las elecciones, es alarmante. Esta estrategia impide que los medios hagan  un cubrimiento a fondo sobre sus propuestas.

Ante las solicitudes de los medios de comunicación y la orden judicial de participar en un debate en medios públicos por parte del Tribunal Superior de Bogotá, Hernández ha establecido unas condiciones que riñen con la independencia de estos medios públicos.

Esta actitud por parte de Hernández también impide que la ciudadanía vote de manera informada y que se genere un debate robusto frente a sus propuestas como candidato. El acceso a la información es un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Hacemos un llamado al candidato para que participe de este debate, respetando las decisiones de quien organiza este espacio en cuanto a su diseño y su contenido.

El asesinato del periodista Jorge León Vallejo hace 33 años fue inesperado. Era el amigo de todos, el periodista conocido por estar enamorado de su carrera. Cubría temas económicos de Antioquia que luego publicaba en su programadora de televisión Pasado-Meridiano. Luego de todos estos años, aún no tenemos información sobre quiénes podrían haber sido los autores del asesinato y por qué lo hicieron. Darío Rada Sierra e Isabel Agudelo nos cuentan la historia de un amigo, cuya memoria siempre estará viva en cada uno de los que conozcan de su gratitud, carisma e inocencia. 

Las organizaciones abajo firmantes resaltamos los riesgos de la retórica utilizada contra los medios de comunicación durante la presente campaña electoral en Colombia. Esto crea un ambiente que intenta disuadir del ejercicio de la libertad de prensa, reduce la diversidad de información y limita el contenido al que pueden acceder la ciudadanía. También siembra inquietudes profundas sobre cuál será el clima para la labor periodística bajo el gobierno que resulte elegido el próximo 19 de junio. 

Desde el 27 de mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresaron su preocupación sobre la manipulación de la conversación pública en redes sociales, así como por el alto nivel de violencia y desinformación en los mensajes relacionados con el debate presidencial. Un patrón común es que estos ataques se presentan después de que preguntas y publicaciones periodísticas son consideradas negativas para los intereses de una u otra campaña, mediante estrategias que generan intimidación y autocensura.

El voto informado de la ciudadanía requiere un diálogo social genuino, abierto, participativo, plural y transparente. Por ello, la obligación de las figuras políticas, en especial quienes asumen candidaturas, es mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas, por encima del que se espera de la ciudadanía. Sin embargo, tanto la campaña de Gustavo Petro como la de Rodolfo Hernández han tenido expresiones reiteradas que obstaculizan el escrutinio de la prensa sobre los candidatos, sus programas, sus aliados y sus financiadores. 

La FLIP ha documentado 47 agresiones relacionadas con el cubrimiento de elecciones. Doce de estos casos son atribuibles a integrantes del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro; de la otra campaña, en las últimas dos semanas de la contienda, el candidato Rodolfo Hernandez, y su equipo de comunicaciones, han sido responsables de cuatro ataques. 

El contenido de estos mensajes busca implantar la idea de que “la prensa miente”. Asociar a un sector de los medios con ideologías extremistas e imponer cargas políticas pueden incitar la violencia contra medios de comunicación y periodistas. 

Recordamos que frente a las tensiones relacionadas con la actividad política en elecciones y la garantía de la libertad de expresión, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión hicieron las siguientes recomendaciones a los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos:

• Adoptar y aplicar medidas, como códigos de conducta, que establezcan normas mínimas de comportamiento para sus personas candidatas a cargos electivos, incluso para hacer frente a los discursos que promuevan la intolerancia, la discriminación o el odio, o que constituyan desinformación destinada a limitar la libertad de expresión u otros derechos humanos.
  
  
• Abstenerse de hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad.
  
  
• Abstenerse de hacer intencionadamente declaraciones falsas o sin sustento que ataquen la integridad de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, o los defensores de los derechos humanos.

Por lo expuesto, las organizaciones firmantes enviamos un mensaje general de respaldo a la prensa colombiana y rechazamos categóricamente todas las formas de violencia contra la prensa porque ello deteriora el debate público.

En consecuencia, hacemos un llamado urgente a:

• Los candidatos a la presidencia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para que adopten una directiva clara y pública dentro de sus campañas políticas de respeto a la prensa y establezcan condiciones de diálogo con quienes hacen cobertura sobre su candidatura. En concreto, se abstengan de cualquier comportamiento hostil y emitan mensajes públicos de respaldo al oficio periodístico y su contribución al debate para demostrar su apertura al diálogo. 
  
  
• Los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos. para que atiendan, de manera urgente, las recomendaciones de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión emitidas en la Declaración Conjunta de 2021. 
  
  
• A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después de las elecciones pueda realizar un análisis de la situación de la libertad de prensa en Colombia y presentar sus recomendaciones al nuevo gobierno. 

Firmantes:

IFEX-ALC

Voces del Sur 

Asociación de Medios de Información - AMI

Sociedad Interamericana de Prensa - SIP

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP