Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las nuevas amenazas en contra de Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, periodistas de RCN Radio.

El pasado sábado 28 de julio la periodista Leal recibió varias llamadas en las que un hombre que se identificó como alias “el aguapanelero” la amenazó de muerte. El hombre, quien se identificó como un paramilitar recluido en la cárcel La Picota, le dijo que acababa de ser declarada “objetivo militar”.

El desconocido le dio información detallada a Leal acerca de su lugar de residencia y de su trabajo. Además, le ordenó renunciar al aire en un plazo máximo de 72 horas. El hombre sentenció: “Por hablar de falsos positivos te va a ir mal. No debiste abrir la boquita para hablar de falsos positivos”. La periodista afirma que en la emisora no ha tratado el tema de ejecuciones extrajudiciales.

Durante la llamada a Leal, el desconocido también mencionó al también periodista Juan Pablo Latorre. Las amenazas en contra de los reporteros de RCN Radio han sido reiterativas en las últimas semanas. El 19 de julio Luis Carlos Vélez, director de La Fm, reportó una amenaza en su contra a travé de redes sociales. Tres días antes, el 16 de julio, Latorre, Jorge Espinosa y Yolanda Ruíz habían recibido otras amenazas a través de una llamada telefónica. En junio, los periodistas de RCN Radio en Bucaramanga también recibieron llamadas amenazantes.

La FLIP reconoce que entidades como la Unidad Nacional de Protección -UNP- y la Fiscalía General de la Nación han reaccionado parcialmente ante el reciente incremento de las amenazas a periodistas en Colombia. Esta reacción es perceptible en los casos que afectan a medios de comunicación de alcance nacional. Sin embargo, aún falta mejorar la respuesta estatal en los casos de periodistas que están en territorios. La respuesta del Estado ha sido insuficiente frente a la dimensión del fenómeno. La FLIP continuará exigiendo diligencia y agilidad en las investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas.

La FLIP advierte que tanto la Unidad Nacional de Protección, como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior ya tienen pleno conocimiento de las circunstancias que rodean estas amenazas reiteradas contra el equipo de RCN Radio. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

Este lunes 16 de julio los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza al máster de la emisora durante el informativo de la mañana. Cuando los reporteros informaban sobre las intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio, un hombre que se identificó como alias “Nini” llamó a intimidar a los reporteros.

Según la persona que respondió la llamada, un hombre que se identificó como “Nini”, miembro del ELN, le dijo “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruíz, la directora del informativo.  Horas después, el ELN emitió un comunicado negando su vinculación con esta amenaza.

Esta amenaza guarda coincidencias y podría estar conectada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander. El pasado 5 de junio Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que adelantaría el grupo armado.

La FLIP reitera su preocupación por el aumento en las amenazas contra los periodistas en Colombia y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los responsables de estos hechos, en especial al desconocido que se identifica como alias “Nini, para dar con su paradero y poder adelantar las sanciones judiciales a las que haya lugar.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque con granada en contra de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, ocurrido esta tarde en Bogotá.

Hoy, 23 de noviembre, desconocidos lanzaron una granada al vehículo asignado para la protección del reportero cuando ingresaba a su lugar de residencia. Afortunadamente, la granada no explotó ni se reportaron heridos. La FLIP denuncia el procedimiento irregular de los agentes de la Policía que atendieron la situación y que, además, desestimaron la gravedad del atentado.

El periodista afirmó a la Fundación que el conductor del vehículo sintió un golpe pero aún así ingresó a la unidad residencial. Vecinos y personal de vigilancia alertaron a Ruidíaz y a los hombres de protección por la presencia de una granada. Inmediatamente se avisó al personal de Policía del cuadrante. Se solicitó la evacuación de la zona en la que lo encontraron.

Según el relato de Ruidíaz, uno de los uniformados levantó la granada sin llevar a cabo ningún protocolo y sin el apoyo del grupo Antiexplosivos. Al momento en que se preguntó por el explosivo, el patrullero dio declaraciones inconsistentes sobre el paradero del artefacto, afirmando que había botado el elemento y que era de juguete.

La FLIP expresa su preocupación por el atentado y por el actuar de los agentes de la Policía que atendieron la situación. Debido a las irregularidades de los uniformados, la Fiscalía no cuenta con elemento probatorio para desarrollar adecuadamente la investigación.

La FLIP exige a la Policía Metropolitana que aclare la situación. Si se incurrió en irregularidades en el procedimiento, la Fundación solicita que sancione a los responsables.

Además, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con diligencia los hechos y así se pueda condenar a los culpables.

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La FLIP ha advertido en varias ocasiones el riesgo al que se ve expuesto Ruidíaz. En mayo, durante una la transmisión del programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidíaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (sic).

Después, el pasado 2 de noviembre, Ruidíaz recibió una llamada por parte de un desconocido que le dijo: “Lo tenemos vigilado. Se salvó porque va en el SITP con el polocho pero lo tenemos vigilado y le vamos a dar en la jeta pa’ que aprenda, sapo hp. Está en la emisora pero espere que esté solo que lo vamos a coger y lo vamos a reventar”.

Sumado a estas dos situaciones, el periodista ha recibido llamadas amenazantes y ha sido víctima de seguimientos y hostigamientos.

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Terminó el paro de camioneros y el balance en términos de libertad de prensa no es bueno. La violencia y la censura contra periodistas no se deben repetir en futuras movilizaciones sociales. El director de la FLIP la escribe esta carta abierta a la Asociación Colombiana de Camioneros. 

Bogotá, 22 de julio de 2016

Directores y miembros de la Asociación Colombiana de Camioneros

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– es una organización de la sociedad civil que desde hace 20 años tiene como misión la promoción de la libertad de expresión en Colombia, así como la defensa del derecho a informar y a opinar de los periodistas.  Dentro de esta labor, la FLIP tuvo conocimiento de algunas agresiones contra la prensa que se presentaron durante los 45 días del paro de transportadores en diferentes regiones del país. En esos días, la Fundación documentó 6 agresiones por parte de los manifestantes que afectaron a ocho periodistas.

El jueves 7 de julio, dos periodistas de Manizales, Yesid López y Albeiro Giraldo, fueron agredidos durante las protestas que se realizaron en la ciudad. Cuando los manifestantes se encontraban en la Plaza de Bolívar haciendo sonar la bocina de sus vehículos, López se acercó a uno de ellos para indagar por qué lo hacían. El conductor respondió enfurecido, trató al periodista de guerrillero e incitó a sus compañeros para que lo golpearan.

Giraldo, que es camarógrafo corresponsal de CM& en Manizales, se acercó para proteger a López y registrar con su cámara las agresiones. En ese momento los manifestantes atacaron por la espalda, le dañaron su equipo de trabajo y lo empujaron hacia el tumulto donde estaban agrediendo a López. Habitantes del sector ayudaron a los dos reporteros y los mantuvieron a salvo en uno de los establecimientos comerciales del sector.

El 12 de julio, Javier Jules, periodista de RCN Radio, se encontraba frente al Ministerio de Transporte en la ciudad de Bogotá. Cuando vio las pancartas de los manifestantes se acercó para entrevistar al gremio de transportadores, quienes se negaron a dar declaraciones y le lanzaron cascaras de fruta. Minutos después llegó el conductor de la emisora en el vehículo con los logos del medio de comunicación y también le arrojaron residuos de alimentos.

Uno de los departamentos donde se presentaron mayores obstrucciones al trabajo periodístico fue Boyacá. De la región conocimos reportes que sobre la vía que comunica a los municipios de Sogamoso y Tunja se presentaron intentos de hurto de equipos, agresiones, tanto físicas como verbales; y maltrato hacia medios de comunicación nacionales, en especial Caracol y RCN.

El 15 de julio los periodistas María Camila Orozco del noticiero CM& y Juan Jacobo Castellanos de Caracol Noticias, se trasladaron a Duitama para cubrir el funeral de Luis Orlando Saiz, asesinado el 12 de julio por el Esmad durante una manifestación. Cuando los reporteros llegaron al lugar, varios transportadores los insultaron y los obligaron a irse. Por la difícil situación de orden público, los periodistas abandonaron el municipio con la protección del ejército.

Dos hechos más se presentaron el 20 de julio contra periodistas de Caracol Radio. Andrea Cardona, corresponsal de la emisora en Manizales, hizo el cubrimiento de la marcha de ese día en la ciudad. Cuando llegó al lugar de los hechos, notó que los manifestantes le lanzaron objetos a una camioneta y ella se acercó a entrevistar al conductor del vehículo, pero uno de los miembros de la protesta la obstruyó e intentó arrebatarle su grabadora.

Ese mismo día, Alexei Castaño, periodista de la misma cadena radial en Bogotá, fue agredido por un sector de los manifestantes. Cuando el reportero se encontraba haciendo cubrimiento de las protestas, recibió agresiones físicas y luego fue rodeado por varias personas que lo obligaron a eliminar el material periodístico obtenido durante el desarrollo de su actividad.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación por todos estos hechos ocurridos durante las manifestaciones del paro de camioneros que ustedes, como dirigentes gremiales, lideraron y mantuvieron adelante. En el mismo sentido, les recordamos a los miembros del gremio transportador que retirar a un periodista del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia y por los tratados internacionales de derechos humanos.

En este sentido, esperamos que la Asociación Colombiana de Camioneros se comprometa a garantizar el derecho a la libertad de prensa y el libre ejercicio de los periodistas en las protestas y manifestaciones futuras, y sobre todo en sus actividades cotidianas.

Es importante resaltar que las manifestaciones sociales y la protesta, si bien son una garantía de la libertad de expresión y del reclamo público de otros derechos, también se tratan de situaciones que despiertan un interés general de la sociedad colombiana y por lo tanto deben respetar el derecho del resto de la sociedad a estar informada. Por esta razón, el respeto por el derecho a la protesta social implica también que, quienes hacen uso de éste, garanticen la no interferencia de otras libertades como el desarrollo de la actividad periodística. 

 

Atentamente,

 

PEDRO VACA VILLARREAL

Director Ejecutivo

Fundación para La Libertad de Prensa

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En Colombia, la información que producen los medios de comunicación es posible por una garantía de doble vía que está en la Constitución: tanto el derecho de los periodistas a recoger y publicar informaciones, como el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Esta doble vía lleva a que la información que se publica en el país deba contener dos características indispensables: la veracidad y la imparcialidad. Son dos elementos que hacen que los periodistas no puedan informar de cualquier manera ni que hagan pasar por información lo que son sus posiciones, sus prejuicios o sus interpretaciones personales. A su vez, son dos elementos que garantizan que la sociedad reciba la mejor información para el ejercicio de sus derechos políticos y sociales.

Igualmente, al reconocer la información como un derecho de doble vía, tanto de los periodistas como de sus audiencias, se deben fortalecer los mecanismos que posibilitan el diálogo entre unos y otros, como la solicitud de rectificación. Es de esta forma que se garantiza que los ciudadanos puedan exigir una información veraz e imparcial sin acudir a mecanismos de censura que atentan contra la libertad de expresión.

Con el interés de fortalecer el conocimiento de los límites de la libertad de informar y de promocionar la rectificación como mecanismo de interlocución entre medios y ciudadanos,  la FLIP presenta este manual titulado: “Información al derecho – Información para todos”, el cual recoge los estándares que ha desarrollado la Corte Constitucional. Esta cartilla fue producto de un convenio hecho con el Ministerio del Interior y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD–, y presentado en el municipio de Apartadó (Antioquia) el 22 de septiembre con ocasión del taller realizado con periodistas y funcionarios públicos sobre la libertad de informar y sus límites.

Consulte aquí el manual Información al Derecho en línea.

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