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Martes, 16 Febrero 2010 02:00

Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia en 2009

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En el 2009 el estado de la libertad de prensa en Colombia no varió significativamente en comparación con años anteriores. Sin desconocer los logros que se han obtenido en materia de seguridad física de los periodistas, preocupa que desde hace dos años las cifras se mantienen estables, lo cual, aunque denota que la situación no tiende a empeorar, tampoco mejora.

La estabilidad de las cifras se presentó en la mayoría de indicadores de libertad de prensa con respecto al año anterior, sin embargo, en 2009 hubo un incremento en el total de las violaciones. Esto se debió a que el indicador de obstrucción al trabajo periodístico tuvo un aumento dramático a raíz del escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República.

El total de violaciones a la libertad de prensa registradas en 2009 fueron 157 los cuales dejaron 258 víctimas mientras que durante 2008 se reportaron 129 casos que dejaron 180 afectados.

Del escándalo del DAS se han confirmado 16 casos de periodistas, no obstante, se cree que el fenómeno es muchísimo mayor, pues según la Fiscalía, no se ha analizado el total del material incautado. Los primeros hallazgos de la investigación de la Fiscalía empiezan a evidenciar que desde el DAS no sólo se hacían interceptaciones ilegales a las comunicaciones y seguimientos a las actividades de los periodistas, sino que además se diseñaron manuales para amenazar, como lo demuestra la investigación de la Fiscalía en el caso de las interceptaciones a la periodista Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia.

Por otra parte, la FLIP registró con preocupación el asesinato de un comunicador por razones de su trabajo periodístico en 2009. Se trató de José Everardo Aguilar, de Radio Súper, en Patía, Cauca. Según investigaciones de la FLIP en zona, las constantes denuncias sobre corrupción e informaciones sobre política local habrían sido el motivo de su crimen, ocurrido el 24 de abril. Es el primer homicidio de un periodista por razones de oficio en Colombia luego de 20 meses. El único sindicado fue absuelto.

En cuanto a las amenazas, éstas continúan siendo una de las formas más frecuentes de coartar la labor de los periodistas y de silenciarlos. En 2009 se presentaron 74 casos, cifra que se mantiene estable en comparación con años anteriores. Sin embargo, la FLIP considera que el fenómeno es aún mayor, pues existe un alto subregistro de intimidaciones que no son reportadas. 

 Las regiones del país donde se registraron más ataques a la prensa fueron el Distrito Capital de Bogotá (39 casos) y los departamentos de Valle del Cauca (22), Atlántico (13), Antioquia (7), Caldas (7), Tolima (7) y Huila (7). En el caso de Bogotá, las altas cifras no significan que sea la zona del país de mayor riesgo para los comunicadores. Su alto registro de casos se explica porque es la ciudad de Colombia con mayor concentración de medios y mayor número de periodistas activos. 

Respecto a los autores de las violaciones, durante 2009 se mantuvo la tendencia al incremento de los casos cometidos por parte de funcionarios públicos (26% de los casos). De hecho, el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales cometidos por funcionarios del DAS incrementó las cifras en este sentido. No obstante, en la mayoría de los casos reportados el autor de la violación es desconocido (32%) pues las amenazas, por ejemplo, son realizadas generalmente a través de llamadas o mensajes anónimos. Hay una tendencia decreciente de las violaciones cometidas por los grupos armados ilegales en los últimos años: las FARC pasaron de cometer 14 violaciones en 2008 a 5 en 2009 y los paramilitares bajaron de 13 a 10 casos en el mismo periodo.

Como hecho positivo por destacar, fueron condenados a los autores intelectuales del asesinato del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido en Barrancabermeja, Santander, en abril de 2003. La Fiscalía encontró que Julio César Ardila Torres, ex alcalde de esa ciudad; Fabio Pajón Lizcano y Abelardo Rueda Tobón (ex funcionario de la misma entidad), planearon y ordenaron el homicidio en alianza con paramilitares de la zona. El fallo estableció una pena de 28 años de cárcel para Ardila y 26 para Pajón y Rueda.  
 

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